Y es que, pese a que las comunidades afectadas -los bloques 64, 66, 68,70 y 72 de la calle Florida y el número 2 de Pío XII- sabían que la suspensión cautelar del proyecto «se iba a levantar tarde o temprano», los residentes no piensan darse por vencidos. «Esto no terminará hasta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dicte sentencia», declaró ayer a EL CORREO la portavoz vecinal, Rosa Núñez.
La oposición de las familias de los seis bloques afectados por el proyecto de reforma de la plaza de toros viene de atrás. De hecho, se suscitó tan pronto como conocieron los planes de la promotora. Por un lado, alegan que el proyecto de urbanización «incumple radicalmente el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria», del que sus viviendas «quedan fuera», y recuerdan que tampoco se ciñe a «la ley de distancia entre bloques».
Por este motivo, y aun reconociendo que «el Ayuntamiento ha hecho los deberes» al corregir las 270 deficiencias que técnicos municipales encontraron en el proyecto de urbanización de la zona, los afectados anunciaron ayer que seguirán «recurriendo absolutamente todo». Por el momento, y mientras esperan que la Justicia «les dé la razón», los vecinos piden al Ayuntamiento que sea «escrupuloso» a la hora de hacer cumplir el horario de trabajo de los operarios.







