INVESTIGACIÓN
La oposición exige a la consejera de Cultura que asuma responsabilidades
Miren Azkarate admite que «se ha fallado en el control financiero» de las sociedades del Guggenheim
LA HORA. Azkarate se dirige a la sala de comisiones. / I. AIZPURU
«Señora consejera, hemos estado sorprendidos por su resistencia activa al control efectivo de las sociedades Inmobiliaria y Tenedora del Guggenheim; hoy, nos sentimos estupefactos por su falta de autocrítica, como si lo ocurrido fuera un accidente... ¿Se siente responsable política del desfalco?, ¿o se considera irresponsable?».
Isabel Celaá, portavoz del PSE en la comisión de Cultura del Parlamento vasco, se mostró ayer contundente con la titular del departamento, la peneuvista Miren Azkarate, al rendir ésta explicaciones, a petición propia, junto a Juan Ignacio Vidarte, sobre su actuación al frente de la empresa que gestiona las adquisiciones para el museo. «Siento una gran repugnancia al ver los bienes de todos los vascos y vascas tan mal guardados», espetó la socialista.
A la sesión acudieron todos los partidos, excepto IU-EB; lo hizo incluso Itziar Basterrika, de EHAK, grupo que había prestado hasta ahora muy poca atención a las cosas del Guggenheim. Y la oposición en pleno coincidió ayer en exigir responsabilidades políticas a Azkarate, debido a las manifiestas deficiencias en el control de las citadas sociedades; también hubo quien se las pidió por la falta de transparencia con las compras, sólo rota en noviembre de 2006.
La presidenta
La consejera no se dio por aludida. Reconoció que «se ha fallado en el control financiero» de las sociedades. En su opinión, «la responsabilidad de las personas que están en los consejos es la de mirar las cuentas, los balances; pero en un consejo es muy difícil detectar las irregularidades que se maquillan. Ahí están también los informes del Tribunal de Cuentas. Lo que aquí ha habido -insistió- es una persona que ha traicionado la confianza que había depositada en ella, y lo que hemos hecho es denunciar las irregularidades en cuanto las hemos detectado; la actividad de los consejos ha estado debidamente ejercida».
Azkarate, que ratificó la nueva forma de fiscalizar la Tenedora y la Inmobiliaria anunciada por la Diputación de Vizcaya por la mañana, se manifestó dispuesta a «seguir reflexionando» para mejorar los controles y la supervisión de las compras de arte; una actividad en la que las instituciones han invertido 96 millones de euros, incluida la anualidad de este año, en el inicio de un nuevo plan cuatrienal de adquisiciones.
Idoia Cuadra, de EA, socio del Tripartito, manifestó sus dudas sobre las explicaciones de Azkarate y Vidarte sobre el caso Cearsolo: «Sorprende lo que ha sucedido, que dispusiera incluso de los códigos de firma telemáticos, y está claro que es necesario mejorar los controles».
Los requerimientos a Azkarate se sucedieron. «Señor Carmelo Barrio, no tengo ningún problema en que se cree la comisión de investigación que usted quiera», contestó la consejera, en tono conciliador, a la petición realizada en este sentido por el portavoz del PP, que la había acusado de ser responsable de la histórica resistencia de la Tenedora a dejarse fiscalizar plenamente por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).
Barrio sostuvo que no ha habido suficiente celo en la gestión de aquellas sociedades y pidió que sea ahora el Parlamento quien «se ponga a la cabeza en la reparación del daño causado al buen nombre del museo». Con lo que ha pasado aquí, proclamó, «en cualquier empresa no se sostendrían los consejeros».
Una pena
Leire Corrales, por el PNV, expresó «una gran pena» por lo sucedido; «ahora -dijo- hay que tomar medidas que antes no había, y se hace cuando se descubre el problema; pero el Gobierno y la Diputación han jugado siempre con transparencia».
Por su parte, Aintzane Ezenarro, de Aralar, constató que «tiene que haber mucho más control», y preguntó: «¿dónde queda la responsabilidad política?; habiendo fondos públicos, está claro que la hay». Isabel Celaá se quejó de las «explicaciones insuficientes y superficiales» de la consejera. «Ahora vamos a hablar en serio: ¿quién es el responsable de que hayan fallado los controles?».
Frente a estas recriminaciones, Azkarate quiso cerrar su comparecencia con una defensa, aún ayer, de que sea la Tenedora la que diga al Tribunal de Cuentas hasta dónde se la puede auditar. «No es resistencia a que sean fiscalizadas, sino discrepancias de criterio sobre qué cosas sí y qué cosas no, en unas empresas que, por la ley de sociedades limitadas, no tienen obligación de auditarse; no son públicas».
Isabel Celaá, portavoz del PSE en la comisión de Cultura del Parlamento vasco, se mostró ayer contundente con la titular del departamento, la peneuvista Miren Azkarate, al rendir ésta explicaciones, a petición propia, junto a Juan Ignacio Vidarte, sobre su actuación al frente de la empresa que gestiona las adquisiciones para el museo. «Siento una gran repugnancia al ver los bienes de todos los vascos y vascas tan mal guardados», espetó la socialista.
A la sesión acudieron todos los partidos, excepto IU-EB; lo hizo incluso Itziar Basterrika, de EHAK, grupo que había prestado hasta ahora muy poca atención a las cosas del Guggenheim. Y la oposición en pleno coincidió ayer en exigir responsabilidades políticas a Azkarate, debido a las manifiestas deficiencias en el control de las citadas sociedades; también hubo quien se las pidió por la falta de transparencia con las compras, sólo rota en noviembre de 2006.
La presidenta
La consejera no se dio por aludida. Reconoció que «se ha fallado en el control financiero» de las sociedades. En su opinión, «la responsabilidad de las personas que están en los consejos es la de mirar las cuentas, los balances; pero en un consejo es muy difícil detectar las irregularidades que se maquillan. Ahí están también los informes del Tribunal de Cuentas. Lo que aquí ha habido -insistió- es una persona que ha traicionado la confianza que había depositada en ella, y lo que hemos hecho es denunciar las irregularidades en cuanto las hemos detectado; la actividad de los consejos ha estado debidamente ejercida».
Azkarate, que ratificó la nueva forma de fiscalizar la Tenedora y la Inmobiliaria anunciada por la Diputación de Vizcaya por la mañana, se manifestó dispuesta a «seguir reflexionando» para mejorar los controles y la supervisión de las compras de arte; una actividad en la que las instituciones han invertido 96 millones de euros, incluida la anualidad de este año, en el inicio de un nuevo plan cuatrienal de adquisiciones.
Idoia Cuadra, de EA, socio del Tripartito, manifestó sus dudas sobre las explicaciones de Azkarate y Vidarte sobre el caso Cearsolo: «Sorprende lo que ha sucedido, que dispusiera incluso de los códigos de firma telemáticos, y está claro que es necesario mejorar los controles».
Los requerimientos a Azkarate se sucedieron. «Señor Carmelo Barrio, no tengo ningún problema en que se cree la comisión de investigación que usted quiera», contestó la consejera, en tono conciliador, a la petición realizada en este sentido por el portavoz del PP, que la había acusado de ser responsable de la histórica resistencia de la Tenedora a dejarse fiscalizar plenamente por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).
Barrio sostuvo que no ha habido suficiente celo en la gestión de aquellas sociedades y pidió que sea ahora el Parlamento quien «se ponga a la cabeza en la reparación del daño causado al buen nombre del museo». Con lo que ha pasado aquí, proclamó, «en cualquier empresa no se sostendrían los consejeros».
Una pena
Leire Corrales, por el PNV, expresó «una gran pena» por lo sucedido; «ahora -dijo- hay que tomar medidas que antes no había, y se hace cuando se descubre el problema; pero el Gobierno y la Diputación han jugado siempre con transparencia».
Por su parte, Aintzane Ezenarro, de Aralar, constató que «tiene que haber mucho más control», y preguntó: «¿dónde queda la responsabilidad política?; habiendo fondos públicos, está claro que la hay». Isabel Celaá se quejó de las «explicaciones insuficientes y superficiales» de la consejera. «Ahora vamos a hablar en serio: ¿quién es el responsable de que hayan fallado los controles?».
Frente a estas recriminaciones, Azkarate quiso cerrar su comparecencia con una defensa, aún ayer, de que sea la Tenedora la que diga al Tribunal de Cuentas hasta dónde se la puede auditar. «No es resistencia a que sean fiscalizadas, sino discrepancias de criterio sobre qué cosas sí y qué cosas no, en unas empresas que, por la ley de sociedades limitadas, no tienen obligación de auditarse; no son públicas».
