Educación
La Agencia de Calidad Vasca se encargará de acreditar a los aspirantes a formar parte de la plantilla académica sin necesidad de ser funcionarios
Ana Fernández, directora de Uniqual, agencia adscrita al Departamento de Educación del Gobierno vasco. / L. A. GÓMEZ
Las oposiciones para convertirse en profesor universitario van a pasar a mejor vida en Euskadi a partir del curso que viene. Los temidos tribunales que miraban con lupa los expedientes académicos y sopesaban la trayectoria de cada candidato serán pronto historia. Ya no será un proceso necesario, aunque habrá dos cribas para lograr el preciado trabajo fijo. Primero, los docentes necesitarán el visto bueno de la Agencia Vasca de Calidad -Uniqual- y, con posterioridad, será la Universidad la que decida si cuenta o no con los aspirantes. Ya se vaticina que después del verano, cuando se se abra la convocatoria, habrá más de 1.500 interesados en acceder a la UPV por esta vía. Formarán el llamado profesorado propio de la Universidad vasca.
Los aspirantes a funcionarios, por contra, seguirán siendo evaluados por un organismo estatal (Aneca). Sumados unos y otros, siempre deberán ser más numerosos los docentes que dependen directamente del Estado. Deben representar al menos el 51% de la plantilla total. La nueva reglamentación añade una novedad de gran calado: entre los que no son funcionarios, se crea la figura del docente con contrato indefinido. Eso sí, los afortunados se contarán con los dedos de una mano: profesores plenos (rango equivalente a los catedráticos) y agregados (es decir, como los titulares); y dentro de la categoría de investigadores habrá, asimismo, dos figuras con un vínculo permanente.
«Según nuestros cálculos, los 1.500 interesados en ser contratados por la UPV se distribuirán de la siguiente manera. Habrá un primer grupo de unos 400 que trabajan a tiempo completo como contratados y precisan la evaluación de Uniqual. Un segundo de otros 800 que se encuentran en las bolsas de trabajo del Departamento de Educación y llevan a cabo sustituciones. Y prevemos que habrá 400 más que decidan apoyarse en la disposición transitoria segunda de la Ley del Sistema Universitario Vasco al tratarse de docentes que en 2004 tenían al menos cinco años de antigüedad y estaban contratados, o bien que cumplían con sólo alguno de esos dos requisitos», explica Ana Fernández, directora de Uniqual, la agencia de calidad y acreditación del sistema universitario vasco, la misma que se encargó de calibrar a los docentes para el polémico cobro de los pluses económicos.
Al margen de este ramillete de posibles aspirantes, también hay que incluir a los profesores doctores de las universidades privadas (Deusto y Mondragón) que, con este nuevo régimen, están obligados a superar el filtro de Uniqual. Y también a todos aquellos que vengan de fuera y quieran incorporarse al sistema educativo superior vasco.
«Quiebra del sistema»
Nada que objetar salvo un detalle, indica José Mari Salbidegoitia, responsable del profesorado de Comisiones Obreras en la UPV: «Esa famosa disposición transitoria segunda quiebra radicalmente el sistema español, porque se prescinde del concurso preceptivo para llegar a ser fijo. Eso es algo que se le exige a todo el mundo. Quienes se acogen a este precepto disfrutan de una excepción; a ellos les basta con el informe positivo de Uniqual para reforzar su relación con la UPV».
Y bien, este precepto insólito, ¿a qué responde? ¿Cuál sería el perfil de los beneficiados? En opinión de Salbidegoitia, «la mayoría son los que se negaron a ser funcionarios del Estado español hace 15 años cuando su plaza de contratado, por necesidades de la Universidad, tenía que convertirse en un puesto fijo». En aquella época, muchos se negaron a concursar, fueron expulsados y, con el tiempo, volvieron a reengancharse en la UPV en calidad de contratados. Otros se negaron directamente a seguir trabajando en el marco legal de entonces y se enrocaron en su vieja reivindicación del estatus de 'funcionarios vascos'. A estas alturas, sin embargo, su caballo de batalla es la recuperación del tiempo perdido: los años de inactividad recortarán sensiblemente su pensión de jubilación y exigen que, de alguna manera, se les compense.
«Todo esto es una chapuza. Y hay mucha incoherencia a la hora de abordarlo. El Gobierno de Zapatero recurrió ante el Tribunal Constitucional la disposición transitoria segunda de la Ley del Sistema Universitario Vasco. Pero, luego, a finales de 2006, retiró el recurso», recuerda Salbidegoitia. En última instancia, de nada sirvió una polémica que tuvo eco hasta en la ejecutiva nacional de CC OO. «La ruptura radical con el acceso normal a la Universidad preocupaba muchísimo. Pero, bueno, se ha permitido y ahí está». El debate se mantiene vivo aunque la agencia de calidad vasca no entra al trapo. «Nosotros nos limitamos a evaluar el sistema educativo superior, desconozco la trayectoria personal de los postulantes», deja claro Fernández.
Otra cuestión delicada son las retribuciones: ¿Cobrarán lo mismo los contratados y los funcionarios? Los primeros perciben su sueldo a cuenta del Gobierno vasco, mientras que los últimos cobran desde el Ministerio de Educación. La incógnita se resuelve sin sobresaltos: «Serán equivalentes», concluyen Fernández y Salbidegoitia.
