
Hace seis años, el tope de renta para acceder las viviendas de protección oficial era de 33.100 euros y el mínimo, de 9.000. Seis años después, la consejería de Vivienda ha dejado la horquilla entre 33.000 y 9.000 euros, pese a que, según explicó Jesús Loza, el IPC acumulado ha sido del 16,8% durante ese periodo. Precisamente, una de las críticas que recibe el sistema de adjudicación de pisos protegidos es que deja fuera de los sorteos a miles de jóvenes que, por ingresar al año un poco más de 33.100 euros, tenían que acudir al mercado libre. Los socialistas estiman que, con el nuevo decreto, los excluidos serán todavía más.
Mantener la cobertura
«No tenemos ningún problema en que se congelen los ingresos mínimos, porque eso va a suponer que más personas puedan acceder a una VPO -declaró Loza-; pero no podemos aceptar que una parte de nuestros conciudadanos y, entre ellos muchos jóvenes, ni siquiera podrán participar en el sorteo de las VPO de régimen general».
Por ese motivo, el PSE exige que el máximo de la horquilla de renta «se deflacte con la inflación» para que «la cobertura no varíe en términos reales». A su modo de ver, el retoque aplicado ahora por el Gobierno vasco -que coincidirá este año con una subida extraordinaria del precio de las VPO de entre un 7%y un 8%- es un «subterfugio» que sólo pretende «reducir las listas de espera de Etxebide».
En realidad, el nuevo decreto de la consejería de Vivienda ofrece a los aspirantes que queden excluidos de las VPO otra horquilla de entre 12.000 y 43.000 euros para optar a los pisos tasados, una modalidad de inmueble protegido que es algo más cara que la anterior y que impulsan, sobre todo, la Diputación de Vizcaya y varios ayuntamientos de ese territorio histórico.
De todos modos, el PSE-EE considera que la inclusión de los pisos tasados en el decreto es positiva, así como la de los alojamientos dotacionales. También apoya la creación del Registro de Viviendas de Protección Pública y aprueba que en las futuras estadísticas aparezcan «de forma explícita» las viviendas promovidas por los ayuntamientos, ya que hasta ahora aparecían en el epígrafe de 'promoto- res privados'.
No obstante, puntualizó Jesús Loza, «nos preocupa que el primer desarrollo de la Ley del Suelo (el decreto de las VPO) se haya producido dos años después de su aprobación, con un evidente retraso; al igual que nos preocupa profundamente que el proyecto de ley de Vivienda todavía no haya sido aprobado por el Gobierno vasco».






