El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, se propone iniciar sus vacaciones de verano dejando la financiación del proyecto de desvío y soterramiento del ferrocarril encarrilada. Más aún, atada con nudo marinero. La cita prevista para esa negociación entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento, el Gobierno vasco y la Diputación será el próximo 23 de julio en Madrid.
El regidor socialista pretende sellar el acuerdo económico ese mismo día con cuatro férreos compromisos sobre la mesa, tantos como instituciones están llamadas a costear la operación urbanística de mayor envergadura que afrontará la capital alavesa en la próxima década. El encuentro anterior a cuatro bandas, celebrado el pasado febrero, sirvió para poner al fin cifras al plan: más de 471 millones de euros. Eso es lo que costará.
De esa cantidad, el Gobierno central se ha comprometido a sufragar 138 millones de euros y a ceder a la capital alavesa el terreno que se quede libre una vez que se eliminen las vías. El Ayuntamiento contempla levantar en ese corredor cerca de 1.500 viviendas y oficinas que generarán algo más de 100 millones de euros en plusvalías y que se invertirán en la ambiciosa iniciativa.
Descontadas ambas cantidades, quedan en el aire 233 millones de euros que, en un principio, deberán salir de las arcas municipales, forales y del Ejecutivo autónomo. ¿En qué proporción? Eso es algo que Lazcoz quiere despejar y concretar este mismo mes.
A escasas jornadas de la cita, los encuentros bilaterales -Ayuntamiento-Diputación; Diputación-Gobierno vasco- se intensifican estos días con el objeto de limar posturas y llegar a la cita con los deberes hechos. Sin embargo, y según ha podido constatar este diario, las cosas están aún «muy verdes».
Frente al aparente optimismo con el que Lazcoz encara este asunto, tanto la Diputación como el Gobierno vasco perseveran en una actitud distante y fría hacia un proyecto que, entienden, no va con ellos. O eso es, al menos, lo que se desprende de sus valoraciones previas antes de la reunión.
«No nos compete»
«Es un proyecto urbanístico ferroviario de interés general, con lo que atañe al Ayuntamiento y al Ministerio de Fomento. En puridad, al Gobierno vasco no le compete. Es como si pidiéramos al Consistorio de Vitoria que financiara Osakidetza», explican de entrada fuentes autorizadas del Departamento vasco de Transportes. Aunque esta premisa no les impedirá, aseguran, «ver fórmulas de financiación» para soterrar el ferrocarril a su paso por la capital alavesa, el Ejecutivo autónomo cree indispensable definir antes el contenido técnico de la operación.
Con idéntica melodía de fondo se enfrenta el Ejecutivo foral, que, al igual que el Gabinete Ibarretxe recalca su «firme» compromiso económico a la hora de abordar «la llegada» del tren de alta velocidad a Vitoria. En otras palabras, con la estación intermodal que se construirá en Arriaga «porque será el centro neurálgico del transporte para los alaveses», señalan.
Este panorama parece adverso para las pretensiones de Lazcoz. Además, la situación se agrava si se tiene en cuenta la tensa relación que mantiene con la consejera vasca de Transportes, Nuria López de Gereñu, a cuenta del paso del tranvía por el centro de Vitoria.