La financiación del soterramiento del ferrocarril va camino de convertirse en un sainete extraño por la rotunda falta de sintonía entre las tres instituciones vascas que participan en el proyecto. La última etapa en el pedregoso camino la marcó ayer el Gobierno vasco. La consejera de Transportes, Nuria López de Guereñu, anunció por sorpresa que su departamento aportará 80 millones, es decir, un tercio del total que deben poner las tres administraciones de la comunidad autónoma. Porque el coste final será de 476 millones, y Fomento ya ha comprometido 240. Por tanto, los restantes 236 se deben repartir entre Ejecutivo autonómico, Ayuntamiento de Vitoria y Diputación.
Según la consejera, «hemos respondido a una propuesta del secretario de Estado» que, asegura López de Guereñu, apostó en la última reunión interinstitucional (celebrada la pasada semana en Madrid) por que la aportación vasca se repartiese a partes iguales entre las tres instituciones. Pero el anuncio de Transportes disgustó por igual al Ayuntamiento y a la Diputación.
El más categórico fue el alcalde, Patxi Lazcoz quien calificó de «falso» que Fomento haya planteado el reparto en tres partes iguales. Y mostró su extrañeza por que el Gobierno vasco haya dado esta cifra sólo una semana después de una reunión frustrante en la que no se alcanzó más acuerdo que volver a reunirse en septiembre. «Voy a hacer como que no he oído nada», dijo. «En septiembre hablaremos». El Ayuntamiento ya se ha comprometido a desembolsar 63 millones.
Por su parte, el diputado general, Xabier Agirre, dijo recibir las palabras de la consejera «con absoluta sorpresa, porque no es muy razonable que hace tres días no alcances ningún acuerdo en Madrid y llegues a Vitoria y plantees una cifra en los medios». En cualquier caso, desde la Diputación «ni por tema competencial ni por nuestra situación económica podremos llegar a esa cantidad». Según Agirre, la cuantía máxima a la que se podría llegar desde la entidad foral sería a los 50 millones de euros.
Mejorar Vitoria
Por su parte, Alfredo de Miguel, diputado de Administración Local, rechazó el reparto a partes iguales y apostó por adaptar las aportaciones a la capacidad presupuestaria de cada institución. Además, alegó que aún «no hay unos costes ciertos, sino una estimación», por lo que es difícil realizar repartos precisos.
Ante tal avalancha de críticas, la consejera no se quedó callada. En primer lugar, reprochó que a estas alturas se esgrima que la cifra sea una estimación porque «es la única que podemos manejar antes de hacer el proyecto constructivo». Por otra parte, abogó por «seguir avanzando». «Hace dos años y medio de la primera reunión interinstitucional y seguimos en el limbo». En cuanto a los 80 millones, replicó que se trata de una cantidad «muy elevada» si se tiene en cuenta que «el Gobierno vasco no tiene competencias en alta velocidad. Pese a eso, hemos querido implicarnos para mejorar la ciudad de Vitoria».