Varios agentes han registrado, por orden del juez Baltasar Garxón, el domicilio del empresario, situado en una céntrica calle de San Sebastián./ EFE
Secuestrado en 1983 por los CAA
El empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas cuando se dirigía a su puesto de trabajo en Azpeitia como gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA. Puesto en libertad el 7 de abril siguiente, estuvo escondido durante 17 días en una cueva cercana al monte Arauza en Régil.
Su puesta en libertad tuvo lugar en el alto de Meagas, en las cercanías de Orio, después del supuesto pago de entre 150 y 200 millones de pesetas. Precisamente, el reparto del dinero de este secuestro suscitó graves problemas en el seno de los Comandos Autónomos que se dividieron en dos facciones, una encabezada por José Luis Salegui Elorza (fallecido de muerte natural en México en agosto de 1987) y la otra por José Antonio Zurutuza Sarasola.
Los seguidores de éste último fueron expulsados de los CAA y constituyeron un grupo denominado Gatazka cuya única actuación fue la colocación de una bomba en una patrullera de la armada fondeada en la bahía de Hondarribia, el 14 de mayo de 1984. En este atentado perdió la vida el marinero que se encontraban de guardia en la embarcación.
Los miembros de los CAA José Ignacio Arruti Aguirre y, Antonio Agirre Aristondo, condenados por estos hechos, se hicieron cargo del secuestrado que fue entregado por su captores atado y encapuchado.
El juez Baltasar Garzón ordena el registro del domicilio de otro empresario investigado por el pago del 'impuesto revolucionario'
Es la segunda detención en 24 horas tras el análisis de la información inautada a 'Thierry', detenido en mayo
Guibert fue secuestrado en 1983 en Azpeitia cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA
Las órdenes de Garzón abren un debate entre los que les consideran víctimas y quienes les animan a no ceder al chantaje
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado el registro del domicilio del empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue dentro de la investigación por el pago del denominado 'impuesto revolucionario' a la banda terrorista ETA. El empresario ha sido puesto en libertad una vez finalizados los registros, al igual que
ocurrió ayer con el empresario bilbaíno y consejero delegado de Sinedor, José Antonio Jainaga.
El registro ha terminado a primera hora de la tarde. La Policía ha permanecido en el domicilio del detenido durante varias horas en busca de las cartas de extorsión de la banda que se supone ha pagado el empresario vasco, de 81 años de edad. Guibert fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia (Guipúzcoa) cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA y quedó en libertad diecisiete días después, presuntamente tras el pago de 150 millones de pesetas.
La asociación de empresarios de Guipúzcoa (Adegi) ha reclamado que se respete la presunción de inocencia de Jesús Guibert Azkue, a quien califica de "víctima del terrorismo", y recuerda que una persona que ha sufrido presuntamente la extorsión de ETA y que fue secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas "en ningún caso puede ser tratado como un malhechor".
Estas órdenes de Garzón han abierto un debate. Por un lado han sido criticadas con dureza por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, que critica a Garzón por actuar de "forma despreciable", "al convertir a las víctimas en delincuentes". El candidato a la presidencia del PP vasco, Antonio Basagoiti considera que el "héroe" es el empresario que "aguanta sin pagar" ante las amenazas de ETA y no el que cede al chantaje terrorista.
Cuarta detención por presunta financiación a ETA
Tanto el registro de ayer en Bilbao como el de hoy, están relacionados con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del 'aparato político' de ETA, Francisco Javier López Peña, 'Thierry',
detenido en la localidad vascofrancesa de Burdeos el pasado 20 de mayo junto a otros tres presuntos responsables de la banda terrorista.
Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en
prisión incondicional de dos hermanas empresarias
detenidas en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.
Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han señalado que "muy posiblemente" y "a la vista de los atestados policiales" Garzón citará en los próximos días a Jainaga y a Azkue para tomarles declaración como imputados.