22.07.08 -
C ada año, entre treinta y cuarenta miembros o colaboradores de ETA quedan en libertad tras haber cumplido el periodo de privación de libertad y estancia en prisión que fijó la sentencia que les condenó. Casi todos ellos dejan pendiente por insolvencia económica el pago de las indemnizaciones y responsabilidades civiles que establecieron los tribunales.
La Asociación Víctimas del Terrorismo, en el año 1993, cifró la deuda de los etarras en 60.000 millones de pesetas (360 millones de euros) y desde entonces la cifra no ha hecho más que aumentar hasta los 430 millones de euros que el Estado ha adelantado a los afectados, en virtud de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de octubre de 1999.
La mayoría de los presos etarras que recuperan la libertad cada año desaparecen discretamente del escenario público. Vuelven a su vida privada, a recomponer sus actividades profesionales y laborales, sus lazos familiares. Incluso muchos de los que habían adquirido notoriedad por sus andanzas criminales regresan al anonimato del que nunca hubieran salido de no haber ingresado en ETA. Sólo unos pocos mantienen cierto protagonismo mediático o social porque buscan realizar actividades políticas o se encuadran en los diversos organismos de apoyo a la banda terrorista o a sus presos.
Nadie se ocupa de las actividades de esos ex presos de ETA: nadie vigila si han encontrado trabajo, si tienen ingresos regulares o si pueden hacer frente al pago de las cantidades que dejaron pendientes al salir de la cárcel. La AVT lo intentó entre los años 1993 y 1996 a través de la Fiscalía y el resultado fue decepcionante: las empresas, incluso algunas instituciones públicas, se resistían a informar a los fiscales cuando les solicitaban datos de ex etarras, y éstos se daban de baja en las empresas en las que estaban en cuanto tenían noticia de que había una indagación sobre sus medios económicos.
El resultado es que desde mediados de los noventa no se ha hecho nada para obligar a los sentenciados a cumplir también la parte económica de su condena. Lo ocurrido en los últimos días con Kandido Aspiazu y con De Juana Chaos tiene más que ver con la irritación social que ha provocado su falta de sentido común al instalarse a vivir en la puerta de la casa de algunas víctimas del terrorismo que con un cambio de políticas gubernamentales. Si hubiesen seguido la pauta de la mayoría de sus compañeros de pasar desapercibidos tal vez no hubieran provocado iniciativas legales para embargarles sus propiedades y obligarles a hacer efectivo el pago de sus deudas.
