LA EXTENSIÓN DE LA LENGUA VASCA
Tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse al decreto de derechos lingüísticos de los consumidores aprobado ayer por el Ejecutivo
Los pequeños comercios no se verán obligados a disponer de personal euskaldun. / PEDRO URRESTI
Los comercios que cuenten con más de 15 empleados que desarrollen su labor de cara al público y las grandes empresas que superen los 250 trabajadores de plantilla deberán garantizar la atención en euskera a sus clientes. El Gobierno vasco aprobó ayer un decreto en el que da un paso más en la promoción del uso de ese idioma al establecer por primera vez la obligación de las compañías privadas de contar con personal euskaldun para cumplir tal requisito. La norma les otorga un plazo que oscila entre uno y cuatro años para adaptarse a la nueva situación y prevé ayudas económicas para cubrir los gastos derivados de ese proceso.
El tripartito justifica esta iniciativa por la necesidad de «asegurar» los derechos lingüísticos de los consumidores. «El texto tiene como objetivo materializar el derecho del usuario a recibir en euskera y castellano la información sobre bienes y servicios, así como a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas o establecimientos que operan en la comunidad autónoma», explicó la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate eludió ofrecer detalles sobre el contenido del decreto, que será presentado hoy de forma oficial hoy por los responsables de las dos viceconsejerías encargadas de su elaboración: las de Comercio y Política Lingüística.
La nueva normativa, que excluye a las empresas de menor tamaño y al pequeño comercio, no especifica la proporción concreta de trabajadores con dominio del euskera del que deberán disponer las firmas afectadas. Tampoco marca titulaciones concretas en ese idioma para los empleados del sector privado. Cada compañía tendrá que poner los «medios necesarios» para garantizar la atención al cliente en la lengua vasca y que su oferta de bienes y servicios cuente con ella, explicaron a este periódico fuentes del Gobierno autónomo. «No va a ser lo mismo en una área euskaldun que en otra castellano-hablante. Las necesidades reales obligarán a contar con mayor o menor número de personal euskaldun», aclararon.
Hoteles y transportes
El decreto será aplicable a grandes superficies comerciales y hoteles; y también a compañías aéreas, de telefonía, electricidad, bancos y empresas automovilísticas o de transportes de viajeros, entre otras muchas. Todas ellas deberán atender en lengua vasca a los clientes que lo requieran e incluir el euskera en documentos relacionados con su actividad mercantil; por ejemplo en facturas, etiquetaje de productos o billetes de avión u otro medio de locomoción.
La regulación contempla la posibilidad de sanciones para las entidades que incumplan sus disposiciones. Remite en ese punto a la Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias y deja pendiente esta cuestión de un reglamento posterior. De hecho, desarrolla esa norma de 2003, en cuyo artículo 37 se establece que los consumidores tienen derecho a «recibir en euskera y castellano la información sobre bienes y servicios, y a usar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas o establecimientos que operen en la comunidad autónoma, debiendo estos estar en condiciones de poder atenderles cualquiera que sea el idioma oficial en el que se expresen».
La portavoz del Gobierno quitó hierro al texto legal, consciente de la polémica que peude suscitar en algunos sectores. Azkarate Comentó que se aplicará de forma progresiva con el fin de ofrecer «plazos» -de uno a cuatro años a partir de la aprobación de la norma- para que «los distintos tipos de establecimientos y empresas tengan tiempo suficiente para adaptarse a lo que establece el decreto». Adelantó también que el Ejecutivo concederá «ayudas económicas» con el fin de facilitar esa adecuación; por ejemplo, para financiar la euskaldunización de empleados. «Se ha actuado con mucho cuidado. No creemos que vaya a haber problemas para cumplir» la normativa, apuntó.
El tripartito trabaja desde hace tres años en ella, en la que supone la primera intervención de la Administración, vía decreto, para obligar a contar con personal euskaldun en empresas privadas. «Las leyes en vigor exigen a los poderes públicos velar por el uso del euskera en la sociedad en general», ,justificaron fuentes del jecutivo.En el diseño del texto legal han participado las viceconsejerías de Comercio y Política Lingüística, que han mantenido contactos con las cámaras de comercio, agrupaciones de empresarios y de consumidores.
Los sectores implicados presentaron sus alegaciones hace meses y están a la espera de conocer el documento definitivo. Comerciantes y empresarios pedían mayores plazos para cumplir con la exigencia de contar con empleados euskaldunes. Los afectados también reclamaron al Gobierno vasco que dé las mismas facilidades al sector privado que las que se ha concedido a la Administración para euskaldunizar a sus trabajadores, «con liberaciones de años pagadas con dinero público».
