POLÍTICA
Un mandato entre la LOAPA y el final de los 'polimilis'
Anasagasti y Benegas recuerdan a Calvo Sotelo como «hijo» del periodo más inestable de la democracia
04.05.08 -
Calvo Sotelo saluda a Garaikoetxea durante un funeral tras un atentado terrorista. / EFE
Fue el presidente de la LOAPA, la ley orgánica que, en palabras del jeltzale Iñaki Anasagasti, «paralizó en seco el Estatuto de Gernika» y fue también el presidente bajo cuyo mandato fructificaron las conversaciones emprendidas por el ministro Juan José Rosón y los entonces dirigentes de Euskadiko Ezkerra Mario Onaindia y Juan María Bandrés, que culminaron con el abandono de las armas por parte de ETA-pm.
Todo ello, durante veintidós complicadísimos meses para Euskadi y para el conjunto de España. Porque el mandato de Leopoldo Calvo Sotelo se encuadra entre dos fallidas intentonas golpistas, en el momento de máxima inestabilidad de la democracia. Su investidura quedó marcada por la irrupción, pistola en mano, de Tejero en el Congreso; otra conspiración, más elaborada que la anterior pero detectada a tiempo, pudo haber precipitado su adiós en la misma jornada de reflexión de las elecciones que otorgaron a Felipe González su histórico triunfo del 28 de octubre de 1982.
En aquellos meses, el terrorismo siguió golpeando con una dureza extrema: entre ETA y los Comandos Autónomos Capitalistas asesinaron a 64 personas, -doce militares-; los GRAPO y la extrema derecha añadieron ocho y cuatro víctimas mortales, respectivamente, a tan dramático balance.
Pero, al mismo tiempo, también se produjo la gran noticia de la disolución de ETA político-militar. El 28 de febrero de 1981, apenas cinco días después del 'tejerazo', los polimilis anunciaron una tregua incondicional e indefinida; el 30 de septiembre de 1982, sus dirigentes, a cara descubierta, anunciaron la disolución definitiva de la organización, aunque un sector -los 'octavos'- decidió seguir con las armas. Todo ello, fruto de una negociación iniciada con Adolfo Suárez aún al frente del Gobierno. Leopoldo Calvo Sotelo dio el visto bueno a las medidas de gracia acordadas, que posibilitaron la reinserción social de exiliados y miembros de la banda armada sin delitos de sangre.
Mal menor
Calvo Sotelo tuvo que hacer frente a tan convulsa época con un partido roto, la UCD, víctima de las luchas cainitas que, con el tiempo, conducirían a su desaparición. «Era un Gobierno acosado por la inestabilidad política y militar al que salvar todos los días» como un mal menor, recordó ayer en nombre del PSOE el entonces y aún ahora diputado vasco en el Congreso Txiki Benegas.
Aquel clima de inestabilidad marcó el devenir de la política autonómica. Porque la propia convulsión que produjo el 23-F está detrás de la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. La norma, aprobada el 30 de julio de 1982, surge tras los pactos autonómicos que alcanzaron un año antes Calvo Sotelo y González, que diseña un mapa de diecisiete autonomías, con las mismas instituciones y distintas competencias. Estos acuerdos fueron fruto, a su vez, de los trabajos de una comisión de expertos dirigida por el jurista García de Enterría que se constituyó poco después del 'tejerazo'.
La LOAPA establecía que la transferencia de competencias se realizaría progresivamente según la capacidad de cada comunidad autónoma hasta llegar a equiparar a unas y otras. Aquella ley, dice Iñaki Anasagasti, «metió todo el proceso autonómico en el barro». El entonces parlamentario vasco del PNV describe a Calvo Sotelo como «un hijo de su tiempo» que actuó condicionado por las adversas circunstancias políticas.
«No era un político de mítines, sino un político de laboratorio», un «hombre seco, que veía el tema vasco con distancia», añade el senador jeltzale. Durante su mandato, recibió una vez al lehendakari Carlos Garaikoetxea, «pero no abordó el tema vasco con valentía». Anasagasti reparte culpas con Felipe González, quien «ya empezó forzando la inclusión de Andalucía entre las comunidades históricas por intereses partidarios».
El socialista Benegas recuerda que tanto el PSC como parte del PSE se opusieron a la LOAPA. «En nuestro caso, porque entendimos que su primera redacción podía afectar a algunos aspectos del Concierto Económico». Según el diputado del PSE, esta ley orgánica fue fruto tanto de la inestabilidad de aquella época como de un intento de solucionar problemas derivados de la «redacción muy confusa» de los primeros estatutos, «en los que hubo que pactar hasta la última palabra».
Nacionalistas vascos y catalanes recurrieron la LOAPA, por considerar que los estatutos -textos con carácter constitucional- no podían estar limitados por una ley estatal. Nueve meses después de que Calvo Sotelo cediera su puesto a González, una sentencia del Tribunal Constitucional invalidó 14 de los 38 artículos de la ley.
Todo ello, durante veintidós complicadísimos meses para Euskadi y para el conjunto de España. Porque el mandato de Leopoldo Calvo Sotelo se encuadra entre dos fallidas intentonas golpistas, en el momento de máxima inestabilidad de la democracia. Su investidura quedó marcada por la irrupción, pistola en mano, de Tejero en el Congreso; otra conspiración, más elaborada que la anterior pero detectada a tiempo, pudo haber precipitado su adiós en la misma jornada de reflexión de las elecciones que otorgaron a Felipe González su histórico triunfo del 28 de octubre de 1982.
En aquellos meses, el terrorismo siguió golpeando con una dureza extrema: entre ETA y los Comandos Autónomos Capitalistas asesinaron a 64 personas, -doce militares-; los GRAPO y la extrema derecha añadieron ocho y cuatro víctimas mortales, respectivamente, a tan dramático balance.
Pero, al mismo tiempo, también se produjo la gran noticia de la disolución de ETA político-militar. El 28 de febrero de 1981, apenas cinco días después del 'tejerazo', los polimilis anunciaron una tregua incondicional e indefinida; el 30 de septiembre de 1982, sus dirigentes, a cara descubierta, anunciaron la disolución definitiva de la organización, aunque un sector -los 'octavos'- decidió seguir con las armas. Todo ello, fruto de una negociación iniciada con Adolfo Suárez aún al frente del Gobierno. Leopoldo Calvo Sotelo dio el visto bueno a las medidas de gracia acordadas, que posibilitaron la reinserción social de exiliados y miembros de la banda armada sin delitos de sangre.
Mal menor
Calvo Sotelo tuvo que hacer frente a tan convulsa época con un partido roto, la UCD, víctima de las luchas cainitas que, con el tiempo, conducirían a su desaparición. «Era un Gobierno acosado por la inestabilidad política y militar al que salvar todos los días» como un mal menor, recordó ayer en nombre del PSOE el entonces y aún ahora diputado vasco en el Congreso Txiki Benegas.
Aquel clima de inestabilidad marcó el devenir de la política autonómica. Porque la propia convulsión que produjo el 23-F está detrás de la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. La norma, aprobada el 30 de julio de 1982, surge tras los pactos autonómicos que alcanzaron un año antes Calvo Sotelo y González, que diseña un mapa de diecisiete autonomías, con las mismas instituciones y distintas competencias. Estos acuerdos fueron fruto, a su vez, de los trabajos de una comisión de expertos dirigida por el jurista García de Enterría que se constituyó poco después del 'tejerazo'.
La LOAPA establecía que la transferencia de competencias se realizaría progresivamente según la capacidad de cada comunidad autónoma hasta llegar a equiparar a unas y otras. Aquella ley, dice Iñaki Anasagasti, «metió todo el proceso autonómico en el barro». El entonces parlamentario vasco del PNV describe a Calvo Sotelo como «un hijo de su tiempo» que actuó condicionado por las adversas circunstancias políticas.
«No era un político de mítines, sino un político de laboratorio», un «hombre seco, que veía el tema vasco con distancia», añade el senador jeltzale. Durante su mandato, recibió una vez al lehendakari Carlos Garaikoetxea, «pero no abordó el tema vasco con valentía». Anasagasti reparte culpas con Felipe González, quien «ya empezó forzando la inclusión de Andalucía entre las comunidades históricas por intereses partidarios».
El socialista Benegas recuerda que tanto el PSC como parte del PSE se opusieron a la LOAPA. «En nuestro caso, porque entendimos que su primera redacción podía afectar a algunos aspectos del Concierto Económico». Según el diputado del PSE, esta ley orgánica fue fruto tanto de la inestabilidad de aquella época como de un intento de solucionar problemas derivados de la «redacción muy confusa» de los primeros estatutos, «en los que hubo que pactar hasta la última palabra».
Nacionalistas vascos y catalanes recurrieron la LOAPA, por considerar que los estatutos -textos con carácter constitucional- no podían estar limitados por una ley estatal. Nueve meses después de que Calvo Sotelo cediera su puesto a González, una sentencia del Tribunal Constitucional invalidó 14 de los 38 artículos de la ley.
