LAS CUENTAS CLARAS
El Gobierno acumula un déficit de 4.683 millones de euros al reducirse los ingresos por el frenazo de la actividad industrial y la caída del consumo
Adiós al superávit público, al menos, durante dos años. El Gobierno lo confirmó ayer (por ahora sólo para 2008, aunque para 2009 el panorama es peor), tras ser adelantado por distintos analistas, a la vista de los malos resultados de ejecución presupuestaria hasta junio. Y es que en sólo seis meses la crisis económica, ya reconocida como tal por el propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, se ha comido el saldo positivo del Estado. En junio entró en números rojos con un saldo negativo acumulado (desde enero) de 4.683 millones de euros en términos de contabilidad nacional, equivalente al 0,42% del producto interior bruto (PIB). Lo peor, no obstante, es que sus cuentas también terminarán el ejercicio con déficit, «de algunas décimas», algo que no ocurría desde 2004.
Los principales culpables de la actual situación son el frenazo de la actividad y la caída del consumo, que han provocado una fuerte reducción en los ingresos tributarios, con un descenso del 14,2% en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y del 17,6% en el gravamen sobre los beneficios empresariales. Las consecuencias del imparable alza del precio del crudo y los efectos de las medidas económica aprobadas por el Ejecutivo han complicado aún más situación de números rojos.
Devolución de 400 euros
Junio fue especialmente malo dentro de esta tendencia a la baja, con una caída en la recaudación de 3.500 millones de euros con especto al mismo periodo de 2007, si bien el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, restó importancia a esta circunstancia, al atribuirla a un hecho «atípico» y asegurar que en julio «veremos una recuperación». Sin embargo, él mismo confirmó que será entonces cuando se note la principal merma recaudatoria (unos 2.700 millones) correspondiente a la devolución a 16,5 millones de contribuyentes de unos 400 euros de media vía impuesto de la renta (IRPF).
El Gobierno considera que el descenso de los ingresos -en línea, según él, con lo que esperaba, pese a que sus previsiones oficiales incluidas en los Presupuestos de 2008 eran claramente optimistas y no se contemplaba bajada alguna-, tanto ahora como a finales del ejercicio, se corresponderá con la «atonía mayor» de la actividad económica, pero también con el paquete de medidas (las más importantes de incremento del gasto social) aprobadas a finales de abril y que, en la práctica, tendrán un coste anual de 8.000 millones de euros.
Según sus cuentas, sin esas actuaciones la recaudación habría crecido un 3% en vez de bajar un 4%. Otros factores negativos para ese saldo han sido el encarecimiento del petróleo -que ha elevado de manera sensible los costes empresariales-, la entrada en vigor de la última parte de la reforma del impuesto de sociedades y el retraso en los pagos fraccionados autorizado de forma excepcional por Hacienda ante la falta de liquidez en muchas compañías.
Financiación más cara
Otro de los efectos perniciosos que las dificultades económicas tienen para las cuentas del Estado es el incremento de los gastos, en especial de los financieros, debido a la crisis de liquidez generalizada más allá de las fronteras españolas. Las complicaciones para obtener dinero, unido a unos tipos de interés en su máximo de los últimos años (el 4,25% en la 'zona euro') y sin posibilidades de bajar a corto plazo, ha hecho que «endeudarse resulte ahora bastante más caro que hace un año», reconoció Carlos Ocaña.
Con estos parámetros, reconoció por vez primera en lo que va de ejercicio que el Estado soportará un déficit que, según fuentes oficiosas, podría ser de medio punto básico.
La entrada en números rojos fue ayer duramente criticada por el PP. Su portavoz de Economía en el Congreso, Cristóbal Montoro, dijo que la desaparición del superávit del Estado en una situación económica como la que estamos viviendo «es añadir crisis sobre crisis». El dirigente popular añadió que se trata de «una pésima noticia», que convierte a España en un país «más vulnerable» ante la crisis financiera mundial.
