REVUELO
Tres ertzainas denuncian a la cúpula de Interior por difundir que están afiliados a Erne
Los afectados habían recurrido una convocatoria de ascenso a suboficial
Mikel Legarda.
Tres agentes de la Ertzaintza han denunciado a la cúpula del Departamento de Interior ante la Agencia Vasca de Protección de Datos por haber revelado supuestamente sus datos personales de afiliación sindical. Los policías vascos han pedido al organismo que abra un expediente sancionador contra el viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda, el director de gabinete del consejero, el director de recursos humanos y la directora de régimen jurídico.
El origen de la demanda se encuentra en una nota de prensa hecha pública el pasado 23 de abril en la que la consejería dirigida por Javier Balza acusaba al sindicato Erne de haber presentado un recurso contra una convocatoria para el ascenso a suboficial de Investigación Criminal, en el que de los veinte puestos, diez se reservaban a mujeres. La denuncia resalta que se desconoce la razón por la que el departamento hizo pública esa información, «aunque parece obvio que pretendían contrarrestar la información concerniente a que esos días se iban a celebrar unas jornadas sobre mujer y policía organizadas por Erne».
Los tres agentes, que sí pertenecían a la dirección de Erne, habían presentado el recurso a título individual, sin que en los documentos presentados ante la Justicia apareciera el sindicato como impulsor de la demanda. De la misma manera, la central independiente tampoco había asumido el recurso como propio en sus comunicaciones públicas. En los escritos, por otra parte, se apoyaban los esfuerzos para posibilitar el acceso de la mujer a puestos directivos pero se pedía, entre otras cuestiones, que se tuvieran en cuenta la realidad de la Ertzaintza. Según datos del departamento, en la actualidad sólo el 7,3% de la plantilla son mujeres.
Consentimiento
La denuncia de los agentes implicados recuerda que la Ley de Protección de Datos de carácter personal establece que hacer públicos detalles «que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias» exige el consentimiento del afectado. Los denunciantes piden que se investigue cómo su filiación sindical llegó al servicio de prensa del Departamento de Interior y por qué se decidió hacerla pública. Además, solicita que se investigue a quienes debían haber custodiado los datos personales.
El origen de la demanda se encuentra en una nota de prensa hecha pública el pasado 23 de abril en la que la consejería dirigida por Javier Balza acusaba al sindicato Erne de haber presentado un recurso contra una convocatoria para el ascenso a suboficial de Investigación Criminal, en el que de los veinte puestos, diez se reservaban a mujeres. La denuncia resalta que se desconoce la razón por la que el departamento hizo pública esa información, «aunque parece obvio que pretendían contrarrestar la información concerniente a que esos días se iban a celebrar unas jornadas sobre mujer y policía organizadas por Erne».
Los tres agentes, que sí pertenecían a la dirección de Erne, habían presentado el recurso a título individual, sin que en los documentos presentados ante la Justicia apareciera el sindicato como impulsor de la demanda. De la misma manera, la central independiente tampoco había asumido el recurso como propio en sus comunicaciones públicas. En los escritos, por otra parte, se apoyaban los esfuerzos para posibilitar el acceso de la mujer a puestos directivos pero se pedía, entre otras cuestiones, que se tuvieran en cuenta la realidad de la Ertzaintza. Según datos del departamento, en la actualidad sólo el 7,3% de la plantilla son mujeres.
Consentimiento
La denuncia de los agentes implicados recuerda que la Ley de Protección de Datos de carácter personal establece que hacer públicos detalles «que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias» exige el consentimiento del afectado. Los denunciantes piden que se investigue cómo su filiación sindical llegó al servicio de prensa del Departamento de Interior y por qué se decidió hacerla pública. Además, solicita que se investigue a quienes debían haber custodiado los datos personales.
