el 2 de agosto sale de prisión
De Juana, durante su anterior huelga de hambre. / EC
El ex jefe del 'comando Madrid' de ETA Iñaki de Juana Chaos rechazó anoche la cena e inició una nueva huelga de hambre en la cárcel madrileña de Aranjuez, cuando sólo faltan 16 días para que cumpla condena y salga de prisión. Askatasuna -movimiento de apoyo a los presos- aseguró que el etarra ha tomado la decisión de ayunar voluntariamente como protesta por la «inaceptable campaña mediática y de intoxicación y presión» contra él y su familia. La Fiscalía pidió ayer a la Audiencia Nacional que ordene de inmediato el embargo preventivo del piso de San Sebastián en el que De Juana y su esposa vivirán a partir del 2 de agosto.
Esta es la tercera huelga de hambre del ex cabecilla etarra. De Juana ya estuvo en ayuno durante 115 días, hasta que el 1 de marzo de 2007, en plena tregua de ETA, el Gobierno accedió a su petición de trasladarle al País Vasco. Estuvo ingresado tres meses y cinco días en el Hospital Donostia de San Sebastián. El 6 de junio del año pasado el Ejecutivo ordenó su vuelta a la cárcel de Aranjuez.
El anuncio de la protesta de De Juana se produjo sólo horas después de que la Fiscalía hiciera público su escrito con el que pretende evitar que De Juana o su mujer, Irati Aranzabal, puedan vender su piso de San Sebastián mientras la Policía investiga si la compra de la vivienda fue una operación fraudulenta para ocultar el patrimonio del etarra. Indagan para saber si la maniobra intenta evitar que los tribunales embarguen el piso para pagar los alrededor de ocho millones de euros en indemnizaciones que adeuda a las víctimas de varias decenas de asesinatos y atentados.
El embargo preventivo, si al final es autorizado por la Audiencia Nacional, se hará efectivo mediante la correspondiente anotación en el registro de la propiedad, lo que haría imposible cualquier transacción legal con el inmueble. El matrimonio De Juana podrá residir en la vivienda, ubicada en el barrio donostiarra de Amara, mientras se realiza la investigación. El embargo tampoco afectará a la obligación de Aranzabal de pagar la hipoteca -1.900 euros al mes- que firmó en julio de 2007 con la Caja Laboral para la adquisición de la casa a la familia del etarra. Por tanto, por el momento, la viuda de un militar asesinado por ETA se verá obligada a compartir escalera con el ex jefe del 'comando Madrid'.
La investigación que el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá determinar si el piso de San Sebastián es en realidad propiedad del etarra y si el proceso de adquisición no es más que un cúmulo de irregularidades o delitos para mantener al etarra en situación de insolvencia.
La casa en la que el terrorista pretende fijar su residencia perteneció hasta 2004 a su madre, que falleció en enero de 2007. A su muerte, la vivienda era propiedad de la hermana de De Juana, a quien su madre se la donó en vida. La hermana se la vendió a Aranzabal en julio de 2007, ocho meses antes de que, el 11 de febrero de este año, se casase en la prisión de Aranjuez con el terrorista. De esta forma, el etarra, sobre el papel, no tiene bienes a su nombre ya que no heredó y posiblemente viva en una casa que no es de su propiedad.
La Fiscalía, para desentrañar lo que cree un fraude, pidió a la sala que ordene una completa investigación a la Policía e indague las circunstancias de la adquisición de la casa por Aranzabal, los ingresos de esta mujer, la forma de pago de la vivienda, las garantías prestadas para la concesión del crédito hipotecario, y los pagos realizados del préstamo.
Una decena de asesinatos
El Ministerio Público también reclama al tribunal que una vez concluya la investigación judicial sobre la vivienda y el patrimonio de este matrimonio se deduzca testimonio de todo lo actuado y se remita al juzgado de instrucción correspondiente de San Sebastián para que determine si debe abrir contra ellos diligencias por alzamiento de bienes, un delito condenado con penas de cárcel de uno a cuatro años y con multa.
El terrorista, que en agosto cumplirá 21 años en prisión, fue condenado por más de una decena de asesinatos y numerosos atentados que en los años ochenta causaron decenas de heridos y cuantiosos daños materiales y por un delito de amenazas a funcionarios de prisiones. Las indemnizaciones que las diversas sentencias le obligan a pagar a sus víctimas o a los herederos, en el caso de las muertes, suman unos ocho millones de euros.
Como De Juana fue declarado insolvente, las indemnizaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Víctimas del Terrorismo, fueron satisfechas por el Estado. No obstante, el Gobierno puede reclamar ahora al etarra estas cantidades. De hecho, el 24 de enero de 2006 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el embargo de todos los ingresos que le correspondían por derechos de autor de los tres libros que escribió para la editorial Txalaparta.
