GENERAL
Crecen un 11% los productos retirados del mercado por su peligrosidad en Euskadi
Inspecciones más rigurosas y el aumento de denuncias motivan la mayoría de los decomisos En 2007 se inmovilizaron 7.109 unidades de 81 artículos
03.05.08 -
'STOKKE XPLORY'. Las sillas con números de serie del 1 al 27.295 y del 27.698 al 28.097 tenían problemas en las ruedas.
China sigue siendo el origen de la mayoría de los productos peligrosos retirados del mercado vasco, y también del resto de comunidades y países europeos. Los datos de Consumo del Gobierno vasco coinciden en líneas generales con el balance hecho público hace escasos días por la Comisión Europea. Los juguetes, los vehículos de motor y los aparatos eléctricos, por este orden, representaron más de la mitad de las notificaciones de alerta. España fue el quinto país de la UE más activo a la hora de comunicar incidencias sobre productos peligrosos.
El gigante asiático acapara el número más elevado de alertas, si bien es cierto que la mayor parte de las importaciones (hasta el 80% en el caso de los juguetes) proceden de China y la vigilancia es más rigurosa hacia los productos de este origen. Para mejorar los controles, la Comisión Europea ha intensificado la cooperación con el país oriental. Desde junio de 2007, existe un sistema de información trimestral sobre las medidas aplicadas en China para descubrir el origen de los artículos peligrosos. La reciente retirada del mercado de 'Depuralina', un producto presuntamente milagroso para adelgazar, o la alerta lanzada en relación al aceite de girasol no representan ni mucho menos casos aislados en el escaparate comercial. Al contrario, las llamadas de atención sobre artículos peligrosos no han hecho sino crecer en los últimos años, consecuencia del aumento de las inspecciones y de la avalancha comercial 'made in China', de dudosa calidad. Desde juguetes con los que el niño se puede atragantar hasta un cargador de teléfono móvil contaminante, la lista de productos retirados el año pasado en el País Vasco sumó un total de 7.109 unidades de 81 modelos diferentes, un 11% más que en 2006.
A la cabeza se encuentran los artículos deportivos (una bicicleta, un flotador, una máquina de gimnasia...), seguidos de las herramientas defectuosas, los aparatos eléctricos y los juguetes, a los que el Departamento de Consumo del Gobierno Vasco dedica, además, una campaña de control al año.
La alarma ante un producto sospechoso puede activarse desde varios frentes: una denuncia particular, una inspección programada o un aviso oficial de otra comunidad o país. La red de alerta, el protocolo de intercambio de información entre las autonomías y el Instituto Nacional de Consumo, se pone en marcha nada más conocerse la existencia de un producto que puede generar riesgo a los usuarios. La responsabilidad es compartida: los servicios de consumo autonómicos vigilan una parte del escaparate, y desde otros órganos de la administración se controla el resto de las mercancías, como los artículos sanitarios. La retirada de 'Depuralina', de hecho, fue ordenada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).
El intercambio de información resulta efectivo, pero no siempre conlleva una retirada inmediata de la mercancía. Según explica Esther Gómez, técnico de Consumo del Gobierno Vasco, la cadena de actuaciones se articula con rigurosidad, sin prisa pero sin pausa, con el objetivo de que prevalezcan los derechos de los consumidores y, a la vez, se respeten también los del vendedor. Los inspectores y cada vez más clientes se mueven entre las estanterías ojo avizor, y ante la más mínima sospecha, levantan la voz.
El producto cuestionado se examina primero in situ y luego, los técnicos trasladan al menos tres muestras al laboratorio para su análisis. Las infracciones leves se refieren a los fallos en el etiquetado, mientras que las más graves engloban los productos con riesgo directo para la salud o la seguridad. Sirva como ejemplo las figuritas que Mattel, la mayor compañía de juguetes del mundo, tuvo que retirar en verano tras descubrirse un exceso de plomo en su pintura.
Sin factura o sin origen
Una vez detectado el problema, son las autoridades de la comunidad autónoma donde esté domiciliado el propietario del producto las que se encargan del expediente. «A partir de ahí -añade Gómez-, los dueños del establecimiento, el distribuidor o el propio fabricante, según los casos, disponen de un plazo para presentar, entre otros, el listado de distribución de la mercancía. Tienen derecho también a recurrir o a presentar la documentación oportuna, si se trata de aclarar alguna incorrección en el etiquetado, por ejemplo». Con todos los papeles sobre la mesa, el Instituto Nacional de Consumo vuelve a hacer pública la información con la relación de establecimientos que han podido comercializar los artículos sospechosos. Es entonces cuando se procede a su inmovilización, devolución o simplemente se destruye la mercancía.
Los productos alertados se incluyen en una 'lista negra' colgada en la web de Consumo del Gobierno Vasco. «Por lo general, los responsables suelen colaborar con la administración», sostiene Gómez, de forma que cuando se detecta una irregularidad, se subsana a los pocos días.
El problema se presenta, sin embargo, cuando se rompe la cadena de distribución y los responsables de Consumo no pueden dar con el productor de origen. «La red de distribución no es siempre lo suficientemente clara», reconoce Esther Gómez. Los inspectores se encuentran a menudo con productos sin factura, por lo que resulta imposible identificar su procedencia. Eso es lo que ocurrió con 794 artículos retirados el año pasado. ¿Cómo se le echa entonces el lazo al culpable? «Ninguna retirada se queda sin responsable -asegura Gómez-. Desde el fabricante, hasta el que distribuye y vende el producto, todos pueden llegar a ser expedientados por irregularidades».
El gigante asiático acapara el número más elevado de alertas, si bien es cierto que la mayor parte de las importaciones (hasta el 80% en el caso de los juguetes) proceden de China y la vigilancia es más rigurosa hacia los productos de este origen. Para mejorar los controles, la Comisión Europea ha intensificado la cooperación con el país oriental. Desde junio de 2007, existe un sistema de información trimestral sobre las medidas aplicadas en China para descubrir el origen de los artículos peligrosos. La reciente retirada del mercado de 'Depuralina', un producto presuntamente milagroso para adelgazar, o la alerta lanzada en relación al aceite de girasol no representan ni mucho menos casos aislados en el escaparate comercial. Al contrario, las llamadas de atención sobre artículos peligrosos no han hecho sino crecer en los últimos años, consecuencia del aumento de las inspecciones y de la avalancha comercial 'made in China', de dudosa calidad. Desde juguetes con los que el niño se puede atragantar hasta un cargador de teléfono móvil contaminante, la lista de productos retirados el año pasado en el País Vasco sumó un total de 7.109 unidades de 81 modelos diferentes, un 11% más que en 2006.
A la cabeza se encuentran los artículos deportivos (una bicicleta, un flotador, una máquina de gimnasia...), seguidos de las herramientas defectuosas, los aparatos eléctricos y los juguetes, a los que el Departamento de Consumo del Gobierno Vasco dedica, además, una campaña de control al año.
La alarma ante un producto sospechoso puede activarse desde varios frentes: una denuncia particular, una inspección programada o un aviso oficial de otra comunidad o país. La red de alerta, el protocolo de intercambio de información entre las autonomías y el Instituto Nacional de Consumo, se pone en marcha nada más conocerse la existencia de un producto que puede generar riesgo a los usuarios. La responsabilidad es compartida: los servicios de consumo autonómicos vigilan una parte del escaparate, y desde otros órganos de la administración se controla el resto de las mercancías, como los artículos sanitarios. La retirada de 'Depuralina', de hecho, fue ordenada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).
El intercambio de información resulta efectivo, pero no siempre conlleva una retirada inmediata de la mercancía. Según explica Esther Gómez, técnico de Consumo del Gobierno Vasco, la cadena de actuaciones se articula con rigurosidad, sin prisa pero sin pausa, con el objetivo de que prevalezcan los derechos de los consumidores y, a la vez, se respeten también los del vendedor. Los inspectores y cada vez más clientes se mueven entre las estanterías ojo avizor, y ante la más mínima sospecha, levantan la voz.
El producto cuestionado se examina primero in situ y luego, los técnicos trasladan al menos tres muestras al laboratorio para su análisis. Las infracciones leves se refieren a los fallos en el etiquetado, mientras que las más graves engloban los productos con riesgo directo para la salud o la seguridad. Sirva como ejemplo las figuritas que Mattel, la mayor compañía de juguetes del mundo, tuvo que retirar en verano tras descubrirse un exceso de plomo en su pintura.
Sin factura o sin origen
Una vez detectado el problema, son las autoridades de la comunidad autónoma donde esté domiciliado el propietario del producto las que se encargan del expediente. «A partir de ahí -añade Gómez-, los dueños del establecimiento, el distribuidor o el propio fabricante, según los casos, disponen de un plazo para presentar, entre otros, el listado de distribución de la mercancía. Tienen derecho también a recurrir o a presentar la documentación oportuna, si se trata de aclarar alguna incorrección en el etiquetado, por ejemplo». Con todos los papeles sobre la mesa, el Instituto Nacional de Consumo vuelve a hacer pública la información con la relación de establecimientos que han podido comercializar los artículos sospechosos. Es entonces cuando se procede a su inmovilización, devolución o simplemente se destruye la mercancía.
Los productos alertados se incluyen en una 'lista negra' colgada en la web de Consumo del Gobierno Vasco. «Por lo general, los responsables suelen colaborar con la administración», sostiene Gómez, de forma que cuando se detecta una irregularidad, se subsana a los pocos días.
El problema se presenta, sin embargo, cuando se rompe la cadena de distribución y los responsables de Consumo no pueden dar con el productor de origen. «La red de distribución no es siempre lo suficientemente clara», reconoce Esther Gómez. Los inspectores se encuentran a menudo con productos sin factura, por lo que resulta imposible identificar su procedencia. Eso es lo que ocurrió con 794 artículos retirados el año pasado. ¿Cómo se le echa entonces el lazo al culpable? «Ninguna retirada se queda sin responsable -asegura Gómez-. Desde el fabricante, hasta el que distribuye y vende el producto, todos pueden llegar a ser expedientados por irregularidades».
