DESFALCO EN EL GUGGENHEIM
Vidarte: «Me arrepiento de no habernos sometido a más auditorías»
El director del museo reconsidera ahora la hermética gestión impuesta por las instituciones en la empresa instrumental que realiza las compras de arte para el Guggenheim Bilbao
EQUIPO. Xabier Pérez, Alicia Martínez, Roberto Cearsolo, Garbiñe Urrutikoetxea, Petra Joos, Arantxa Odiaga y Juan Ignacio Vidarte. / M. ATRIO
-¿Se arrepiente de no haber sometido a la Sociedad Tenedora a más auditorías?
-Sí, claro; visto lo visto, claro que me arrepiento de no habernos sometido a más auditorías de las que hemos tenido, aunque esto no nos hubiese garantizado descubrir estas irregularidades; ni el propio Tribunal de Cuentas las detectó en sus fiscalizaciones. Pero cuantos más controles, mejor, sin duda», respondió ayer Juan Ignacio Vidarte, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la denuncia por desfalco contra el director financiero del Guggenheim Bilbao, Roberto Cearsolo.
La sociedad Tenedora, empresa instrumental de carácter limitado del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, que se encarga de las compras de arte para el museo, sólo se sometió a auditorías privadas en 1995, 1996 y 1997; dejó de auditarse en 1998... Hasta el año pasado, en que volvió a hacerlo tras descubrirse la ruinosa operación de cambio de divisas de 2002 a 2005 en que perdió, que se sepa hasta ahora, unos 6 millones de euros. En lo sucesivo, según decidió el Parlamento vasco el 14 de marzo, no deberá dejar de hacerlo jamás.
El Gobierno tripartito se ha visto obligado a aceptar las exigencias de la oposición, y en concreto del PSE, de mayores transparencia y garantías en la gestión del dinero público dedicado a las compras del Guggenheim -90 millones de euros de 1995 a 2007- acaparada por la Tenedora y su consejo de administración, copado siempre por cargos públicos del PNV y presidido por la titular de la consejería de Cultura.
Ya la elección del carácter jurídico de sociedad limitada para la Tenedora -una figura más pensada para las empresas familiares- fue en su día polémica y a él se han acogido sus responsables durante años para mantener la opacidad de su gestión.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que sólo ha auditado los números de la Tenedora cada siete u ocho años, ya advirtió en su primer informe, en 2001, que abarcaba el periodo 1991-1998, «problemas de control económico financiero». Según su dictamen, la Tenedora «no se integra en el concepto de sociedad pública de ninguna de las administraciones intervinientes», ya que el Gobierno vasco y la Diputación foral decidieron ir en esta operación exactamente al 50%. Vidarte aseguró entonces que se hizo así «para que no haya ningún problema en cuanto a la titularidad de las obras de arte». El caso es que de esa manera se impedía que hubiera un control concreto y anual sobre las cuentas de esa empresa instrumental por parte de una de las dos instituciones, la que tuviera mayoría del capital; no era necesario más para ofrecer garantías y controles en la gestión.
Todavía en el invierno del año pasado, el Gobierno tripartito se negaba a reconsiderar la configuración jurídica tanto de la sociedad Inmobiliaria como de la Tenedora, tal como el PP había propuesto; el Ejecutivo desoía así la recomendación del TVCP de convertir estas sociedades en anónimas, obligadas a rendir oportunas cuentas a sus socios.
Operación ruinosa
Las resistencias a un mayor control por parte de las cámaras de representación popular han sido una constante por parte de los responsables políticos; hoy es el día en que el Parlamento sigue sin conocer el contrato con el BBVA de la compra de dólares por adelantado en el periodo 2002-2005, que se saldó con pérdidas millonarias por realizarse a un tipo de cambio concertado, con la equivocada perspectiva de que la moneda norteamericana siempre estaría por encima del euro.
En ese periodo, la empresa Tenedora comprometió el valor de hasta 27,7 millones de euros para costear en buena parte las obras de Richard Serra, en una operación que sólo en algunos momentos le permitió comprar dólares al precio de mercado; lo demás fue perder y perder, hasta más de 6 millones computados hasta la fecha, mientras el euro, la moneda original de los fondos públicos, subía y subía por encima del dólar.
En 2002 y 2003, la Tenedora computó hasta 2,23 millones de euros como pérdidas; sin embargo, en 2004 y 2005, solapó las diferencias de cambio, que aumentaron hasta 3,80 millones, como aumento del coste de las obras de arte, acogiéndose a una norma excepcional del Plan General de Contabilidad. Pero el Tribunal de Cuentas, al repasar los precios de las obras de arte compradas en ese periodo, desarmó el artificio contable.
Tampoco se conocía hasta ayer quién es el gerente o responsable ejecutivo de la sociedad Tenedora. Según explicó Vidarte en la rueda de prensa, no existe una gerencia como tal, sino que él mismo es el responsable ejecutivo de la Tenedora, en calidad de apoderado, mientras que el denunciado Roberto Cearsolo «tenía las facultades de administración y control de las dos sociedades ( Tenedora e Inmobiliaria); no existe un gerente como tal», insistió.
-Sí, claro; visto lo visto, claro que me arrepiento de no habernos sometido a más auditorías de las que hemos tenido, aunque esto no nos hubiese garantizado descubrir estas irregularidades; ni el propio Tribunal de Cuentas las detectó en sus fiscalizaciones. Pero cuantos más controles, mejor, sin duda», respondió ayer Juan Ignacio Vidarte, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la denuncia por desfalco contra el director financiero del Guggenheim Bilbao, Roberto Cearsolo.
La sociedad Tenedora, empresa instrumental de carácter limitado del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, que se encarga de las compras de arte para el museo, sólo se sometió a auditorías privadas en 1995, 1996 y 1997; dejó de auditarse en 1998... Hasta el año pasado, en que volvió a hacerlo tras descubrirse la ruinosa operación de cambio de divisas de 2002 a 2005 en que perdió, que se sepa hasta ahora, unos 6 millones de euros. En lo sucesivo, según decidió el Parlamento vasco el 14 de marzo, no deberá dejar de hacerlo jamás.
El Gobierno tripartito se ha visto obligado a aceptar las exigencias de la oposición, y en concreto del PSE, de mayores transparencia y garantías en la gestión del dinero público dedicado a las compras del Guggenheim -90 millones de euros de 1995 a 2007- acaparada por la Tenedora y su consejo de administración, copado siempre por cargos públicos del PNV y presidido por la titular de la consejería de Cultura.
Ya la elección del carácter jurídico de sociedad limitada para la Tenedora -una figura más pensada para las empresas familiares- fue en su día polémica y a él se han acogido sus responsables durante años para mantener la opacidad de su gestión.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que sólo ha auditado los números de la Tenedora cada siete u ocho años, ya advirtió en su primer informe, en 2001, que abarcaba el periodo 1991-1998, «problemas de control económico financiero». Según su dictamen, la Tenedora «no se integra en el concepto de sociedad pública de ninguna de las administraciones intervinientes», ya que el Gobierno vasco y la Diputación foral decidieron ir en esta operación exactamente al 50%. Vidarte aseguró entonces que se hizo así «para que no haya ningún problema en cuanto a la titularidad de las obras de arte». El caso es que de esa manera se impedía que hubiera un control concreto y anual sobre las cuentas de esa empresa instrumental por parte de una de las dos instituciones, la que tuviera mayoría del capital; no era necesario más para ofrecer garantías y controles en la gestión.
Todavía en el invierno del año pasado, el Gobierno tripartito se negaba a reconsiderar la configuración jurídica tanto de la sociedad Inmobiliaria como de la Tenedora, tal como el PP había propuesto; el Ejecutivo desoía así la recomendación del TVCP de convertir estas sociedades en anónimas, obligadas a rendir oportunas cuentas a sus socios.
Operación ruinosa
Las resistencias a un mayor control por parte de las cámaras de representación popular han sido una constante por parte de los responsables políticos; hoy es el día en que el Parlamento sigue sin conocer el contrato con el BBVA de la compra de dólares por adelantado en el periodo 2002-2005, que se saldó con pérdidas millonarias por realizarse a un tipo de cambio concertado, con la equivocada perspectiva de que la moneda norteamericana siempre estaría por encima del euro.
En ese periodo, la empresa Tenedora comprometió el valor de hasta 27,7 millones de euros para costear en buena parte las obras de Richard Serra, en una operación que sólo en algunos momentos le permitió comprar dólares al precio de mercado; lo demás fue perder y perder, hasta más de 6 millones computados hasta la fecha, mientras el euro, la moneda original de los fondos públicos, subía y subía por encima del dólar.
En 2002 y 2003, la Tenedora computó hasta 2,23 millones de euros como pérdidas; sin embargo, en 2004 y 2005, solapó las diferencias de cambio, que aumentaron hasta 3,80 millones, como aumento del coste de las obras de arte, acogiéndose a una norma excepcional del Plan General de Contabilidad. Pero el Tribunal de Cuentas, al repasar los precios de las obras de arte compradas en ese periodo, desarmó el artificio contable.
Tampoco se conocía hasta ayer quién es el gerente o responsable ejecutivo de la sociedad Tenedora. Según explicó Vidarte en la rueda de prensa, no existe una gerencia como tal, sino que él mismo es el responsable ejecutivo de la Tenedora, en calidad de apoderado, mientras que el denunciado Roberto Cearsolo «tenía las facultades de administración y control de las dos sociedades ( Tenedora e Inmobiliaria); no existe un gerente como tal», insistió.
