POLÍTICA CARCELARIA
Mil penas alternativas a la prisión no se cumplen en Euskadi por falta de medios
El Gobierno vasco advierte de que las tareas en beneficio de la comunidad se incrementarán con los delitos de tráfico
AZKARRAGA, durante la rueda de prensa que ofreció ayer. / EFE
Un millar de medidas alternativas a la prisión que han sido dictadas por los juzgados del País Vasco -por ejemplo, los trabajos en beneficio de la comunidad- no se han podido cumplir hasta ahora por falta de medios. Así lo denunció ayer el consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, quien recordó que los jueces suelen aplicar esos castigos en algunos episodios de maltrato sexista y, más recientemente, con los nuevos delitos contra la seguridad del tráfico, como la velocidad temeraria, las alcoholemias y, desde este mes, circular sin carné.
Azkarraga acusó a Instituciones Penitenciarias de no haber destinado recursos suficientes para ejecutar las penas alternativas y reclamó, una vez más, que el Gobierno central traspase las compe- tencias para que el Ejecutivo vasco pueda ocuparse de ese cometido. «Pedimos que nos permitan trabajar a los demás», resumió el consejero.
De momento, el Departamento de Justicia presta apoyo a la Administración judicial vasca a través del Servicio de Asistencia a la Reinserción (SAR), un órgano que el año pasado supervisó 1.720 medidas alternativas que sí se cumplieron en Euskadi. La inmensa mayoría (1.592) fueron suspensiones de ingresos en prisión, una posibilidad que los jueces ofrecen a los condenados a condición de que no vuelvan a delinquir.
Según el Gobierno vasco, el 75% de los casos controlados por el SAR estaban relacionados con toxicomanías, con problemas de salud mental y con el alcoholismo.Y el 35% de los expedientes se trataba de delitos contra las personas, una categoría que engloba, entre otros, la violencia de género.
El Departamento de Justicia aprovechó ayer la presentación de esos datos para recordar que, junto a las medidas alternativas que se están cumpliendo en el País Vasco, hay un volumen muy importante que se queda sin ejecutar. Azkarraga no dio una cifra oficial, pero aseguró que en Euskadi se acumulan «unas mil medidas» pendientes e incluso algunas más.
'Mano dura'
Precisamente, el director de Ejecución Penal, Txabi Etxebarria, insistió en que las últimas reformas penales -sobre la violencia de género y la seguridad del tráfico- prevén sancionar los delitos con trabajos de carácter social y otras actividades similares. Lógicamente, a medida que más personas sean procesadas por infracciones que antes no estaban penalmente tipificadas, y a medida que sea mayor la población con antecedentes, la falta de medios para hacer cumplir las penas alternativas también se notará más.
De hecho, la estrategia de 'mano dura' contra los automovilistas irresponsables corre el riesgo de fracasar porque la reforma del Código Penal permite al acusado aceptar los cargos a cambio de una multa y de una reducción de la pena, de manera que el castigo puede quedar en veinte o treinta días de tareas sociales. Sin embargo, no hay personal para hacer cumplir esos trabajos, que prescriben al cabo de un año.
Para hacerse una idea del problema, unas 8.000 personas han sido procesadas desde diciembre pasado en toda España por delitos contra la seguridad vial; y se calcula que el 80% tendrá que realizar trabajos colectivos. Ahora mismo, Instituciones Penitenciarias tiene que afrontar casi 9.000 condenas con medidas alternativas de todo tipo, de las cuales 2.800 son de automovilistas. Y ya faltan medios para hace cumplir 3.000.
Instituciones Penitenciarias no quiso responder ayer al consejero Azkarraga, aunque aseguró que el Gobierno central quiere «dar un fuerte impulso» a las penas alternativas, a través de acuerdos «con ayuntamientos y otras instituciones y organismos».
Azkarraga acusó a Instituciones Penitenciarias de no haber destinado recursos suficientes para ejecutar las penas alternativas y reclamó, una vez más, que el Gobierno central traspase las compe- tencias para que el Ejecutivo vasco pueda ocuparse de ese cometido. «Pedimos que nos permitan trabajar a los demás», resumió el consejero.
De momento, el Departamento de Justicia presta apoyo a la Administración judicial vasca a través del Servicio de Asistencia a la Reinserción (SAR), un órgano que el año pasado supervisó 1.720 medidas alternativas que sí se cumplieron en Euskadi. La inmensa mayoría (1.592) fueron suspensiones de ingresos en prisión, una posibilidad que los jueces ofrecen a los condenados a condición de que no vuelvan a delinquir.
Según el Gobierno vasco, el 75% de los casos controlados por el SAR estaban relacionados con toxicomanías, con problemas de salud mental y con el alcoholismo.Y el 35% de los expedientes se trataba de delitos contra las personas, una categoría que engloba, entre otros, la violencia de género.
El Departamento de Justicia aprovechó ayer la presentación de esos datos para recordar que, junto a las medidas alternativas que se están cumpliendo en el País Vasco, hay un volumen muy importante que se queda sin ejecutar. Azkarraga no dio una cifra oficial, pero aseguró que en Euskadi se acumulan «unas mil medidas» pendientes e incluso algunas más.
'Mano dura'
Precisamente, el director de Ejecución Penal, Txabi Etxebarria, insistió en que las últimas reformas penales -sobre la violencia de género y la seguridad del tráfico- prevén sancionar los delitos con trabajos de carácter social y otras actividades similares. Lógicamente, a medida que más personas sean procesadas por infracciones que antes no estaban penalmente tipificadas, y a medida que sea mayor la población con antecedentes, la falta de medios para hacer cumplir las penas alternativas también se notará más.
De hecho, la estrategia de 'mano dura' contra los automovilistas irresponsables corre el riesgo de fracasar porque la reforma del Código Penal permite al acusado aceptar los cargos a cambio de una multa y de una reducción de la pena, de manera que el castigo puede quedar en veinte o treinta días de tareas sociales. Sin embargo, no hay personal para hacer cumplir esos trabajos, que prescriben al cabo de un año.
Para hacerse una idea del problema, unas 8.000 personas han sido procesadas desde diciembre pasado en toda España por delitos contra la seguridad vial; y se calcula que el 80% tendrá que realizar trabajos colectivos. Ahora mismo, Instituciones Penitenciarias tiene que afrontar casi 9.000 condenas con medidas alternativas de todo tipo, de las cuales 2.800 son de automovilistas. Y ya faltan medios para hace cumplir 3.000.
Instituciones Penitenciarias no quiso responder ayer al consejero Azkarraga, aunque aseguró que el Gobierno central quiere «dar un fuerte impulso» a las penas alternativas, a través de acuerdos «con ayuntamientos y otras instituciones y organismos».
