
Morales pidió a los diputados que le enviaran lo más rápidamente posible la ley para que el Ejecutivo la ratifique. La consulta sobre su mandato se celebraría en un plazo no superior a noventa días. Si el mandatario llegara a perderla, debería convocar elecciones generales en tres meses.
Nada hacía presagiar una decisión tan repentina en la Cámara alta. Por sorpresa, el Senado introdujo el tema en una sesión ordinaria que lo analizó durante tres horas. Según el diario 'La Prensa', la razón de la oposición para forzar al oficialismo a votar un proyecto presentado por el mismo presidente -cuando gozaba de mayor popularidad- radica en el temor a que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) apruebe la próxima semana en el Congreso los referendos 'dirimidor y ratificatorio' de la nueva Constitución, aprobada sólo con la mayoría oficialista entre brotes de violencia.
Tras el susto inicial, los legisladores afectos a Morales pasaron de negarse a la consulta, argumentando que «éste no era el momento» a raíz de la rebelión autonomista, a aceptar someter al escrutinio del electorado los puestos del presidente y su vicepresidente, Álvaro García Linera, pero también los de los nueve prefectos (gobernadores) contrarios al Ejecutivo.
Morales estaba en Santa Cruz de la Sierra, la rica capital del oriente boliviano desde donde el prefecto Rubén Costas desafió la autoridad presidencial y convocó un referéndum regional que, a falta escrutar aún un 3% de los votos, obtuvo un respaldo del 85,5% a favor de acabar con el centralismo dirigido desde La Paz.
Reunión de emergencia
El presidente suspendió su agenda y voló hacia la capital nada más conocer la decisión del Senado. Tras una reunión de emergencia con su Gabinete redobló la apuesta de la «jugada política» opositora: aceptó el reto porque así la población podrá elegir «entre quienes hacen buen trabajo y quienes hacen mal», y servirá para «que en Bolivia se profundice la democracia a definir en las urnas y no con violencia». «Si los políticos no podemos acordar, qué mejor que el pueblo decida el destino del presidente y los prefectos», añadió.
Según la propuesta del revocatorio, los bolivianos tendrán que responder sí o no a si están «de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado» por el presidente y el vicepresidente. Para que el 'no' venza deberá alcanzar un porcentaje superior al 53,74% y recibir más de 1.544.374 votos, cifras obtenidas en las elecciones de diciembre de 2005.
Para los gobernadores, la pregunta es si se está de acuerdo «con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del prefecto». El 'no' deberá lograr porcentajes superiores a los obtenidos por cada uno de los gobernantes regionales en la urnas.
Morales ofrece dialogar con los prefectos -tres de ellos tienen convocadas para junio consultas autonomistas- e intenta reconducir el distanciamiento con la Iglesia católica tras cuestionar al cardenal Julio Terrazas por participar en el proceso descentralizador.






