AVISO
El Constitucional confirma que no se puede blindar a Izaskun Bilbao ante otro 'caso Atutxa'
El Supremo suaviza la pena y deja que los tres condenados ejerzan cualquier cargo público menos el de parlamentario
Atutxa y Bilbao atienden las explicaciones de su abogado, Alberto Figueroa, en una reciente comparecencia pública. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
El Tribunal Constitucional se sumó ayer a la advertencia dada por el Supremo y recalcó la imposibilidad de blindar a la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, ante la perspectiva de que la dirigente peneuvista pueda protagonizar con EHAK un nuevo 'caso Atutxa'. La más alta institución judicial del país reiteró que «ciudadanos y poderes públicos» están obligados «de manera indiscutible e innegociable» a cumplir toda resolución judicial firme y rechazó que la Cámara vasca tenga la autonomía suficiente para no acatar una orden del Supremo.
Así lo expresa en un auto suscrito por unanimidad en la Sala Segunda del Constitucional y por el que se rechazan de un plumazo seis de los nueve recursos de amparo que hasta el momento había presentado la defensa de Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. La semana pasada el letrado que representa a los tres, Alberto Figueroa, anunció nuevos recursos, que aún están por concretar.
La sentencia hecha pública ayer alude a acontecimientos que se registraron en 2003, pero que sientan una doctrina que pasaría a aplicarse a Izaskun Bilbao si prospera el proceso de ilegalización de EHAK y se le ordena disolver el grupo parlamentario. El Constitucional recuerda cómo hace cinco años el Supremo anuló cinco acuerdos del Parlamento vasco por los que la Cámara de Vitoria -con los votos de PNV, EA, EB y Sozialista Abertzaleak- advertía a los jueces de que no podía disolver el grupo que representaba a Batasuna porque su reglamento no contemplaba cómo hacerlo. También se negaba a reformar esta normativa interna y rechazaba embargar sus cuentas. El 1 de octubre de 2003, la 'Sala del 61' del alto tribunal restó validez a esos acuerdos parlamentarios y volvió a ordenar la anulación de SA.
El Constitucional subraya que Atutxa, Knörr y Bilbao debieron cumplir la orden que les había dado el Supremo y avala los pasos dados por ese alto tribunal. «La Sala del artículo 61 -señala- no podía dejar de reaccionar frente a una serie de resoluciones parlamentarias manifiestamente contrarias al contenido de una resolución judicial ya irresistible».
El auto de ayer apunta, no obstante, un resquicio legal que podría dar en el futuro cierto margen de maniobra a Izaskun Bilbao, ya que en uno de sus apartados el texto deja entrever ciertas dudas sobre cómo el Supremo ordenó la disolución de SA al Parlamento vasco.
En este sentido, los magistrados señalan que la defensa de Atutxa debió recurrir al Constitucional las primeras decisiones del Supremo, en mayo de 2003, y no esperar a octubre. Al no hacerlo, dejó que la sentencia fuera firme e impidió que el Constitucional entrara de lleno a valorar si la actuación era correcta por completo.
Aclaración de condena
No fue ésta la única resolución sobre el 'caso Atutxa' que se dio a conocer ayer. El Tribunal Supremo suavizó, por otra parte, la condena impuesta a Atutxa, Knörr y Bilbao y aclaró que la inhabilitación para ostentar cargo público impuesta a todos ellos se refiere sólo a la función «de parlamentario», «con todos los honores que le sean anejos». Entiende que el efecto se debe limitar sólo a este puesto porque los delitos «se produjeron ostentando los tres condenados el cargo de miembros electos de un órgano parlamentario». Podrán ocupar, si así lo estiman sus partidos, cualquier responsabilidad en ayuntamientos, diputaciones o el propio Gobierno vasco durante el plazo de la condena.
La aclaración realizada por la 'Sala del 61' cobra especial relevancia para Kontxi Bilbao, la única que aún continúa en la Cámara vasca y que es funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Vitoria. La representante de Ezker Batua deberá renunciar a su escaño durante el año de condena que le corresponde, pero podrá retornar a su empleo en el Consistorio alavés.
Para el resto de condenados este aspecto apenas tiene trascendencia puesto que ambos han dejado la política en activo. Atutxa ocupa la presidencia de la Fundación Sabino Arana, tras renunciar en 2005 a su escaño de parlamentario, y Knörr, se dio de baja de EA en 2006 y ha fijado su residencia en Cataluña. El Supremo mantiene inamovible la multa de 18.000 euros para el representante del PNV y de 12.000 para los otros dos políticos.
Así lo expresa en un auto suscrito por unanimidad en la Sala Segunda del Constitucional y por el que se rechazan de un plumazo seis de los nueve recursos de amparo que hasta el momento había presentado la defensa de Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. La semana pasada el letrado que representa a los tres, Alberto Figueroa, anunció nuevos recursos, que aún están por concretar.
La sentencia hecha pública ayer alude a acontecimientos que se registraron en 2003, pero que sientan una doctrina que pasaría a aplicarse a Izaskun Bilbao si prospera el proceso de ilegalización de EHAK y se le ordena disolver el grupo parlamentario. El Constitucional recuerda cómo hace cinco años el Supremo anuló cinco acuerdos del Parlamento vasco por los que la Cámara de Vitoria -con los votos de PNV, EA, EB y Sozialista Abertzaleak- advertía a los jueces de que no podía disolver el grupo que representaba a Batasuna porque su reglamento no contemplaba cómo hacerlo. También se negaba a reformar esta normativa interna y rechazaba embargar sus cuentas. El 1 de octubre de 2003, la 'Sala del 61' del alto tribunal restó validez a esos acuerdos parlamentarios y volvió a ordenar la anulación de SA.
El Constitucional subraya que Atutxa, Knörr y Bilbao debieron cumplir la orden que les había dado el Supremo y avala los pasos dados por ese alto tribunal. «La Sala del artículo 61 -señala- no podía dejar de reaccionar frente a una serie de resoluciones parlamentarias manifiestamente contrarias al contenido de una resolución judicial ya irresistible».
El auto de ayer apunta, no obstante, un resquicio legal que podría dar en el futuro cierto margen de maniobra a Izaskun Bilbao, ya que en uno de sus apartados el texto deja entrever ciertas dudas sobre cómo el Supremo ordenó la disolución de SA al Parlamento vasco.
En este sentido, los magistrados señalan que la defensa de Atutxa debió recurrir al Constitucional las primeras decisiones del Supremo, en mayo de 2003, y no esperar a octubre. Al no hacerlo, dejó que la sentencia fuera firme e impidió que el Constitucional entrara de lleno a valorar si la actuación era correcta por completo.
Aclaración de condena
No fue ésta la única resolución sobre el 'caso Atutxa' que se dio a conocer ayer. El Tribunal Supremo suavizó, por otra parte, la condena impuesta a Atutxa, Knörr y Bilbao y aclaró que la inhabilitación para ostentar cargo público impuesta a todos ellos se refiere sólo a la función «de parlamentario», «con todos los honores que le sean anejos». Entiende que el efecto se debe limitar sólo a este puesto porque los delitos «se produjeron ostentando los tres condenados el cargo de miembros electos de un órgano parlamentario». Podrán ocupar, si así lo estiman sus partidos, cualquier responsabilidad en ayuntamientos, diputaciones o el propio Gobierno vasco durante el plazo de la condena.
La aclaración realizada por la 'Sala del 61' cobra especial relevancia para Kontxi Bilbao, la única que aún continúa en la Cámara vasca y que es funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Vitoria. La representante de Ezker Batua deberá renunciar a su escaño durante el año de condena que le corresponde, pero podrá retornar a su empleo en el Consistorio alavés.
Para el resto de condenados este aspecto apenas tiene trascendencia puesto que ambos han dejado la política en activo. Atutxa ocupa la presidencia de la Fundación Sabino Arana, tras renunciar en 2005 a su escaño de parlamentario, y Knörr, se dio de baja de EA en 2006 y ha fijado su residencia en Cataluña. El Supremo mantiene inamovible la multa de 18.000 euros para el representante del PNV y de 12.000 para los otros dos políticos.
