POLÍTICA
El encarcelamiento de Galparsoro abre un nuevo frente entre Zapatero e Ibarretxe
El Gobierno vasco critica el «uso de la justicia» porque «no acerca la paz» Rubalcaba responde que «todos» deben respetar las decisiones de los jueces porque es «muy importante» en la lucha contra el terrorismo
EN LA CÁRCEL. Inocencia Galparsoro charla con su abogado Iñigo Iruin en las inmediaciones de la Audiencia Nacional, horas antes de ser encarcelada por el juez Baltasar Garzón. / EFE
El encarcelamiento de la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro (ANV), ha abierto un nuevo frente en las ya complicadas relaciones entre José Luis Rodríguez Zapatero y Juan José Ibarretxe. Cuando aún está pendiente de conocer la fecha en la que el presidente del Gobierno recibirá en La Moncloa al lehendakari -el propio jefe del Ejecutivo vasco ha insistido esta misma semana en pedir una reunión de forma inmediata- y con el reto de la consulta popular sobre la mesa, la última decisión del juez Baltasar Garzón ha elevado la tensión entre ambas administraciones.
El detonante del último choque surgió de una nota de prensa difundida ayer, en pleno puente festivo, por el Gobierno vasco para condenar, un día después de que se cometieran, los atentados perpetrados en Arrigorriaga y San Sebastián. La declaración, que arrancaba con una clara repulsa a la violencia «inútil» de ETA e instaba a la desaparición de la banda, dedicaba buena parte de su contenido a cargar contra la Audiencia Nacional por ordenar el ingreso de Galparsoro en el centro penitenciario de Soto del Real y reproducía algunos de los argumentos que ya habían expresado el jueves un centenar de representantes de la izquierda abertzale frente al Ayuntamiento de Mondragón.
El texto denunciaba las «estrategias de utilización y uso de la Justicia a impulsos políticos» que, en opinión de la Lehendakaritza, protagoniza el Ejecutivo del PSOE. Una línea de actuación que, recalcaba el documento, recupera «políticas de la vuelta atrás y del 'todo vale'» que «no solucionarán problema alguno» y que «tampoco aportan un camino de esperanza».
«La encarcelación de dirigentes de Batasuna y de electos de ANV, el último caso el de la alcaldesa de Mondragón, por más que su comportamiento ante los crímenes de ETA sea rechazable y merezca la condena moral de la sociedad, no nos acerca a la paz ni a la normalización política. Forman parte de la espiral de la que tenemos que salir», subrayó el Gobierno vasco. El jueves PNV, EA y EB ya habían solicitado por separado la «liberación» de Galparsoro por entender que no se había dado una correcta utilización de las leyes.
La declaración institucional del Ejecutivo autónomo tuvo una rápida respuesta desde Cádiz, donde se encontraba el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto del partido junto a representantes gubernamentales y de la Junta andaluza. El máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad no dudó en responder con dureza al texto hecho público desde la Administración vasca. Rubalcaba reiteró el criterio del Gobierno ante cualquier decisión de los jueces: «hay que respetar el auto y pedir que se respete», enfatizó.
Y en clara alusión al tripartito instó «a todos» a ofrecer el mismo comportamiento porque «acatar» las decisiones que toman jueces como Garzón es «muy importante» para la lucha contra el terrorismo de ETA. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido, en especial desde la ruptura del alto el fuego, pero sobre todo en las últimas semanas, en la necesidad de que todas las fuerzas políticas e instituciones mantengan un mensaje de unidad frente a la acción de los terroristas y de «quienes les apoyan». Entiende que las discrepancias de discurso entre los partidos «debilitan» la lucha antiterrorista y da bazas a quienes respaldan los atentados de la banda.
Defensa de la consulta
El ministro de Interior subrayó, en este sentido, que el «Estado de derecho no admitirá» que los terroristas pretendan «colocar una bomba por la mañana y hacer política por la tarde», una cuestión que, dijo, «es algo obvio en democracia aunque parece que hay veces que se olvida». «Eso -insistió- afecta a los que apoyan la violencia y se apoyan en la violencia para conseguir sus objetivos».
No fue éste el único punto de desencuentro entre ambos Gobiernos. La nota del Ejecutivo vasco volvía a defender la necesidad de abrir «un camino de diálogo y acuerdo», en una nueva apuesta por la consulta que Ibarretxe pretende llevar a cabo el próximo 25 de octubre. Los atentados de ETA y las últimas decisiones judiciales demostrarían, según la Lehendakaritza, que «los problemas no se solucionarán mientras permanezcamos en la parálisis y circulando en una espiral sin fin».
Por ello, el tripartito reivindicó su «compromiso» de dar la palabra a la sociedad vasca porque «sólo el respeto a los acuerdos y el respeto a las decisiones democráticas de la ciudadanía nos conducirán a un espacio de ilusión y esperanza». «Ahora más que nunca -señala- es necesaria la iniciativa política». Una iniciativa que, respondió Rubalcaba, no aparece contemplada en el «programa electoral» del PSOE, la «hoja de ruta» que pretende seguir Zapatero durante la legislatura que acaba de arrancar.
El choque entre ambas Administraciones por la decisión de encarcelar a la alcaldesa aeneuvista de Mondragón suscita, asimismo, una lectura en clave interna del PNV. La postura enfrentada de ambos Ejecutivos dificulta la compleja tarea a la que se ve expuesto el presidente del EBB, Iñigo Urkullu. El líder jeltzale deberá sortear esta nueva polémica en un momento en el que trata de mantener unas buenas relaciones con el PSOE en el Congreso, al mismo tiempo que intenta no desairar al lehendakari y encontrar una salida digna con Zapatero al nuevo proyecto soberanista de Ibarretxe.
El detonante del último choque surgió de una nota de prensa difundida ayer, en pleno puente festivo, por el Gobierno vasco para condenar, un día después de que se cometieran, los atentados perpetrados en Arrigorriaga y San Sebastián. La declaración, que arrancaba con una clara repulsa a la violencia «inútil» de ETA e instaba a la desaparición de la banda, dedicaba buena parte de su contenido a cargar contra la Audiencia Nacional por ordenar el ingreso de Galparsoro en el centro penitenciario de Soto del Real y reproducía algunos de los argumentos que ya habían expresado el jueves un centenar de representantes de la izquierda abertzale frente al Ayuntamiento de Mondragón.
El texto denunciaba las «estrategias de utilización y uso de la Justicia a impulsos políticos» que, en opinión de la Lehendakaritza, protagoniza el Ejecutivo del PSOE. Una línea de actuación que, recalcaba el documento, recupera «políticas de la vuelta atrás y del 'todo vale'» que «no solucionarán problema alguno» y que «tampoco aportan un camino de esperanza».
«La encarcelación de dirigentes de Batasuna y de electos de ANV, el último caso el de la alcaldesa de Mondragón, por más que su comportamiento ante los crímenes de ETA sea rechazable y merezca la condena moral de la sociedad, no nos acerca a la paz ni a la normalización política. Forman parte de la espiral de la que tenemos que salir», subrayó el Gobierno vasco. El jueves PNV, EA y EB ya habían solicitado por separado la «liberación» de Galparsoro por entender que no se había dado una correcta utilización de las leyes.
La declaración institucional del Ejecutivo autónomo tuvo una rápida respuesta desde Cádiz, donde se encontraba el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto del partido junto a representantes gubernamentales y de la Junta andaluza. El máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad no dudó en responder con dureza al texto hecho público desde la Administración vasca. Rubalcaba reiteró el criterio del Gobierno ante cualquier decisión de los jueces: «hay que respetar el auto y pedir que se respete», enfatizó.
Y en clara alusión al tripartito instó «a todos» a ofrecer el mismo comportamiento porque «acatar» las decisiones que toman jueces como Garzón es «muy importante» para la lucha contra el terrorismo de ETA. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido, en especial desde la ruptura del alto el fuego, pero sobre todo en las últimas semanas, en la necesidad de que todas las fuerzas políticas e instituciones mantengan un mensaje de unidad frente a la acción de los terroristas y de «quienes les apoyan». Entiende que las discrepancias de discurso entre los partidos «debilitan» la lucha antiterrorista y da bazas a quienes respaldan los atentados de la banda.
Defensa de la consulta
El ministro de Interior subrayó, en este sentido, que el «Estado de derecho no admitirá» que los terroristas pretendan «colocar una bomba por la mañana y hacer política por la tarde», una cuestión que, dijo, «es algo obvio en democracia aunque parece que hay veces que se olvida». «Eso -insistió- afecta a los que apoyan la violencia y se apoyan en la violencia para conseguir sus objetivos».
No fue éste el único punto de desencuentro entre ambos Gobiernos. La nota del Ejecutivo vasco volvía a defender la necesidad de abrir «un camino de diálogo y acuerdo», en una nueva apuesta por la consulta que Ibarretxe pretende llevar a cabo el próximo 25 de octubre. Los atentados de ETA y las últimas decisiones judiciales demostrarían, según la Lehendakaritza, que «los problemas no se solucionarán mientras permanezcamos en la parálisis y circulando en una espiral sin fin».
Por ello, el tripartito reivindicó su «compromiso» de dar la palabra a la sociedad vasca porque «sólo el respeto a los acuerdos y el respeto a las decisiones democráticas de la ciudadanía nos conducirán a un espacio de ilusión y esperanza». «Ahora más que nunca -señala- es necesaria la iniciativa política». Una iniciativa que, respondió Rubalcaba, no aparece contemplada en el «programa electoral» del PSOE, la «hoja de ruta» que pretende seguir Zapatero durante la legislatura que acaba de arrancar.
El choque entre ambas Administraciones por la decisión de encarcelar a la alcaldesa aeneuvista de Mondragón suscita, asimismo, una lectura en clave interna del PNV. La postura enfrentada de ambos Ejecutivos dificulta la compleja tarea a la que se ve expuesto el presidente del EBB, Iñigo Urkullu. El líder jeltzale deberá sortear esta nueva polémica en un momento en el que trata de mantener unas buenas relaciones con el PSOE en el Congreso, al mismo tiempo que intenta no desairar al lehendakari y encontrar una salida digna con Zapatero al nuevo proyecto soberanista de Ibarretxe.
