GENERAL
De la Vega censura que a Barcelona se le humille por «algo que Valencia ya tiene»
El Gobierno aprueba las obras del 'minitrasvase', que se construirá en seis meses y costará 180 millones de euros Alcaldes del PP crean una plataforma de protesta en Levante
19.04.08 -
SEQUÍA. Imagen captada ayer del río Llobregat a su paso por la localidad de Sant Boi, con el cauce sin apenas agua. / EFE
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, juzgó ayer «lamentable» que se haya tratado de «humillar» a Barcelona por algo, una «conducción de agua» en una situación de emergencia, «que Valencia ya tiene» y que es equivalente a otras medidas tomadas también con anterioridad en Benidorm, Murcia, Almería o Alicante. Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero de la legislatura, en el que el Gobierno aprobó el Real Decreto que refrendó el 'minitrasvase' del Ebro pactado el martes pasado por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y la Generalitat.
De la Vega trató de hacer pedagogía en torno al principal reto político de la legislatura y anunció que iba a explicar «en cinco puntos y de manera gráfica y sencilla» la decisión del Gobierno, muy criticada desde las filas del PP y, en especial, desde las regiones de Valencia y Murcia.
La vicepresidente aclaró en primer lugar que se trata de una «solución de emergencia», dado que si persiste la sequía y no se actúa, cinco millones de barceloneses se quedarán sin agua de beber, lo que sería «irresponsable». A renglón seguido destacó la «ausencia de impacto sobre el caudal del Ebro», de cuyo caudal «no se va a extraer ni una gota» dado que se trata de agua ya desviada a Tarragona. De la Vega insistió en que es una «solución temporal» y enfatizó que tiene precedentes, entre los que citó las conducciones de emergencia hacia Valencia o Benidorm en anteriores épocas de sequía. Por último, la 'número dos' del Gobierno subrayó que «no estamos hablando de un trasvase, sino de una conducción de agua». Como argumentación para esta diferencia semántica aportó un informe de la Abogacía del Estado que detalla que se trata de una medida de «extrema necesidad, que «no es una trasvase» y que es «perfectamente constitucional».
Las obras podrían estar terminadas en octubre, después de una inversión de 180 millones de euros que serán sufragados por el Estado dentro del capítulo de fondos para infraestructuras contemplados en el Estatut. La conducción, de 62 kilómetros, unirá Tarragona con Abrera (Barcelona) a través del actual trazado de la autopista AP-7, por lo que tampoco se atribuyó al proyecto ningún impacto ambiental relevante. La previsión es que el conducto lleve unos 50 hectómetros cúbicos de líquido. En junio de 2009, este método de abastecimiento será sustituido por la desalinizadora de El Prat, que aportará 60 hectómetros cúbicos anuales. La infraestructura, cuyas obras están en manos de la Generalitat, acumula retraso.
Regiones «agraviadas»
Lejos de amainar, la tormenta política ligada al trasvase tiene visos de crecer en las próximas fechas impulsada sobre todo desde las regiones de Valencia y Murcia, que se consideran «agraviadas» por la decisión gubernamental. Un día después de que los presidentes de ambas autonomías amenazaran con acudir al Tribunal Constitucional para reclamar también agua del Ebro, un grupo de alcaldes anunciaron la constitución de una plataforma a través de la que pretenden expresar la «rabia e indignación» que sienten ante «el desprecio y el olvido» al que les somete el Gobierno.
El vicepresidente y portavoz del Consell valenciano, Vicente Rambla, fue el encargado de anunciar la formación del grupo de presión, aunque eludió más detalles acerca de su composición y futuras acciones. Como precedente, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP) anunció que se reunirá la próxima semana con los regidores de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia para elaborar un documento conjunto y pedir al Ejecutivo que reconsidere su negativa a trasvasar agua del Ebro al arco mediterráneo. La plataforma se denominará 'Alcaldes por el agua' y, según la regidora valenciana, Rita Barberá, protestará ante una actuación «propia de auténticos dictadores».
De la Vega trató de hacer pedagogía en torno al principal reto político de la legislatura y anunció que iba a explicar «en cinco puntos y de manera gráfica y sencilla» la decisión del Gobierno, muy criticada desde las filas del PP y, en especial, desde las regiones de Valencia y Murcia.
La vicepresidente aclaró en primer lugar que se trata de una «solución de emergencia», dado que si persiste la sequía y no se actúa, cinco millones de barceloneses se quedarán sin agua de beber, lo que sería «irresponsable». A renglón seguido destacó la «ausencia de impacto sobre el caudal del Ebro», de cuyo caudal «no se va a extraer ni una gota» dado que se trata de agua ya desviada a Tarragona. De la Vega insistió en que es una «solución temporal» y enfatizó que tiene precedentes, entre los que citó las conducciones de emergencia hacia Valencia o Benidorm en anteriores épocas de sequía. Por último, la 'número dos' del Gobierno subrayó que «no estamos hablando de un trasvase, sino de una conducción de agua». Como argumentación para esta diferencia semántica aportó un informe de la Abogacía del Estado que detalla que se trata de una medida de «extrema necesidad, que «no es una trasvase» y que es «perfectamente constitucional».
Las obras podrían estar terminadas en octubre, después de una inversión de 180 millones de euros que serán sufragados por el Estado dentro del capítulo de fondos para infraestructuras contemplados en el Estatut. La conducción, de 62 kilómetros, unirá Tarragona con Abrera (Barcelona) a través del actual trazado de la autopista AP-7, por lo que tampoco se atribuyó al proyecto ningún impacto ambiental relevante. La previsión es que el conducto lleve unos 50 hectómetros cúbicos de líquido. En junio de 2009, este método de abastecimiento será sustituido por la desalinizadora de El Prat, que aportará 60 hectómetros cúbicos anuales. La infraestructura, cuyas obras están en manos de la Generalitat, acumula retraso.
Regiones «agraviadas»
Lejos de amainar, la tormenta política ligada al trasvase tiene visos de crecer en las próximas fechas impulsada sobre todo desde las regiones de Valencia y Murcia, que se consideran «agraviadas» por la decisión gubernamental. Un día después de que los presidentes de ambas autonomías amenazaran con acudir al Tribunal Constitucional para reclamar también agua del Ebro, un grupo de alcaldes anunciaron la constitución de una plataforma a través de la que pretenden expresar la «rabia e indignación» que sienten ante «el desprecio y el olvido» al que les somete el Gobierno.
El vicepresidente y portavoz del Consell valenciano, Vicente Rambla, fue el encargado de anunciar la formación del grupo de presión, aunque eludió más detalles acerca de su composición y futuras acciones. Como precedente, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP) anunció que se reunirá la próxima semana con los regidores de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia para elaborar un documento conjunto y pedir al Ejecutivo que reconsidere su negativa a trasvasar agua del Ebro al arco mediterráneo. La plataforma se denominará 'Alcaldes por el agua' y, según la regidora valenciana, Rita Barberá, protestará ante una actuación «propia de auténticos dictadores».
