'IMPUESTO REVOLUCIONARIO'
La patronal, instituciones y partidos muestran su repulsa por la última remesa de petición del 'impuesto revolucionario''
Zubia y Arechaga, de Confebask, durante una presentación en Bilbao. / IGNACIO PÉREZ
Empresarios, instituciones y partidos políticos rechazaron ayer de forma tajante la nueva oleada de cartas de extorsión enviadas por ETA a industriales vascos. Una práctica que calificaron de «absolutamente injustificable» y que, en su opinión, genera la pérdida de empleo, porque supone la fuga de inversiones de Euskadi.
Según desveló ayer EL CORREO, las misivas han llegado a lo largo del mes de junio y este comienzo de julio, por lo que las fuerzas de seguridad sospechan que fueron enviadas a finales de mayo o muy poco después. Las cartas están dirigidas tanto a personas que no estaban amenazadas como a empresarios que habían sido anteriormente chantajeados por la banda armada. En estos casos el tono agresivo es mayor. Las cantidades exigidas oscilan entre los 70.000 y los 120.000 euros.
Los expertos consideran que el volumen de misivas recibido ahora es ligeramente superior al continuo envío que ETA ha llevado a cabo en los últimos meses. Los portavoces de las principales patronales vascas y navarras ya habían admitido recientemente que la llegada de cartas de la banda se ha convertido en un «goteo constante».
Precisamente, la Confederación Empresarial Vasca, Confebask, ratificó ayer la existencia de la nueva oleada recibida «en las últimas semanas». Una circunstancia que, en sus propias palabras, no supone una «especial novedad» puesto que «viene habiendo una sucesión más o menos continua de misivas en los últimos tiempos».
Fuentes de la patronal vasca señalaron, no obstante, que últimamente «se han detectado otras nuevas». Los mismos medios condenaron y rechazaron «totalmente» esta «práctica absolutamente injustificable» a la que la banda armada somete a los empresarios.
En una línea similar se pronunció la Diputación Foral de Guipúzcoa, que calificó como «grave» el envío de los escritos amenazantes, que coincide con la investigación sobre el supuesto pago del denominado 'impuesto revolucionario' iniciado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Según declaró el portavoz de la Diputación, Eneko Goia, las decisiones judiciales adoptadas por pagar la extorsión que exige ETA son «más que cuestionables», ya que a su juicio convierten «a las víctimas en culpables». Describió la situación en la que se encuentran ciertos empresarios como «francamente dura» y recalcó que se trata de «personas que se hallan atrapadas entre dos frentes».
El presidente del PP en Vizcaya, Antonio Basagoiti, fue el más expeditivo y afirmó que con «cada carta de extorsión son un centenar de empleos que perdemos», porque supone la fuga de empresas e inversiones de Euskadi. Por otro lado, reclamó al Gobierno vasco que «no convierta en héroes a los que pagan a ETA».
