La consulta de Ibarretxe, al Constitucional
Joaquín Fuentes, frente al Constitucional.
EL RECURSO DEL GOBIERNO
Nada más comprobar que el Boletín Oficial del País Vasco había publicado la ley de consultas aprobada el pasado 27 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero ordenó a la Abogacía del Estado recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. La impugnación se fundamenta en tres apartados: el lehendakari se arroga la competencia exclusiva del Estado para autorizar consultas populares, la ley trocea la soberanía nacional y su tramitación vulneró el reglamento del Parlamento vasco. El Gobierno no alberga la menor duda de que el Constitucional admitirá a trámite su demanda, paralizará de inmediato la aplicación de la ley y la declarará nula e inconstitucional.
12 minutos. Ése fue el tiempo que transcurrió desde que el Gobierno supo de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del País Vasco hasta que el director de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, se presentó en el registro del Constitucional con el recurso, de acuerdo al relato que hizo el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega también subrayó la prontitud de movimientos y se felicitó de que la maquinaría de la administración haya actuado «desde el minuto uno».
El escrito de 31 páginas sostiene que la ley viola los artículos 149 y 92 de la Constitución en lo que se refiere a la regulación «de las distintas modalidades de referéndum» y, además, pretende «marginar» al Estado de «una competencia exclusiva» suya, como es «la autorización de una consulta popular». Considera asimismo que «la consulta regulada por la ley impugnada es, con toda claridad, un referéndum consultivo», una apreciación dirigida a desmontar uno de los ejes argumentales del lehendakari Juan José Ibarretxe, quien ha repetido hasta la saciedad que su convocatoria es para realizar una consulta popular no vinculante, y en ningún caso un referéndum.
Los servicios jurídicos defienden que los «referendos consultivos autonómicos no pueden celebrarse sin que el Estado lo autorice», planteamiento que amparan en los artículos 92 de la Constitución y 6 de la ley orgánica de referendos, y por ello la consulta que impulsa el Ejecutivo de Ibarretxe en los términos que está planteada «no está sujeta» a la preceptiva autorización del Estado con lo que «vulnera claramente» las disposiciones constitucionales y legales vigentes. El recurso recuerda también que el propio Estatuto de Gernika recoge en su artículo 46 que el Gobierno vasco «podrá ser facultado por delegación expresa del Estado» para convocar referendos sólo cuando se trate de reformas estatutarias.
La Abogacía del Estado apunta también que la segunda pregunta que el presidente del Ejecutivo de Vitoria pretende someter a plebiscito, la referida al ejercicio del derecho a decidir, viola los artículos 1 y 2 de la carta magna, que atribuye la soberanía nacional «al pueblo español, y no a una parte del mismo». El interrogante, por otra parte, «atenta a la unidad de la nación española» que, según el texto constitucional, es «indisoluble». Los servicios jurídicos alegan que «cada organización territorial dotada de autonomía», esto es las comunidades autónomas, «es una parte del todo» y «en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido».
El tercer pilar del recurso gubernamental descansa sobre la vulneración del reglamento del Parlamento vasco al tramitar la ley por el procedimiento de lectura única ya que ese trámite para una norma de ese tipo «supone una restricción radical de los derechos de examen, debate y enmienda de los parlamentarios» y es un fórmula legislativa «absolutamente excepcional», que en este caso se ha aplicado de forma «indebida e inadecuada».
El recurso del Gobierno de Rodríguez Zapatero huye, a diferencia del presentado por el PP, de las apreciaciones políticas y su argumentación es estrictamente jurídica sin margen para otro tipo de reflexiones. La Abogacía del Estado, como es lógico, solicita que el Constitucional estime la impugnación y declare, por tanto, «inconstitucional y nula» la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco.
«El sentido común»
El Gobierno no alberga la menor duda de que su petición será atendida. El ministro del Interior dijo tener «la convicción» de que así será porque, a su juicio, no admite discusión que Ibarretxe «no está autorizado» para convocar consultas por su cuenta. «Los gobernantes -resaltó- no pueden hacer nada para lo que no están autorizados, es la esencia de la democracia». Fernández de la Vega, a su vez, indicó que «los ciudadanos pueden estar tranquilos y seguros» porque no habrá consulta ya que «nadie va a vulnerar» los límites del Estado de Derecho.
El titular de Justicia confió que impere «el sentido común» entre los gobernantes vascos y que «el disparate» de la consulta «acabe hoy» pues ya ha sido «suficiente». Fuentes gubernamentales no mostraron esa misma confianza en que Ibarretxe se deje guiar por ese camino, desconfianza que se vio confirmada horas después por el propio lehendakari con su comparecencia pública. Las fuentes consultadas depositaron en el PNV sus esperanzas para el jefe del Ejecutivo de Vitoria «entre en razón» y no vaya más allá.
Recordaron en este sentido que el presidente del partido, Iñigo Urkullu, garantizó que no harían «locuras» y acatarían la ley si el Constitucional paraliza la norma. El Gobierno, no obstante, no las tiene todas consigo porque no sería la primera vez que Ibarretxe actúa por libre y en sentido contrario a los postulados de su partido.
