GENERAL
El Gobierno autónomo quiere implicar a los municipios en un
«auténtico plan de choque» para fomentar el arrendamiento protegido
01.07.08 -
El Gobierno vasco ha dado un nuevo paso en su apuesta por impulsar el alquiler protegido pese a que no termina de calar entre los ciudadanos. El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales anunció ayer que subvencionará a los ayuntamientos con ayudas de 40.000 euros por cada piso que promuevan en régimen de arrendamiento social. «Se trata de implicar a los consistorios en un auténtico plan de choque en toda la comunidad autónoma», explicó Javier Madrazo. En la actualidad, 40.000 familias viven de alquiler en Euskadi. De ellas, 6.552 en un piso protegido y algo más de 3.000 en inmuebles adscritos al programa Bizigune, destinado a captar casas vacías de particulares y ofrecerlas a bajas mensualidades.
La orden de ayudas a la promoción de viviendas de protección pública, que entrará en vigor a partir del próximo mes de septiembre, también contempla la concesión de los préstamos necesarios a las corporaciones locales para financiar las operaciones urbanísticas «con tipos de interés bonificados». En este sentido, las subvenciones se concederán nada más iniciarse la construcción de las casas para que el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos «sea el menor posible» y facilitar así la promoción de un mayor número de inmuebles.
«Históricamente, la mayoría de las corporaciones municipales han sido tímidas en la promoción de pisos en régimen de arrendamiento al tratarse de una inversión muy costosa, pero confiamos en que las ayudas les animen a sumarse a la iniciativa para ampliar el parque de viviendas en alquiler en la línea de los países europeos más avanzados. Necesitaban una herramienta y se la hemos dado», se felicitó el consejero durante la presentación de la nueva orden.
No obstante, los pisos que se acojan a la normativa elaborada por el departamento dirigido por Javier Madrazo no podrán ser vendidos en los próximos cincuenta años. El Gobierno vasco invertirá un total de 180 millones de euros durante los próximos tres ejercicios para sacar adelante el nuevo programa -el triple de lo invertido hasta el momento-, mientras que el Ejecutivo central subvenciona la promoción de este tipo de viviendas con 13.200 euros.
«Mejor solución»
Pese a que el precio medio de los arrendamientos sociales es de 300 euros al mes, todavía no resulta una opción lo suficientemente atrayente para los vascos que buscan acceder a una vivienda. De hecho, esta posibilidad sigue «bajo mínimos» en el País Vasco, según revela un estudio realizado recientemente. Guipúzcoa es el territorio donde más peso tiene este tipo de mercado (6,7%). Concretamente, 16.500 familias pagan una cuota al mes por vivir en un piso, frente a las 19.500 que lo hacen en Vizcaya (4,7%) y las 5.000 alavesas (también un 4,7%).
Ante esta situación, el Gobierno vasco quiere incentivar la promoción de inmuebles protegidos de alquiler al entender que es una de las «mejores soluciones» al problema de la vivienda. El objetivo del Ejecutivo es alcanzar los 19.000 pisos a finales del año que viene mediante la iniciativa directa del Gobierno vasco, la financiación a las promociones de los ayuntamientos y promotores privados, el desarrollo del programa Bizigune y el impulso de la nueva figura de «alojamientos dotacionales» recogida en la Ley del Suelo. Se trata de «pequeñas viviendas construidas sobre suelos para equipamientos destinadas a personas jóvenes», explicó el consejero.
Según los datos facilitados ayer por Javier Madrazo, Euskadi ha pasado de las 700 viviendas que conformaban el parque de alquiler social hace seis años «a las casi 10.000» que gestiona en la actualidad». En esta línea, detalló que la propuesta ha sido «muy bien recibida» por Eudel, la asociación que agrupa a los municipios vascos. No obstante, ambas instituciones volverán a reunirse en las próximas semanas para hablar «específicamente» del nuevo programa y perfilar su desarrollo.
La consejería de Vivienda y Asuntos Sociales también prevé favorecer la participación de los consistorios «en la acción urbanística» mediante el proyecto de ley remitido la pasada semana al Parlamento vasco, que supone ampliar la participación en las plusvalías urbanísticas y que tras su aprobación supondrá incrementar el aprovechamiento del suelo del 10% al 15%.
