
Halphen es el juez que tuvo la osadía de mandar una citación al palacio del Elíseo en 2001 para convocar al entonces jefe del Estado, Jacques Chirac, a prestar declaración en el sumario por la financiación irregular del movimiento neogaullista. Ha regresado a la carrera judicial tras un paréntesis político junto al izquierdista eurófobo Jean Pierre Chevènement, ex ministro de Defensa e Interior en gobiernos socialistas.
Van Ruymbeke, por su parte, ha instruido casos tan sonados como Urba (el Filesa francés), las fragatas de Taiwán o Clearstream, en el que se vio salpicado Nicolas Sarkozy antes de acceder hace un año a la presidencia de la República. Mucho más discreta es la investigación sobre las finanzas de ETA y su entorno en Francia que desde enero de 2005 conduce junto a la jueza antiterrorista Laurecen Le Vert, compañera de promoción en la Escuela Nacional de Magistratura e instructora del sumario juzgado en París.
El sumario presenta la novedad de abordar el papel atribuido a la jefatura del aparato militar en el cobro del 'impuesto revolucionario'. 'Susper', su máximo responsable cuando fue detenido a finales de 2002, está acusado de cobrar o intentar cobrar un total superior a los cuatro millones de euros a una quincena de empresarios. Además se le imputa la receptación de 914.027 euros, cargo que comparte con Lorena Somoza y Beltzane Obanos, sus supuestas adjuntas en el cuartel general de Tarbes (suroeste de Francia).
Como el FLN argelino
«Somos combatientes vascos que luchamos por la democracia y la libertad en nuestro país como hizo el Frente de Liberación Nacional (FLN) contra la agresión francesa en Argelia», declaró Fernández Iradi en referencia a la guerra que tuvo lugar en la antigua colonia norteafricana entre 1954 y 1962. «Nuestra actitud va a ser no responder a sus preguntas», le anunció al juez Francis Debons, presidente de la Sala Especial de lo Criminal.
Los cinco acusados protestaron por la ausencia de un traductor de euskera. «Dicen que nos van a respetar y nos obligan a tener un intérprete de español, una lengua que no es la nuestra», declaró Mikel Otegi, perseguido en España por la muerte a tiros de dos ertazainas en 1995 en Itsasondo, su localidad natal. Aloña Muñoa, junto a la que fue detenido en 2003 en la localidad vascofrancesa de Irouleguy, argumentó que «en nuestro país es oficial la lengua vasca».
La continuación del proceso, previsto hasta el día 15, coincide con el juicio señalado hoy en el Tribunal Correccional de París contra Beñat San Sebastián (Ciboure, 1950), acusado de haber alquilado viviendas para ETA en el sur de Francia entre 2001 y 2003. En un albergue utilizado por la jefatura logística en Espiens se encontraron en 2003 varios juegos de documentos de identidad con su fotografía en la que aparecía con peinado y atuendo muy cuidados para inspirar confianza a los propietarios.






