POLÍTICA
Zenarruzabeitia no aclara si congelará las partidas en caso de suspensión judicial y recalca que la ley «no decae»
Fiel al guión anunciado por el lehendakari hace una semana, el Gobierno vasco dio luz verde ayer a las partidas necesarias para sufragar los gastos derivados de la consulta del 25 de octubre: en total, una factura de 5.133.237 euros para pagar al personal de juntas y mesas y poner en marcha el engranaje electoral (2,4 millones), subvencionar la campaña de los partidos (otros casi dos millones y medio) y elaborar y distribuir la propaganda, los sobres y las papeletas (300.000 euros).
Pero, paradójicamente, lo hizo en aplicación de una ley que ni siquiera ha entrado en vigor -no será así hasta que no sea publicada en el Boletín Oficial del País Vasco- y sobre la que penden sendos recursos de inconstitucionalidad que presentarán el Gobierno socialista y el PP en cuanto la norma sea un hecho. En la práctica, es inverosímil abonar dietas, por ejemplo, a los miembros de unas mesas que es muy dudoso que lleguen a constituirse, dado que son jueces precisamente los componentes de las juntas electorales.
Idoia Zenarruzabeitia, que ayer ejerció de portavoz suplente del Gabinete Ibarretxe, evitó, sin embargo, aclarar, a preguntas de los periodistas, si el crédito habilitado quedará congelado en el muy probable supuesto de que el Tribunal Constitucional decrete la suspensión cautelar de la ley aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento vasco. La vicelehendakari dio a entender, por el contrario, que el Ejecutivo minimiza la importancia de la paralización provisional de la norma y recalcó que «si se suspende, estará suspendida, pero no estará en cuestión su legalidad». «Es un simple recurso y la ley no decae por eso», abundó la 'número dos' de Ibarretxe.
No obstante, fuentes del tripartito dudaron de que se proceda a la aplicación efectiva de la ley -por ejemplo, librando las partidas destinadas a pagar la campaña o a la impresión de papeletas- si los jueces la suspenden, máxime cuando los principales dirigentes del PNV ya han expresado en reiteradas ocasiones su intención de ceñirse a «las reglas del juego». Según otros medios consultados, también es posible que el Constitucional precise en su resolución la suspensión no sólo de la ley sino también de su ejecución material. En ese caso, el Gobierno incurriría en supuestos delictivos si decidiera ejecutar los gastos autorizados ayer.
Más bien, el Gabinete Ibarretxe ha querido adelantarse a los tribunales y escenificar su plena dedicación a la preparación de la consulta al margen del muro legal contra el que está condenada a estrellarse, por más que el Ejecutivo de Vitoria siga manteniendo el suspense sobre la fecha de su publicación el BOPV.
«Interés inusitado»
Ese trámite, que por ley no puede demorarse más allá de esta semana, abrirá la puerta de forma inmediata a las impugnaciones que tanto el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero como los populares tienen ya preparadas. Zenarruzabeitia se negó a avanzar nada sobre las intenciones del Gobierno vasco e incluso ironizó sobre el «interés inusitado» que ahora despierta la aparición de las leyes en la publicación oficial. «Nunca había visto nada así en mis años como vicelehendakari. Les recomiendo que lean diariamente el boletín, que es muy interesante», comentó.
Dado que los Presupuestos de 2008 no incluían previsión alguna para financiar la consulta, las partidas habilitadas ayer se cargan al crédito global de las cuentas actualmente en vigor, un mecanismo habitual del que echa mano el Gobierno para hacer frente a las obligaciones y prestaciones derivadas de leyes de nueva aprobación. Zenarruzabeitia negó que el PSE, que apoyó en su día el proyecto económico del Ejecutivo vasco, pueda sentirse engañado o sorprendido por la aprobación de las partidas para la consulta porque, según dijo, nunca se les ocultó durante las negociaciones que se tiraría de crédito si la Cámara finalmente apoyaba la 'hoja de ruta'. «Siempre ha habido claridad y sinceridad por nuestra parte», subrayó.
