SIN PROPUESTA EN FIRME
El tripartito estudiará en los próximos días la posible respuesta conjunta, con Aralar, a los recursos contra la ley
Aunque aún no hay ninguna propuesta en firme sobre la mesa, las fuerzas del tripartito empiezan a mostrar sus cartas para responder a la eventual prohibición de la consulta del 25 de octubre. Joseba Egibar hizo suya ayer una idea que ya había insinuado, desde las filas de EA, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. El líder del PNV guipuzcoano apostó decididamente por denunciar «ante la comunidad internacional, ante la Europa a la que pertenecemos» la muy posible suspensión judicial de la ley de convocatoria del plebiscito y poner así en evidencia ante organismos comunitarios el verdadero «calado democrático» de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, el tripartito ya ha barajado, aunque no de manera oficial, la posibilidad de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque para dar ese paso debería existir una sentencia en firme de la Justicia española.
Egibar anunció medidas «enérgicas» en los ámbitos «político, institucional y social», sin más concreciones, aunque su jefe de filas en el EBB, Iñigo Urkullu, apuntó al Parlamento vasco como protagonista de las iniciativas de protesta, dado que la ley que será recurrida emana directamente de la soberanía de la Cámara vasca. De hecho, otra de las propuestas que también han contemplado en las últimas semanas los líderes de PNV, EA y EB pasaría por presentar mociones en las distintas instituciones vascas en defensa del derecho del pueblo vasco a decidir y a ser consultado.
Éstas y otras posibles iniciativas -se ha discutido asimismo la posibilidad de convocar una gran manifestación en otoño, que podría incluso coincidir con el juicio a Ibarretxe por desobediencia, o también organizar una recogida masiva de firmas- se pondrán en común en breve entre los líderes del tripartito, según confirmó ayer Urkullu, que explicó que por problemas de agenda aún no ha podido estudiar en persona con Unai Ziarreta y Javier Madrazo las posibles respuestas a los recursos que presentarán el Gobierno socialista y el PP una vez que la ley sea publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Han cruzado, dijo, conversaciones telefónicas, y contemplan asimismo incluir a Aralar en esa respuesta conjunta, que, muy posiblemente, tendrá que esperar a la vuelta de las vacaciones para empezar a ponerse en marcha.
Estadista o Torquemada
En todo caso, y preguntado por la ambigüedad del Gobierno tripartito a la hora de precisar si congelará la preparación de la consulta y las partidas económicas aprobadas para ello si el Constitucional suspende cautelarmente la ley, Urkullu quiso ser muy claro a la hora de desligar la posición del PNV -acatar la legalidad «aunque no nos guste» pero «sin quedarnos quietos»- de las decisiones que puedan tomar los socios minoritarios del tripartito o incluso el Ejecutivo como institución, con el lehendakari Ibarretxe a la cabeza. «Hablo sólo en nombre del PNV», recalcó, tras lamentar que Zapatero en lugar de comportarse «como un estadista» piense sólo en las elecciones aunque para ello tenga que actuar «como Torquemada».
De hecho, el Gobierno vasco ha aprobado habilitar un presupuesto de más de cinco millones de euros para la consulta amparándose en la ventaja que le da el retraso de la publicación de la ley en el BOPV, condición 'sine qua non' para que Zapatero y el PP puedan registrar sus recursos. El Ejecutivo, ya desde la reunión que mantuvo el mismo 27 de junio tras lograr aprobar la norma con el apoyo de EHAK, se ha inclinado siempre por demorar al máximo ese trámite con un doble objetivo: poder escenificar su firme determinación de consultar a la ciudadanía sin rozar lo delictivo y estirar todo lo posible los plazos para demorar hasta el límite la disolución del Parlamento y la correspondiente convocatoria electoral.
No obstante, fuentes oficiales del Gobierno vasco aseguraron a este periódico que no entra en sus planes incumplir los plazos legales -estipulados en los artículos 7.b de la ley de Gobierno y 27.5 del Estatuto- y dar bazas gratuitas a sus rivales. En ese supuesto, la ley debería aparecer en el BOPV como muy tarde el próximo sábado, un día en el que se puede publicar «perfectamente» el boletín, según apuntaron, significativamente, estos medios.
