CULTURA
El museo delegó en un bufete privado las alegaciones al Tribunal de Cuentas
PP y PSE exigen a las instituciones que desvelen cuántos fondos públicos gastaron en abogados
PARLAMENTO. Carmelo Barrio (PP), flanqueado por Iturmendi y Oyarzábal, el miércoles. / I. AIZPURU
LAS PETICIONES DEL PP
El Guggenheim delegó en un prestigioso bufete privado la contestación a los dos informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) que se han elaborado hasta la fecha sobre el museo. En concreto, 'fichó' al despacho Uría y Menéndez para elaborar las alegaciones al organismo fiscalizador en sus auditorías de los períodos 1991-1998 y 1999-2005. Así lo han subrayado la semana pasada los partidos de la oposición en el Parlamento, a raíz del escándalo por el desfalco y lo que consideran falta de control. Además de cuestionar la contratación de abogados privados para este caso, el Partido Popular y el PSE-EE exigen ahora a las instituciones públicas que financian la pinacoteca que revelen cuántos fondos han gastado en esa contratación. El PP hizo ayer oficial esta petición al presentar en las Juntas Generales de Vizcaya una propuesta para que la Diputación de este territorio desvele «al detalle» los gastos en letrados para «pleitos» con el TVCP.
Populares y socialistas, principales fuerzas de la oposición en el Parlamento, defienden la necesidad de que la institución foral vizcaína y el Gobierno vasco expliquen el coste en letrados, porque son las dos administraciones públicas que financian al Guggenheim en sus tres sociedades: Tenedora, encargada de la compra de obras de arte; Inmobiliaria, propietaria del edificio y el solar; y Fundación, que asume la actividad del museo.
En la solicitud presentada ayer en las Juntas, el apoderado del PP Arturo Aldecoa reclama información sobre la contratación de abogados desde 1997, «detallando letrado por cada pleito, emolumentos cobrados por años y resultado de cada» participación. Los populares tienen previsto llevar la misma petición al Ejecutivo autónomo.
A falta de conocer oficialmente la cantidad gastada en letrados en las alegaciones del museo al Tribunal de Cuentas, la parlamentaria del PSE Isabel Celaá apuntó que se trata de «un dineral». Esta es la expresión que utilizó el miércoles en la comparecencia parlamentaria del director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, y de la consejera de Cultura, Miren Azkarate.
Más control
La contratación de bufetes externos no es práctica extraordinaria en la Administración, aunque se suele emplear más para elaborar un dictamen de apoyo o una consulta jurídica. Por lo general, Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos autónomos disponen de servicios jurídicos propios para afrontar procesos judiciales o informes fiscalizadores con los que discrepan.
Para trabajar la respuesta más de fondo al TVC, el museo recurrió al despacho Uría y Menéndez, con delegación en Bilbao y fundado por Rodrigo Uría -prestigioso abogado mercantil y presidente del Patronato del Museo del Prado hasta su fallecimiento el pasado julio-. Uno de los principales motivos de desencuentro entre el Guggenheim y los auditores fue la naturaleza de la Fundación. El museo sostenía que es una sociedad privada y que, por tanto, no debía exponerse a esa fiscalización. En sus conclusiones, que no son vinculantes, pero sí opinión de peso, el Tribunal defendía el sometimiento del museo a la ley general de contratos, tanto de personal como de bienes y servicios, porque se nutre de fondos públicos.
La necesidad de una mayor transparencia ha sido una petición constante en los partidos de la oposición que se ha renovado tras el desfalco. El PP presentó ayer una propuesta en el Parlamento para aumentar los controles por encima de los que aceptan ahora los gestores políticos del Guggenheim, que acaban de aprobar la integración de la Tenedora e Inmobiliaria en la Fundación. El parlamentario Carmelo Barrio defiende un nuevo reparto accionarial en las dos primeras sociedades, de forma que el Gobierno vasco y la Diputación tengan alternativamente el 51% del capital. De esta manera, los populares pretenden reforzar los controles y obligar a esas instituciones públicas a auditar al Guggenheim en su plan contable anual.
Populares y socialistas, principales fuerzas de la oposición en el Parlamento, defienden la necesidad de que la institución foral vizcaína y el Gobierno vasco expliquen el coste en letrados, porque son las dos administraciones públicas que financian al Guggenheim en sus tres sociedades: Tenedora, encargada de la compra de obras de arte; Inmobiliaria, propietaria del edificio y el solar; y Fundación, que asume la actividad del museo.
En la solicitud presentada ayer en las Juntas, el apoderado del PP Arturo Aldecoa reclama información sobre la contratación de abogados desde 1997, «detallando letrado por cada pleito, emolumentos cobrados por años y resultado de cada» participación. Los populares tienen previsto llevar la misma petición al Ejecutivo autónomo.
A falta de conocer oficialmente la cantidad gastada en letrados en las alegaciones del museo al Tribunal de Cuentas, la parlamentaria del PSE Isabel Celaá apuntó que se trata de «un dineral». Esta es la expresión que utilizó el miércoles en la comparecencia parlamentaria del director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, y de la consejera de Cultura, Miren Azkarate.
Más control
La contratación de bufetes externos no es práctica extraordinaria en la Administración, aunque se suele emplear más para elaborar un dictamen de apoyo o una consulta jurídica. Por lo general, Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos autónomos disponen de servicios jurídicos propios para afrontar procesos judiciales o informes fiscalizadores con los que discrepan.
Para trabajar la respuesta más de fondo al TVC, el museo recurrió al despacho Uría y Menéndez, con delegación en Bilbao y fundado por Rodrigo Uría -prestigioso abogado mercantil y presidente del Patronato del Museo del Prado hasta su fallecimiento el pasado julio-. Uno de los principales motivos de desencuentro entre el Guggenheim y los auditores fue la naturaleza de la Fundación. El museo sostenía que es una sociedad privada y que, por tanto, no debía exponerse a esa fiscalización. En sus conclusiones, que no son vinculantes, pero sí opinión de peso, el Tribunal defendía el sometimiento del museo a la ley general de contratos, tanto de personal como de bienes y servicios, porque se nutre de fondos públicos.
La necesidad de una mayor transparencia ha sido una petición constante en los partidos de la oposición que se ha renovado tras el desfalco. El PP presentó ayer una propuesta en el Parlamento para aumentar los controles por encima de los que aceptan ahora los gestores políticos del Guggenheim, que acaban de aprobar la integración de la Tenedora e Inmobiliaria en la Fundación. El parlamentario Carmelo Barrio defiende un nuevo reparto accionarial en las dos primeras sociedades, de forma que el Gobierno vasco y la Diputación tengan alternativamente el 51% del capital. De esta manera, los populares pretenden reforzar los controles y obligar a esas instituciones públicas a auditar al Guggenheim en su plan contable anual.
