ÁLAVA
Seguirá gestionando el
geriátrico pero durante
40 años pagará un
alquiler por el edificio,
que será propiedad
de la constructora
30.07.08 -
La Diputación pagará hasta 900.000 euros mensuales de renta. / AVELINO GOMEZ
La Diputación alavesa no anda bien de dinero y tiene que «reinventarse» para «asegurar los servicios sociales con los recursos que tenemos». La frase es de Alfredo de Miguel, secretario del consejo de diputados y titular de Administración Local, quien ayer dio cuenta del nuevo modelo que se utilizará para la construcción de la futura residencia de Lakua, y que en el futuro se extendrá a otros proyectos.
La solución pasa por implicar a la iniciativa privada. Según De Miguel, la empresa que resulte adjudicataria en el inminente concurso se encargará de levantar el edificio en una parcela de la Diputación, previa cesión a la constructora del derecho de superficie. De ese modo, la propiedad del inmueble una vez construido será privada. Además, la misma firma se encargará de aportar el equipamiento y también será responsable del mantenimiento del geriátrico. Por su parte, la entidad foral pagará un alquiler, que tendrá un precio máximo de 900.000 euros al año, y se hará cargo de prestar el servicio.
Según el pliego de condiciones, el plazo de arrendamiento será de entre 30 y 40 años. Una vez pasado ese tiempo, la propiedad revertirá en la Diputación. Las previsiones forales apuntan a que las obras se iniciarán a principios del próximo año, una vez conocida la empresa adjudicataria que salga del concurso que se abrirá de manera inminente. Tras un plazo máximo de 23 meses de trabajos, el Instituto Foral de Bienestar Social podrá comenzar a prestar el servicio, con 50 plazas residenciales y 25 en centro de día. El equipamiento estará ubicado en una parcela de propiedad foral entre las calles Zarautz, Baiona, Getaria y Orio.
El consejo de diputados inició ayer el expediente para la contratación de las obras de la residencia. El hecho de incorporar al sector privado para la construcción y explotación de la infraestructura supone que se «liberarán recursos públicos para hacer frente a otras necesidades generales». La Diputación estudia extender este modelo a futuros proyectos como las residencias de Abetxuko o del sur de Vitoria.
Por su parte, el PP, por boca de su líder en Álava, Javier de Andrés, señaló que este mecanismo es «una forma de eludir el endeudamiento y convertir el gasto corriente en inversión». Al final, el alquiler y la posterior recuperación de la propiedad supone que la Diputación «no paga la obra de una vez, sino en cómodos plazos. Pero adquiere compromisos elevadísimos para el futuro».
«Coste excesivo»
Sin embargo, esta cuestión le parece menor a De Andrés en comparación con el «coste elevadísimo» que tendrá la futura residencia. Los alrededor de quince millones de euros que costará la obra suponen «el doble de lo invertido en la residencia de Salvatierra por plaza», advierte el líder popular. «No encuentro justificación a ese precio, porque la de Salvatierra es excelente». Además, ve una «incoherencia» llevar a cabo este gasto ya que «la semana pasada el director general dijo que había que hacer un replanteamiento» por falta de dinero.
