El Gobierno confirmó ayer que las medidas para facilitar el retorno de los inmigrantes no comunitarios a sus países cuando pierdan el empleo -ofreciéndoles todo el subsidio de paro en dos plazos- se pondrán en marcha en septiembre próximo y estarán orientadas a un colectivo de unos 100.000 trabajadores procedentes en su mayoría de Marruecos, Ecuador y Colombia.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que la iniciativa, que fue anunciada previamente por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, no se mantendrá durante un periodo concreto, sino que tiene un carácter permanente. Además, los inmigrantes que se queden sin trabajo no estarán obligados a acogerse a ella si no lo desean.
En su día, Corbacho explicó que el programa de retorno interesará sobre todo a los inmigrantes que han venido a España hace dos o tres años, se han quedado sin trabajo y todavía no se han traído a familia.
Según Fernández de la Vega, el Gobierno de Zapatero únicamente persigue favorecer el desarrollo de los países de donde proceden los flujos de inmigración mediante la vuelta a casa de personas cualificadas que han acumulado experiencia profesional y que disponen de recursos para continuar trabajando en su tierra.
Preferencia en cinco años
«Quiero señalar que se trata de una medida de caracter permanente y no coyuntural, de la que han sido informados los interlocutores sociales y el Parlamento, así como las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Inmigación», recalcó la vicepresidenta.
Según los planes del Gobierno, los trabajadores no comunitarios con derecho a cobrar el paro podrán recibir el importe completo de la prestación en dos partes: la primera, en España, por el 40% de la suma, y el 60% restante, cuando regresen a su país, al mes siguiente. Pasados tres años desde entonces, el trabajador podrá solicitar de nuevo la autorización para vivir y trabajar en España; y pasados cinco, tendrá derecho preferente.
La vicepresidenta puntualizó que el programa de retorno «no anula otros planes que están contemplados en la Ley de Extranjería». Advirtió de que estos «van a seguir en vigor porque responden a necesidades distintas». Asimismo, apuntó que el Ejecutivo socialista se esforzará para atender a las necesidades de las ONG, que, a su juicio, realizan «un papel realmente extraordinario».
No obstante, las ONG critican al Gobierno de Zapatero por haber dado su apoyo a la directiva de retorno de la UE, que permite internar a los inmigrantes 'sin papeles' hasta 18 meses, y por querer endurecer el reagrupamiento familiar.