ÁLAVA
Carlos Jiménez tendrá que declarar
en octubre junto a los administradores
de la firma guipuzcoana Fatco
17.07.08 -
El imputado Carlos Jiménez.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ha imputado al ex jefe del servicio foral de Transportes Carlos Jiménez por su presunta implicación en un fraude en la gestión del pago de subvenciones a las empresas de autobuses que cubren las líneas de los pueblos alaveses. Jiménez deberá declarar ante la juez Susana Junquera el próximo mes de octubre con los también imputados Enrique Azpiroz -hermano del diputado del PP por Guipúzcoa- y Socorro García San José, socios de la empresa de Andoain Fatco S.L., a la que la Diputación acusó de girar facturas falsas por valor de 1,32 millones de euros.
La imputación a esas tres personas, conocida ayer, pone fin a más de dieciséis meses de secreto de sumario e investigación en los que la magistrada se ha entrevistado con las diferentes personas relacionadas con el caso. Así, por su despacho han pasado, entre otros, los imputados, los propietarios de las ocho compañías de autobuses que cubren las líneas rurales y técnicos forales. Según la información recopilada por EL CORREO, los peritos de la Diputación alavesa han podido confirmar la existencia de facturas ficticias entre los años 2003 y 2005.
Trabajos inexistentes
La presunta malversación de fondos públicos se destapó el 17 de noviembre de 2006, cuando algunas de las empresas de autocares que reciben ayudas por realizar trayectos deficitarios en la provincia denunciaron presuntas irregularidades. Sólo cuatro días después, el entonces titular del Departamento de Obras Públicas, el popular Javier de Andrés, cesó al jefe del servicio de Transportes, Carlos Jiménez, por su implicación en el supuesto fraude. Según explicó De Andrés en una comparecencia en las Juntas Generales, el funcionario, en connivencia con la empresa Fatco, engrosaba las solicitudes de subvenciones de las compañías con recibos por trabajos de publicidad inexistentes.
La Diputación remitió el 21 de diciembre un informe al fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre, que incluía los datos de la concesión de ayudas de los años 2003, 2004 y 2005. De los diez millones a los que ascendieron las subvenciones durante ese trienio, 1,32 fueron a parar supuestamente a manos de terceras personas. En esos años, Fatco incrementó hasta un 77%sus ingresos.
Éstas son algunas de las cifras reflejadas en el expediente de este caso en el que el abogado vitoriano Manuel Maysounave, que denunció dos días antes a la Diputación el malestar de las empresas de autobuses, ejercerá la acusación popular. Maysounave presentó la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que hizo que la Audiencia Nacional y la de Vitoria tardaran meses en decidir cuál de las dos se encargaba del proceso. Cuando se estableció que recaería en Álava, en marzo de 2007, el Ministerio Público pidió a la juez que abriera una investigación.
