La patronal vasca Confebask expresó ayer en un comunicado su «inquietud, porque a la difícil situación que puedan estar padeciendo algunos de los empresarios que soportan la amenaza y la coacción terrorista, les sobrevenga ahora un sufrimiento público añadido». La sombra de esa 'pena de banquillo' anticipada se ha convertido, desde que el pasado martes se conoció la detención del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, en un temor generalizado de buena parte de los empresarios extorsionados por ETA.

Algunos detalles de lo sucedido en las detenciones de Jainaga y de Guibert, en especial la absoluta ausencia de discreción en la actuación de las fuerzas de seguridad que trabajan en la lucha antiterrorista, ha llevado a los empresarios vascos a considerar que se enfrentan ya a una nueva estrategia, perfectamente planificada, para 'desincentivar' el pago del denominado 'impuesto revolucionario'. Una estrategia, sostienen, desarrollada desde esferas judiciales o desde el propio Ministerio del Interior: la publicidad de las investigaciones y la exposición de quienes, presuntamente, han accedido al pago de cantidades, en un escenario público. Una especie de pedagogía dolorosa y traumática que, apuntan, trataría de llevar al ánimo de los empresarios extorsionados un doloroso dilema. Algo así como «no pagar puede generar evidentes problemas de seguridad, pero hacerlo puede destrozar la imagen pública de quienes opten por someterse a las presiones de la banda terrorista».

Mensaje tranquilizador

Los esfuerzos desplegados en la mañana de ayer por el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en conversaciones telefónicas con algunos dirigentes empresariales vascos trató de tranquilizar los ánimos no parecen haber surtido efecto. El ministro se esforzó en asegurar que no existe campaña alguna contra los empresarios. La noticia de la detención de Guibert, conocida a primera hora de la tarde, cayó como un jarro de agua fría e incentivó de nuevo la idea de algo premeditado.

Los empresarios no eran ajenos hasta ahora a las investigaciones judiciales y policiales en torno a la financiación de ETA. La liturgia, en la mayoría de estos casos y especialmente en aquellos en los que no había pruebas concluyentes sobre el pago, tradicionalmente había seguido una rutina presidida por la discreción. La documentación intervenida en Francia, era trasladada por los jueces galos a la Audiencia Nacional, que activaba un proceso investigación policial. Los empresarios que aparecían relacionados en la documentación eran citados para comparecer en dependencias policiales y ser interrogados sobre los supuestos pagos y la fórmula empleada para hacerlos efectivos. En la mayoría de los casos, ni siquiera sus familias llegaban a enterarse del proceso y se ahorraban así una tortura añadida a la propia extorsión económica.

Las actuaciones de los últimos días, señalaba ayer un destacado ejecutivo, «suponen una clara utilización de la figura del empresario vasco con objetivos que no están nada claros. Pasamos a ser, en definitiva, víctimas utilizadas no ya para erradicar el problema, sino para extender la idea de que formamos parte de un colectivo que financia las actividades de ETA».

Petición de apoyo

Las organizaciones patronales vascas han seguido siempre una línea oficial muy clara respecto a esta cuestión. Han rechazado sin fisuras la extorsión y han pedido públicamente a sus afiliados que no cedan ante ella. Eso sí, con un amplio margen de consideración e incluso apoyo para todos aquellos que no han podido superar el miedo y han accedido a las pretensiones de ETA.

Los mensajes que han transmitido en privado los dirigentes empresariales a las autoridades siempre han ido también en una misma línea: la exigencia de que se entienda que los empresarios son víctimas del terrorismo, que su actividad diaria es «extraordinariamente difícil» y que, incluso los que acceden a pagar, merecen el apoyo y la comprensión de la Administración. «Hay que tener en cuenta -señala un dirigente empresarial en este sentido- que es la Administración la que no es capaz de garantizar nuestra seguridad».

La elección de los dos últimos detenidos, apuntan desde otros sectores empresariales que coinciden con la tesis de la existencia de una supuesta estrategia de presión sicológica sobre el sector, «no ha sido casual. Se trata -añaden- de personas de mucho prestigio profesional, con una trayectoria dilatada y, sobre todo, responsables, en la actualidad o en el pasado reciente, de grandes compañías. Jainaga o Guibert -concluyen las mismas fuentes- son empresarios muy conocidos y probablemente las cabezas de turco sobre las que se quiere aplicar una especie de escarmiento colectivo».