ÁLAVA
Censuran el «proceso de inculpación pública» que afecta al funcionario
01.07.08 -
Imagen de la casa donde se construían cuatro viviendas. / IGOR AIZPURU
Noventa trabajadores del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria han expresado con sus firmas su apoyo al técnico de ese área que está involucrado en el caso de la construcción ilegal de cuatro viviendas en la localidad de Matauco. En un escrito que han presentado en el Registro General del Consistorio con remite al Gabinete Lazcoz, expresan su «tajante desacuerdo» con el «proceso de inculpación pública» al que, dicen, se ha sometido a su compañero. «Con el agravante, además, de violación del principio básico de presunción de inocencia», agrega el texto, al que ha accedido EL CORREO.
Hace dos semanas trascendió a los medios de comunicación que una empresa construía una casa de manera irregular en el pueblo vitoriano de Matauco. Las obras están ahora suspendidas de forma cautelar por orden del alcalde. Las sospechas recayeron desde el prinmer instante en Miguel Ángel Gracía-Fresca. Este arquitecto municipal emitió un informe favorable a que se reanudara la edificación del inmueble, paralizada días antes, después de que técnicos de 'la casa' comprobaran que la promotora había derribado la casa cuando sólo tenía licencia para rehabilitarla. Amparado en ese documento, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, rubricó el reinicio de los trabajos.
La iniciativa promovida ahora en ese departamento para respaldar al técnico cuestionado, al que el equipo de gobierno ha abierto un expediente informativo para dilucidar su responsabilidad en el asunto, no llega sola. La semana pasada el comité de empresa del Ayuntamiento hizo público un comunicado en el que censuraba con dureza la actuación del gobierno por poner en el disparadero a ese funcionario y acusaba al alcalde de «inculparle de forma gratuita».
«Nadie está cuestionado»
En la misma línea en la que el alcalde se manifestó el viernes, el concejal de Urbanismo señaló ayer que el equipo de Lazcoz «no se hace responsable de opiniones, filtraciones o valoraciones realizadas sobre este asunto». Según Juan Carlos Alonso, «nos hemos limitado a trasladar al resto de grupos los datos objetivos que teníamos al respecto. Ahora hay una investigación en curso y mientras no se complete, no hay culpables».
El concejal socialista negó, como afirmaba el escrito elaborado por el comité, que «se haya cuestionado la profesionalidad de los trabajadores del departamento». Como prueba de ello recordó las 4.300 licencias de edificación emitidas el último año por ese área. «De ellas, sólo una está siendo investigada», apuntó.
