ECONOMÍA
Las empresas que recibieron los incentivos prohibidos por la UE devuelven 87 millones a Álava
El diputado de Hacienda recuerda que la sentencia no es firme y que esperarán para decidir sobre el destino del dinero
06.05.08 -
CIMIANO, en primer plano, ayer en la sede de Hacienda. / J. MONTES
La Diputación de Álava ya ha recuperado casi la práctica totalidad de los incentivos fiscales que fueron otorgados a varias empresas durante la década de los 90, en plena crisis industrial, y que la Unión Europea ha declarado «ilegales». Según explicó ayer el titular de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano, estas ayudas ascienden a un montante total que ronda los 87 millones de euros -evitó, no obstante, señalar la cifra de empresas a las que afecta-.
Esta decisión, tomada por mandato de la Comisión Europea, se refiere al conjunto de ayudas tributarias que estuvieron vigentes en el País Vasco entre 1993 y 1999, las conocidas como 'vacaciones' y 'mini vacaciones' fiscales, además de las deducciones de hasta el 45% para las inversiones en activos que superasen los 15 millones de euros.
Pese a las medidas que de forma cautelar han sido adoptadas por el Ejecutivo comunitario, la supuesta ilegalidad de estos incentivos se encuentra en pleno proceso judicial. La decisión ha sido recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo por las diputaciones, el Gobierno vasco, Confebask y las Cámaras de Comercio. De hecho, la vista se celebró entre los días 15 y 17 de enero, en el Tribunal de Primera Instancia de la UE. Una vez se produzca el fallo, la sentencia es recurrible a órganos superiores, de ahí que el proceso pueda dilatarse 'sine die'.
Éste es el principal argumento esgrimido por Cimiano para explicar que de momento, la Diputación se mantendrá a la expectativa y no utilizará el dinero procedente de las empresas. «Cuando se conozca el fallo definitivo, se actuará en una u otra dirección, no le quepa la menor duda», recalcó en las Juntas Generales en respuesta a una pregunta del procurador de ANV Iñaki Usategi.
Y es que si el fallo concluye que las ayudas fueron ilegales, las arcas forales alavesas contarán con unos ingresos 'extras' de 87 millones de euros. No obstante, el proceso judicial aún puede demorarse bastante tiempo, de modo que se desconoce en qué ejercicio presupuestario podrían hacerse efectivos. «Hay que ser prudentes», zanjó Cimiano.
Ayudas al desarrollo
De momento, Usategi le sugirió que se destinen a políticas sociales, aunque el propio juntero de la izquierda abertzale cerró el debate acusando al Gabinete de Agirre de «no tener voluntad» para ello. Asimismo, Usategi advirtió de la posibilidad de que las diputaciones utilicen mecanismos de «ingeniería fiscal» para que en el caso de que la sentencia sea contraria, las empresas puedan recuperar el dinero ahora entregado a través de vías como las ayudas al desarrollo.
Cimiano no se anduvo con rodeos para zanjar que «de ingeniería fiscal, nada de nada». Respecto al hipotético destino de estos 87 millones, señaló que se decidirá en su momento, aunque recordó que un tercio del presupuesto foral ya se destina a políticas sociales.
Esta decisión, tomada por mandato de la Comisión Europea, se refiere al conjunto de ayudas tributarias que estuvieron vigentes en el País Vasco entre 1993 y 1999, las conocidas como 'vacaciones' y 'mini vacaciones' fiscales, además de las deducciones de hasta el 45% para las inversiones en activos que superasen los 15 millones de euros.
Pese a las medidas que de forma cautelar han sido adoptadas por el Ejecutivo comunitario, la supuesta ilegalidad de estos incentivos se encuentra en pleno proceso judicial. La decisión ha sido recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo por las diputaciones, el Gobierno vasco, Confebask y las Cámaras de Comercio. De hecho, la vista se celebró entre los días 15 y 17 de enero, en el Tribunal de Primera Instancia de la UE. Una vez se produzca el fallo, la sentencia es recurrible a órganos superiores, de ahí que el proceso pueda dilatarse 'sine die'.
Éste es el principal argumento esgrimido por Cimiano para explicar que de momento, la Diputación se mantendrá a la expectativa y no utilizará el dinero procedente de las empresas. «Cuando se conozca el fallo definitivo, se actuará en una u otra dirección, no le quepa la menor duda», recalcó en las Juntas Generales en respuesta a una pregunta del procurador de ANV Iñaki Usategi.
Y es que si el fallo concluye que las ayudas fueron ilegales, las arcas forales alavesas contarán con unos ingresos 'extras' de 87 millones de euros. No obstante, el proceso judicial aún puede demorarse bastante tiempo, de modo que se desconoce en qué ejercicio presupuestario podrían hacerse efectivos. «Hay que ser prudentes», zanjó Cimiano.
Ayudas al desarrollo
De momento, Usategi le sugirió que se destinen a políticas sociales, aunque el propio juntero de la izquierda abertzale cerró el debate acusando al Gabinete de Agirre de «no tener voluntad» para ello. Asimismo, Usategi advirtió de la posibilidad de que las diputaciones utilicen mecanismos de «ingeniería fiscal» para que en el caso de que la sentencia sea contraria, las empresas puedan recuperar el dinero ahora entregado a través de vías como las ayudas al desarrollo.
Cimiano no se anduvo con rodeos para zanjar que «de ingeniería fiscal, nada de nada». Respecto al hipotético destino de estos 87 millones, señaló que se decidirá en su momento, aunque recordó que un tercio del presupuesto foral ya se destina a políticas sociales.
