Agentes de la Guardia Civil retuvieron ayer durante trece horas en Bilbao al consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, dentro de una investigación sobre supuestos pagos a ETA. El inicio de estas pesquisas son los documentos encontrados por las fuerzas de seguridad francesas durante la detención en Burdeos el pasado 20 de mayo del jefe del 'aparato político' de la banda, Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry'. Esta es la primera operación relacionada con el denominado 'impuesto revolucionario' que afecta a una de las principales empresas vascas, con cerca de 3.000 empleados.
El arresto de Jainaga se llevó a cabo alrededor de las ocho de la mañana, cuando el empresario abandonaba su domicilio. Los agentes del instituto armado le trasladaron en un primer momento a dependencias de la Guardia Civil en La Salve, Bilbao. Una horas más tarde, el empresario fue conducido a la sede de la empresa Sidenor en Basauri, donde la firma tiene una de sus factorías principales, para que estuviera presente en la inspección de los locales. Alrededor de las nueve de la noche quedó en libertad sin cargos, aunque podría ser llamado a declarar en próximas fechas.
Según fuentes judiciales, la detención de José Antonio Jainaga, un prestigioso ejecutivo, se produjo dentro de unas diligencias abiertas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz de la documentación hallada en la casa de 'Thierry'. El magistrado concedió a la Guardia Civil una orden de entrada y registro en la vivienda y en las sedes de la empresa, que no llevaba aparejada una orden de detención y puesta a disposición judicial.
Según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la agencia 'Vasco Press', en la documentación incautada a 'Thierry' aparecían pagos a ETA que podrían proceder de la empresa Sidenor por valor de 90.000 euros. En principio, no se trataba de una aportación de dinero voluntaria
Esta es la segunda operación que lleva a cabo la Guardia Civil a raíz de los documentos encontrados en poder del responsable del 'aparato político' etarra. El pasado 20 de mayo, los agentes del instituto armado detuvieron en Guipúzcoa a las hermanas María Isabel y Blanca Bruño Azpiroz. En este caso, el arresto se debía a un documento incautado al jefe de la banda en el que «agradecía» la aportación de 6.000 euros realizadas por las dos hermanas y se les recordaba que tenían la vía abierta para seguir entregando dinero «para el proceso de liberación». Según el juez Garzón, la banda les había exigido en un primer momento 120.000 euros, aunque esta cantidad fue rebajada después de diversas negociaciones.
Candidata de EH
Las hermanas Bruño, vinculadas al negocio del pescado y el marisco en Orio, ingresaron en prisión en una decisión judicial sin precedentes, ya que hasta ese momento nunca había sido encarcelado un empresario acusado de pagar el chantaje etarra. María Isabel Bruño es profesora de un colegio público y en 1999 fue candidata de Euskal Herritarrok en las elecciones municipales. Ella y su hermana fueron acusadas de colaborar con ETA y de obstrucción a la justicia, por no revelar la vía que emplearon para entrar en contacto con la organización terrorista.
Cinco días después de su encarcelamiento, el padre de las mujeres, el ex edil peneuvista Andrés Bruño, denunció en una rueda de prensa que ETA le chantajeaba desde 1980 y pidió la libertad para sus hijas, a su juicio, unas víctimas «de la tortura de la extorsión». El 24 de junio, el Gobierno vasco censuró al juez Baltasar Garzón por haber ordenado el encarcelamiento de las hermanas Bruño.
Los expertos policiales consultados por este periódico están pendientes todavía de que se descifren los distintos archivos informáticos encontrados en poder de 'Thierry' y que podrían dar pie a nuevas operaciones similares a las relatadas con anterioridad. En el momento de la detención de Francisco Javier López Peña, las fuerzas de seguridad encontraron 1.000 euros procedentes de la extorsión, una cantidad exigua en comparación con el montante que se cree manejan los terroristas procedente del chantaje. Una extorsión que desde el final de la tregua en junio de 2007 se ha intensificado notablemente.
