CON GANAS DE HABLAR
Bilbao resta importancia a la exigencia de uniformidad fiscal en Euskadi
Critica la tendencia del Gobierno vasco a absorber competencias forales
ENCUENTRO. El diputado saluda a Juan María Atutxa ante la presencia del presidente de la BBK, Xabier Irala, sentado a la izquierda. / I. PÉREZ
El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, aprovechó ayer su intervención en la conferencia-coloquio de la Fundación Sabino Arana para criticar el excesivo celo aplicado en algunas ocasiones para defender la necesidad de que exista uniformidad en la normativa fiscal vasca. Restó así importancia al hecho de que pueda haber impuestos de sociedades diferentes, como ocurre en estos momentos en el caso de Guipúzcoa y la tributación de las empresas. Por primera vez, un dirigente nacionalista y, más aún, un responsable foral del PNV admite que la manoseada «armonización fiscal» es un objetivo prescindible y que «no es para volvernos locos».
El máximo responsable de la Diputación foral vizcaína puso ejemplos concretos para defender como algo «normal» la posibilidad de un Impuesto de Sociedades distinto dentro de Euskadi. «Si las empresas de Agurain y Altsasu pueden tener diferencias entre sus impuestos de sociedades y no pasa nada, de la misma manera puede ocurrir entre Castro y Muskiz, entre Laguardia y Miranda, entre Irún y Hendaya o entre Eibar y Ermua», dijo.
El mensaje, más allá de ser un pronunciamiento o una reflexión genérica, tiene una enorme carga coyuntural y está dirigido a dos receptores distintos. El primero de ellos, a partidos como el PSE e incluso Eusko Alkartasuna que, dijo sin nombrarles de forma directa, «pueden tener la tentación de intentar regular un impuesto directamente con una Ley del Parlamento vasco». Pero también hay otro destinatario más próximo de ese mensaje: el PNV de Guipúzcoa, que presiona desde hace meses para forzar una nueva revisión global del polémico Impuesto de Sociedades y para conseguir un acuerdo de armonización que sirva para todo el País Vasco. Algo a lo que la Hacienda vizcaína se resiste.
«Si tras realizar todos los esfuerzos de armonización en el Impuesto de Sociedades -advirtió José Luis Bilbao- un territorio decidiera apartarse de lo acordado anteriormente, por problemas de pruritos políticos absolutamente cortoplacistas, tampoco sería para volvernos locos». Con ello vino a advertir de que la Diputación vizcaína no está por la labor de abrir de nuevo el 'melón' de la fiscalidad de las empresas, como reclama de forma insistente el Ejecutivo foral guipuzcoano que lidera Markel Olano.
En su intervención, el dirigente vizcaíno criticó también las imperfecciones que tiene el entramado jurídico del País Vasco y, en especial, la Ley de Territorios Históricos, así como la imposibilidad de las Juntas Generales para aprobar normas con rango de ley, lo que ha generado numerosos problemas, principalmente en el ámbito de la fiscalidad. En esta línea, se refirió a una cierta tendencia 'centralista' por parte del Parlamento vasco que, a su entender, ha contribuido a «alterar la distribución de poderes» entre las instituciones.
Criticó en ese sentido el hecho de que se hayan aprobado leyes en la Cámara de Vitoria que «han modificado competencias de los territorios históricos, sin ningún trámite de acuerdo o negociación, aplicando una trágala institucional ante cambios en la asignación de competencias y siempre en el mismo sentido: quitándoselas a los territorios y asumiéndolas las instituciones comunes». Como ejemplo práctico de esta situación mencionó la aprobación de la Ley del Suelo.
El máximo responsable de la Diputación foral vizcaína puso ejemplos concretos para defender como algo «normal» la posibilidad de un Impuesto de Sociedades distinto dentro de Euskadi. «Si las empresas de Agurain y Altsasu pueden tener diferencias entre sus impuestos de sociedades y no pasa nada, de la misma manera puede ocurrir entre Castro y Muskiz, entre Laguardia y Miranda, entre Irún y Hendaya o entre Eibar y Ermua», dijo.
El mensaje, más allá de ser un pronunciamiento o una reflexión genérica, tiene una enorme carga coyuntural y está dirigido a dos receptores distintos. El primero de ellos, a partidos como el PSE e incluso Eusko Alkartasuna que, dijo sin nombrarles de forma directa, «pueden tener la tentación de intentar regular un impuesto directamente con una Ley del Parlamento vasco». Pero también hay otro destinatario más próximo de ese mensaje: el PNV de Guipúzcoa, que presiona desde hace meses para forzar una nueva revisión global del polémico Impuesto de Sociedades y para conseguir un acuerdo de armonización que sirva para todo el País Vasco. Algo a lo que la Hacienda vizcaína se resiste.
«Si tras realizar todos los esfuerzos de armonización en el Impuesto de Sociedades -advirtió José Luis Bilbao- un territorio decidiera apartarse de lo acordado anteriormente, por problemas de pruritos políticos absolutamente cortoplacistas, tampoco sería para volvernos locos». Con ello vino a advertir de que la Diputación vizcaína no está por la labor de abrir de nuevo el 'melón' de la fiscalidad de las empresas, como reclama de forma insistente el Ejecutivo foral guipuzcoano que lidera Markel Olano.
En su intervención, el dirigente vizcaíno criticó también las imperfecciones que tiene el entramado jurídico del País Vasco y, en especial, la Ley de Territorios Históricos, así como la imposibilidad de las Juntas Generales para aprobar normas con rango de ley, lo que ha generado numerosos problemas, principalmente en el ámbito de la fiscalidad. En esta línea, se refirió a una cierta tendencia 'centralista' por parte del Parlamento vasco que, a su entender, ha contribuido a «alterar la distribución de poderes» entre las instituciones.
Criticó en ese sentido el hecho de que se hayan aprobado leyes en la Cámara de Vitoria que «han modificado competencias de los territorios históricos, sin ningún trámite de acuerdo o negociación, aplicando una trágala institucional ante cambios en la asignación de competencias y siempre en el mismo sentido: quitándoselas a los territorios y asumiéndolas las instituciones comunes». Como ejemplo práctico de esta situación mencionó la aprobación de la Ley del Suelo.
