
El anuncio sobre ese cambio de postura se produjo ayer en dos fases. Por la mañana, y durante un encuentro promovido por el sector del gas en Madrid, el secretario general de Energía, Pedro Marín, explicó que su departamento estudiará «con mucha consideración» la propuesta de aumento de tarifas que ha de hacerle en breve la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que, según sus estimaciones, rondaría el 20%. A última hora de la tarde, desde Burgos, donde acompañaba al presidente del Gobierno, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, prometió que el alza será «razonable», aunque no aclaró su magnitud. Entre una y otra declaración, las organizaciones de consumidores exigieron más coherencia al Ejecutivo a la hora de fijar los nuevos precios, que entrarán en vigor el 1 de julio.
El procedimiento para establecer la tarifa eléctrica está a punto de ser modificado y previsiblemente también la posición del Gobierno respecto a ella. Hasta el momento era Industria quien proponía una cifra, que era después analizada por la CNE, en un trámite que terminaba en el Consejo de Ministros. A partir de julio, el sistema da un giro de 180 grados y es la CNE la que propone al departamento que dirige Sebastián -en un informe no vinculante- la cuantía en la que, a su juicio, debe encarecerse el recibo de la luz.
El ministro puntualiza
Tras el desconcierto generado por las consideraciones de Marín, que se apoyó a la hora de hacer su vaticinio en situaciones precedentes en las que los técnicos de la CNE llegaron a reclamar sin éxito un aumento del 30% en el precio de la luz, el propio ministro se vio obligado a salir al paso. Subrayó que la subida que finalmente decida el Gobierno será «razonable», coherente «con una situación de necesidad de ahorro energético» y compatible con las inversiones de las compañías eléctricas necesarias para «garantizar» tanto «la calidad del suministro» como para que «nuestra economía siga creciendo». En un esfuerzo por aclarar la cuestión, declaró que el 20% que podría sugerir la CNE no le parece «razonable», aunque no dio más pistas. El sector energético, por su parte, defiende subidas no inferiores al 12%.
Pedro Marín se refirió también al denominado déficit de tarifa -una compensación que reciben las empresas por no poder repercutir todos los costes de generación-, sobre el que aseguró que se deberán de tomar medidas suplementarias en esta legislatura. Lo dispuesto en años anteriores para compensar a los productores -sostuvo- no es suficiente y «habrá que hacer algo más en los próximos años».
Este aparente cambio de registro del Ejecutivo ha sorprendido sobremanera, ya que, tras elevarla un 3% el pasado 1 de enero, congeló la tarifa en primavera -como ya hizo durante buena parte del último año- para compensar los efectos del frenazo que sufre la economía. El anterior secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, explicó en su día que los próximos repuntes rondarían el IPC, lo que contradice las manifestaciones de su sustituto y de Sebastián.
La organización de consumidores Facua pidió al Gobierno que no ceda a las presiones de las eléctricas. «Sus millonarios beneficios anuales no convierten en una necesidad real que las tarifas suban de forma tan desproporcionada», señaló.






