GARZÓN INVESTIGA EL 'IMPUESTO REVOLUCIONARIO'
El Círculo de Empresarios Vascos considera «inconcebible» que algunos industriales tengan ahora que ver cuestionada su honorabilidad
Idoia Zenarruzabeitia conversa con Joseba Azkarraga en el Parlamento vasco. / REUTER
Ante los interrogatorios de algunos empresarios ordenados por la Audiencia Nacional en relación a supuestos pagos a ETA, distintos portavoces del Gobierno vasco -incluido su lehendakari- y las patronales coincidieron ayer en subrayar que los extorsionados son víctimas y no delincuentes. Todos ellos condenaron el denominado 'impuesto revolucionario' que padecen «desde hace muchos años» las firmas vascas, al tiempo que destacaron el compromiso que la inmensa mayoría han demostrado, «resistiéndose de forma tan ejemplar» al chantaje.
La consejera de Industria del Gobierno vasco, Ana Aguirre, calificó de «grave» que se «pongan en la misma situación» a «víctimas y extorsionadores» y se trate a esos damnificados de la coacción como «potenciales delincuentes». Durante la presentación de un proyecto empresarial en el Parque Tecnológico de Zamudio, admitió que en el Ejecutivo autónomo existe una «especial preocupación» por este tipo de situaciones que tienen «enormes consecuencias tanto para las personas como para las propias empresas».
Más contundente fue el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, quien apuntó directamente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que acusó de «someter a las víctimas y a los chantajeados» por ETA a «un linchamiento moral inaceptable». En su opinión, «alguien tendría que poner coto» a este magistrado por actuar de «forma despreciable», al convertir a los perjudicados en «delincuentes». Garzón, aseguró, está «enfermo de ansias de notoriedad» y «la discreción no le gusta».
El Círculo de Empresarios Vascos consideró necesario exigir respeto judicial, policial, social y político para los industriales «que sufren permanentemente el acoso del terrorismo de ETA, sin haber renunciado en ningún momento al compromiso adquirido con sus empresas, accionistas y con la sociedad vasca para la creación de riqueza y empleo». Un portavoz de este colectivo señaló que resulta «inconcebible» que algunos empresarios que han sido víctimas de la banda armada tengan ahora que ver cuestionada su honorabilidad «sin beneficio de la presunción de inocencia y hasta con una laxa interpretación de ciertas garantías procesales».
«Una lacra»
Del mismo modo, la Confederación Empresarial Vasca, Confebask, solicitó la presunción de inocencia para el consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y para el empresario guipuzcoano Jesús Guibert, además de pedir «respeto y amparo» para las víctimas de la extorsión. A través de un comunicado, expresó su «inquietud» porque «a la difícil situación que puedan estar padeciendo algunos de los empresarios que soportan la amenaza terrorista, les sobrevenga ahora un sufrimiento público añadido». La Confederación Empresarial de Vizcaya, Cebek, demandó «que no se frivolice respecto a esta cuestión», porque se trata de «una lacra que está creando mucho sufrimiento».
La patronal guipuzcoana, Adegi, denunció que «un empresario que ha sufrido un secuestro y presuntamente la extorsión de ETA, en ningún caso puede ser tratado como un malhechor». Por medio de una nota, aseguró que la banda armada «siempre ha estado en contra de los empresarios de este país» y las «amenazas, chantajes, atentados, secuestros y asesinatos» que ha sufrido este colectivo «así lo demuestran».
Por su parte, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal manifestó su «rechazo a la extorsión terrorista», porque se trata de un «chantaje que destruye económica y moralmente nuestra sociedad y del que son responsables quienes lo practican y, en ningún caso, sus víctimas involuntarias».
