
El enfrentamiento duró cerca de tres horas y ahora el magistrado debe decidir si mantiene las medidas cautelares, tal y como solicita Iberdrola, o si las retira, como pide EDF -se estima que resolverá en una semana-. El grupo francés también propuso una alternativa: sustituir las cautelares por una especie de 'fianza' de 200.000 euros, que equivalen a 20 veces lo que la eléctrica vasca planteó poner como caución. El juez, por su parte, estableció 12.000 euros, una cantidad que la defensa de EDF calificó de ridícula. «Pensábamos que era una errata», aseguró uno de sus abogados. «Imaginemos que damos la información que se nos exige y manifestamos nuestra intención de lanzar una OPA. Este anuncio hace subir la cotización un 10% e Iberdrola se encarece en 5.000 millones de euros. Luego ganamos la demanda. ¿Nos van a compensar una extracoste de 5.000 millones con 12.000 euros?», se preguntó.
EDF fue la primera en tomar la palabra. Lideró su defensa el letrado Borja Obeso, de Goméz Acebo & Pombo. Arrancó su intervención con una crítica al juez por adoptar las medidas cautelares sin ni siquiera darles audiencia. «Quieren que aceptemos perder el partido sin dejarnos jugar», denunció.
Para los representantes de EDF, las medidas cautelares adoptadas son «injustificables»: en su opinión, se les está pidiendo una información que ningún punto del ordenamiento jurídico español obliga a dar. Según explicó Obeso, el grupo francés ya contestó a los requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando reconoció contactos con ACS sobre su interés por Iberdrola, pero sin haber llegado a acuerdo alguno. «La normativa vigente establece claramente lo que hay que hacer en caso de una OPA y dice que sólo hay que anunciarla cuando hay acuerdo para lanzarla. No cuando está en fase de estudio o negociación», precisó.
Trato «desigual»
En su opinión, EDF está recibiendo un trato «desigual e injusto», ya que a otros operadores en similares circunstancias no se les pide aclaración alguna. «No se para de especular con operaciones como una fusión de Iberdrola y Gas Natural y no veo que se hayan solicitado explicaciones», apuntó. En resumen, rechaza que las cautelares cumplan los requisitos que establece el ordenamiento jurídicio y cree que representan una utilización injustificada de la Ley a favor de la eléctrica vasca.
El juez Etxarandio se dio por aludido ante estas obervaciones que cuestionan directamente su actuación, y pidió un receso de cinco minutos para tomar un café. «Estamos acostumbrados a que las partes crucen acusaciones, pero no a que nos ataquen a los juzgados», ironizó.
En representación de Iberdrola, el abogado Mario Fernández, de Uría, llamó la atención sobre el hecho de que la defensa de EDF presente a la compañía como «una niña desvalida» -«podía ser la de Rajoy», bromeó-, cuando es un «vehículo del Estado francés» para asaltar Iberdrola. Con su habitual «prepotencia», dijo, la República gala ha demostrado que «no tiene ninguna intención de acatar lo que le dicte un juzgado español».
Otro de los representates de Iberdrola, el letrado José Massaguer, también de Uría, hizo hincapié en el perjuicio que EDF está causando a la eléctrica vasca con su conducta. Por ejemplo, señaló, en el caso de la compra de Energy East el regulador neoyorquino podría endurecer sus condiciones por la incertidumbre reinante.






