El alquiler no es sólo una salida para que los propietarios de pisos les saquen rentabilidad, sino también para que quienes llegan a Vitoria a pasar una temporada encuentren un lugar donde vivir sin complicarse la vida. «Antes, las viviendas se revalorizaban de tal manera que la gente de paso en la ciudad compraba, aunque fuese a estar aquí sólo dos años», explica Jerónimo Sánchez, de Fincas Izarra. Pero con el nuevo escenario inmobiliario, los forasteros convertidos en vecinos temporales prefieren ser inquilinos en vez de adquirir una vivienda en propiedad.
De este modo, la demanda de pisos en alquiler ha crecido. A ello también contribuye el hecho de que «ahora la gente tiene menos capacidad para comprar», sobre todo por las restricciones que imponen los bancos a la hora de la financiación, y que, aún teniéndola, adquirir un piso en propiedad supone «asumir un riesgo», ya que no se sabe cómo evolucionará el mercado. Con todos estos elementos, el resultado es que cada vez «hay más demanda de vivienda en alquiler».
Además de forasteros desplazados y vecinos que aún no pueden o no se arriesgan a comprar, entre los perfiles de inquilinos están los estudiantes, los jóvenes que estrenan independencia y, sobre todo, los inmigrantes. Según la directora de la Oficina Municipal de Vivienda, Emma Argómaniz, la tercera parte de las personas que acuden a este servicio para arrendar un piso en Vitoria proceden de otros países, algo recurrente durante los últimos años.
Veto al extranjero
También son recurrentes las penurias que los inmigrantes sufren para encontrar vivienda. De hecho, las inmobiliarias reconocen con cierta amargura que, de manera habitual, los propietarios vetan a todo inquilino de procedencia exótica y hasta prefieren bajar la renta con tal de no meter en casa a extranjeros.
Hay una excepción: quienes acuden a la OMV. Según su directora, en este ámbito no hay discriminación, quizás por el mismo motivo por el que los propietarios no exigen estratosféricos avales o fianzas desproporcionadas. «Aquí estamos nosotros como mediadores», explica Argómaniz. «Hacemos una labor de arbitraje y los inquilinos no suelen dar problemas porque no quieren que luego el Ayuntamiento esté detrás de ellos». Y esto «da confianza al propietario».