nforme del poder judicial
270.000 condenados no han cumplido sentencia por el colapso en los juzgados
Un informe del Poder Judicial revela que 7.571 resoluciones están pendientes de ejecutar en Euskadi
DESPACHO de un juez de Almagro que denunció el caos existente durante la huelga. / EFE
EL DATO
LOS DATOS
El asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés, perpetrado por un pederasta que se movía con total libertad por España a pesar de que tenía varias condenas sin cumplir, ha obligado a movilizarse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer volvió a reclamar medidas para sacar a la Justicia del colapso en el que se encuentra. El servicio de inspección de ese organismo confirmó que, a finales de 2007, existían 269.405 resoluciones pendientes ejecutar en los juzgados de lo Penal españoles, de los cuales 7.571 correspondían al País Vasco (aproximadamente el 3%).
Los partidos judiciales de Bilbao y de San Sebastián acaparan la mayoría de las sentencias sin cumplir en Euskadi (3.882 y 2.318, respectivamente). El resto (1.371) se reparte entre Vitoria y Barakaldo. La situación de la capital vizcaína mejoró algo entre 2005 y 2007, pues las ejecutorias pendientes se redujeron un 23% después de que el Gobierno vasco destinara más funcionarios para realizar ese cometido. En cambio, en San Sebastián aumentaron un 54% durante el mismo periodo.
Según el servicio de inspección, la autonomía con más sentencias sin ejecutar es Cataluña (56.582), seguida de la Comunidad Valenciana (39.868) y Madrid (37.476). A gran distancia se encuentran regiones como Cantabria (1.273), Navarra (1.159) y Murcia (1.140), mientras que Extremadura y Castilla y León cierran la lista (428 y 368, respectivamente).
Estos datos aparecen en un informe del Poder Judicial que pide más magistrados y más personal para que las condenas sean realmente efectivas. Pero también reclaman al Ministerio de Justicia y a las autonomías con competencias transferidas -entre ellas Euskadi- que implanten un sistema informático al que los jueces puedan recurrir para saber si un individuo que es conducido a su juzgado tiene causas pendientes en otro lugar.
En la actualidad, la Administración judicial carece de herramientas informáticas que son corrientes en otros organismos públicos, como la Dirección General de Tráfico, la Seguridad Social, la Sanidad pública, la Agencia Tributaria o las Haciendas forales A raíz del crimen de Mari Luz, los magistrados advirtieron de que esa tragedia puede repetirse porque, mientras la mayoría de servicios públicos se ha modernizado, la Justicia española es «decimonónica». El padre de la niña recordó ayer que el Poder Judicial se ha concienciado «demasiado tarde».
Saturación crónica
La tragedia de la familia Cortés -que está reuniendo firmas a favor de la cadena perpetua para los pederastas- ha puesto de manifiesto la saturación crónica que padecen los juzgados de lo Penal, que se encargan de los delitos que acarrean penas de hasta seis años (por ejemplo, los que atentan contra la seguridad del tráfico). Los jueces destinados en esos órganos no sólo tienen que condenar, sino vigilar que se cumplan las resoluciones judiciales.
No obstante, varias capitales tienen unos órganos de lo Penal que se dedican sólo a realizar esa segunda tarea. Se les conoce como juzgados 'de ejecutorias' y deben comprobar que los sentenciados vayan a prisión, tomar nota de los cambios de grado penitenciario y estar atentos a que los presos sean excarcelados cuando les toque. Pero no sólo supervisan las penas de cárcel; también tienen que controlar las retiradas de los permisos de armas y de los carnés de conducir, y requerir las multas, que se pueden pagar a plazos.
Los juzgados de ejecutorias sólo existen en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Palma de Mallorca. Esos órganos soportan una carga de trabajo que supera con creces los niveles que el Poder Judicial exige oficialmente. La jueza de ejecutorias de Bilbao recibió el año pasado un 80%más de asuntos de los que le corresponderían. El juzgado de San Sebastián, un 4% más.
La situación no tiene visos de mejorar. Durante el primer trimestre de este ejercicio, el volumen de asuntos ha aumentado un 50% en Bilbao respecto al mismo periodo de 2007. Las causas de ese incremento son dos: se dictan más condenas y se han creado más delitos.
Los partidos judiciales de Bilbao y de San Sebastián acaparan la mayoría de las sentencias sin cumplir en Euskadi (3.882 y 2.318, respectivamente). El resto (1.371) se reparte entre Vitoria y Barakaldo. La situación de la capital vizcaína mejoró algo entre 2005 y 2007, pues las ejecutorias pendientes se redujeron un 23% después de que el Gobierno vasco destinara más funcionarios para realizar ese cometido. En cambio, en San Sebastián aumentaron un 54% durante el mismo periodo.
Según el servicio de inspección, la autonomía con más sentencias sin ejecutar es Cataluña (56.582), seguida de la Comunidad Valenciana (39.868) y Madrid (37.476). A gran distancia se encuentran regiones como Cantabria (1.273), Navarra (1.159) y Murcia (1.140), mientras que Extremadura y Castilla y León cierran la lista (428 y 368, respectivamente).
Estos datos aparecen en un informe del Poder Judicial que pide más magistrados y más personal para que las condenas sean realmente efectivas. Pero también reclaman al Ministerio de Justicia y a las autonomías con competencias transferidas -entre ellas Euskadi- que implanten un sistema informático al que los jueces puedan recurrir para saber si un individuo que es conducido a su juzgado tiene causas pendientes en otro lugar.
En la actualidad, la Administración judicial carece de herramientas informáticas que son corrientes en otros organismos públicos, como la Dirección General de Tráfico, la Seguridad Social, la Sanidad pública, la Agencia Tributaria o las Haciendas forales A raíz del crimen de Mari Luz, los magistrados advirtieron de que esa tragedia puede repetirse porque, mientras la mayoría de servicios públicos se ha modernizado, la Justicia española es «decimonónica». El padre de la niña recordó ayer que el Poder Judicial se ha concienciado «demasiado tarde».
Saturación crónica
La tragedia de la familia Cortés -que está reuniendo firmas a favor de la cadena perpetua para los pederastas- ha puesto de manifiesto la saturación crónica que padecen los juzgados de lo Penal, que se encargan de los delitos que acarrean penas de hasta seis años (por ejemplo, los que atentan contra la seguridad del tráfico). Los jueces destinados en esos órganos no sólo tienen que condenar, sino vigilar que se cumplan las resoluciones judiciales.
No obstante, varias capitales tienen unos órganos de lo Penal que se dedican sólo a realizar esa segunda tarea. Se les conoce como juzgados 'de ejecutorias' y deben comprobar que los sentenciados vayan a prisión, tomar nota de los cambios de grado penitenciario y estar atentos a que los presos sean excarcelados cuando les toque. Pero no sólo supervisan las penas de cárcel; también tienen que controlar las retiradas de los permisos de armas y de los carnés de conducir, y requerir las multas, que se pueden pagar a plazos.
Los juzgados de ejecutorias sólo existen en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Palma de Mallorca. Esos órganos soportan una carga de trabajo que supera con creces los niveles que el Poder Judicial exige oficialmente. La jueza de ejecutorias de Bilbao recibió el año pasado un 80%más de asuntos de los que le corresponderían. El juzgado de San Sebastián, un 4% más.
La situación no tiene visos de mejorar. Durante el primer trimestre de este ejercicio, el volumen de asuntos ha aumentado un 50% en Bilbao respecto al mismo periodo de 2007. Las causas de ese incremento son dos: se dictan más condenas y se han creado más delitos.
