consulta soberanista
No podrá registrarlo en el Alto Tribunal hasta que el boletín vasco publique la ley
Zapatero valoró ayer la liberación de Ingrid Betancourt. / EFE
El Gobierno aprobará en su reunión de hoy el recurso contra la ley de consultas aprobada hace una semana por el Parlamento vasco, y que faculta a Juan José Ibarretxe para convocar el plebiscito que ha anunciado para el 25 de octubre. El consejo de ministros conocerá el dictamen que aprobó ayer el Consejo de Estado, en el que sostiene que es «necesario» y está «justificado» interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional porque esa norma «pone en cuestión el orden jurídico y político del Estado en su conjunto».
El Ejecutivo decidió apretar el acelerador contra la consulta y a fe que lo hace. Si en un primer momento decidió tomarse el asunto con calma y esperar que el Boletín Oficial del País Vasco publicase la norma para actuar contra ella, el miércoles revisó su estrategia y decidió solicitar «lo antes posible» el informe preceptivo al Consejo de Estado. El órgano consultivo atendió el requerimiento de urgencia y aprobó ayer su dictamen. Con ese texto sobre la mesa, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero deliberará durante esta mañana y dará luz verde al texto del recurso. La aprobación de la impugnación, explicaron fuentes de La Moncloa, no implicará que sea presentada de forma inmediata ante el Constitucional sino que el Gobierno aguardará a que el texto se incluya en el boletín del País Vasco para interponer la demanda ante el máximo órgano judicial del Estado.
Fuentes gubernamentales advirtieron que esta celeridad es la respuesta a las dudas que dijo vislumbrar el PP en la voluntad del Ejecutivo socialista a recurrir la ley de consultas. De esta forma, subrayaron desde el Ejecutivo, el Gobierno cumplirá su compromiso de presentar la impugnación «en unas pocas horas» en cuanto la norma adquiera rango legal.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anticipó ayer desde Girona que el informe del Consejo de Estado «apoya» las tesis gubernamentales al subrayar que hay «argumentos jurídicos suficientes» para impugnar la ley de la Cámara de Vitoria. En opinión de este órgano consultivo, el paso dado por el Parlamento vasco, con los únicos votos de los nacionalistas y uno prestado de EHAK, «pone en cuestión el fundamento mismo del orden político y jurídico del Estado en su conjunto».
El Consejo de Estado señala que la ley de consultas choca contra «el orden constitucional de competencias». Hacer las dos preguntas que quiere formular Ibarretxe, una sobre el diálogo con ETA y otra sobre el derecho a decidir de Euskadi, compete a todo «el pueblo español» ya que es «una decisión soberana» del conjunto de la ciudadanía y no sólo de una parte. «La autonomía política -prosigue el dictamen- no puede legitimar el pronunciamiento de una parte del electorado acerca de una decisión de orden constitucional que afecta a aspectos esenciales de todo el Estado».
Decisión soberana
El órgano consultivo invoca el artículo 1.2 de la Constitución, que enuncia que «la soberanía nacional reside en el pueblo español», y no en «fracciones del mismo». El objeto de la consulta, además, «trasciende el ámbito de interés y de competencias» del País Vasco y afecta «al interés del Estado y de los demás territorios de España».
El Consejo de Estado también considera una argucia diferenciar, como hace Ibarretxe, entre consulta y referéndum ya que esa distinción no es suficiente para sortear «la competencia exclusiva del Estado sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares vía referéndum». En consecuencia, concluye el órgano consultivo tras la reunión de su comisión permanente, resulta «necesaria» presentar la demanda ante el Constitucional. Fuentes de esa institución señalaron que la sesión de ayer no fue precipitada por la solicitud gubernamental del dictamen pues es «habitual» que celebra encuentros todos los jueves. La interposición del recurso del Gobierno acarreará, conforme artículo 161.2 de la Constitución, la suspensión inmediata y durante cinco meses de la norma impugnada.
