ÁLAVA
El Gobierno central adjudica por 9
millones el movimiento de tierras de
un penal que albergará a 850 reclusos
18.07.08 -
El complejo se levantará sobre los terrenos del antiguo polvorín de Zaballa. / JESÚS ANDRADE
Si alguien albergaba la confianza, por ejemplo el Departamento foral de Medio Ambiente, de que la futura cárcel de Nanclares no se levante en los terrenos del antiguo polvorín de Zaballa, sus esperanzas se han desvanecido. Según ha podido saber EL CORREO, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), organismo dependiente del Ministerio del Interior, acaba de adjudicar las primeras obras para construir una prisión con capacidad para 850 reclusos y cuya fecha de apertura será 2011.
Los trabajos, consistentes en el movimiento de tierras, los realizará la empresa PACSA Servicios Urbanos del Medio Natural S.L., firma que presentó una oferta particularmente baja al rebajar en 6 millones de euros el presupuesto de licitación. Así, de los 15 millones reservados, la SIEP sólo tendrá que abonar algo más de 9. En próximas semanas, señalaron fuentes del organismo público, se formalizará la suscripción del contrato, de forma que los plazos barajados para el comienzo de las labores apuntan a septiembre, una vez pasado un mes inhábil como agosto.
Las obras, agregaron estos mismos medios, se prolongarán durante nueve meses. Por ello, la construcción pura y dura del centro penitenciario comenzará en primavera, con un plazo de edificación de 24 meses, según las últimas informaciones ofrecidas en el Congreso por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Varapalo foral
Este anuncio supone un duro varapalo para el Gobierno foral. En realidad, lo es para su diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi (EA), quien no ha tenido reparos en oponerse en reiteradas ocasiones a un proyecto que considera «ilegal» por levantarse sobre un terreno calificado como «no urbanizable» por el Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava Central.
En diferentes comparencias en las Juntas, Mintegi ha llegado a advertir de que sería «tremendo» que un organismo público como Instituciones Penitenciarias incumpla la ley, «cuando precisamente son ellos quienes deben velar para que se cumpla». «Nunca, nunca, nunca -apostilló- se ha construido en una zona donde el PTP dice que no se puede hacer».
Nadie, ni el propio Gobierno central, niega la necesidad de edificar una nueva prisión. El debate, sin embargo, surge en el modelo penintenciario -el PNV quiere un centro pequeño para facilitar la reinserción y no una 'macrocárcel- y en los terrenos escogidos. Y aquí es donde Mintegi se muestra intransigente.
El titular de Medio Ambiente se ha erigido en cabeza visible de las protestas forales, pero sus compañeros del consejo de diputados, empezando por Xabier Agirre, se han mostrado mucho más comedidos al respecto. Argumentan que la vía más efectiva es el diálogo ya que la futura cárcel, al ser declarada de interés general, no está sujeta al PTP.
