
La plataforma presentará la próxima semana en la delegación de Educación del Gobierno vasco las más de 400 objeciones de conciencia recogidas en colegios e institutos de toda la comunidad autónoma en los últimos meses como primera medida de presión para evitar que sus hijos reciban clases de Educación para la Ciudadanía al entender que «contiene una fuerte carga ideológica y moral» con la que no están de acuerdo.
Según explicó De Miguel, «la agrupación no tiene otro objetivo que crear en la sociedad en general y en los padres en particular los elementos de juicio necesarios para que la postura que adopten respecto a la asignatura sea lo más razonada posible». No obstante, la dirección de la plataforma invitó a todos los progenitores que se niegan a que sus hijos reciban clases de Educación para la Ciudadanía a que se declaren objetores de conciencia de la materia. «Ninguna reforma educativa puede llevarse adelante con la oposición de los padres. Los hijos no son de los profesores ni del Estado», subrayaron.
La inclusión de la materia ha desatado una gran polémica. Tanto es así que la Conferencia Episcopal llegó a advertir en su día de que enseñar la asignatura a los escolares es «colaborar con el mal», mientras que el Ministerio de Educación acusa a los objetores de «desobediencia civil a las leyes» y asegura que la objeción conducirá a una «situación complicada» desde el punto de vista jurídico.
De momento, 341 familias vizcaínas y guipuzcoanas han recurrido a la vía ordinaria a través de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior para impugnar el decreto que regula la asignatura. A su vez, una docena de padres interpuso recursos invocando la protección de los derechos fundamentales, al tratarse de un trámite más rápido. «No queremos que a nuestros hijos les cuenten historias donde dos príncipes se conocen y se enamoran. La formación moral pertenece a la esfera íntima».






