GENERAL
Los colegios negocian con Educación el pago de todos sus gastos por cumplir el currículum
Las patronales de la red concertada reclaman la financiación completa para poder hacer frente a los nuevos retos del sistema educativo La propuesta fija que se asumirá la totalidad de los presupuestos en 2012
RED PRIVADA. Un grupo de niños juega en el patio de un colegio concertado de Vizcaya. / IGNACIO PÉREZ
La patronal de los centros religiosos, Kristau Eskola, y las ikastolas privadas negocian con el Departamento de Educación un acuerdo con el que se alcanzaría la financiación completa de la red concertada en un plazo de cuatro años. El Gobierno vasco subvenciona ahora a los colegios con más de 500 millones de euros al año, una partida con la que cubren cerca del 60% de sus gastos reales. Las patronales de la privada argumentan que necesitan la financiación pública total para «lograr los objetivos» que plantea el nuevo currículum, entre ellos el impulso a la euskaldunización, según detalla el documento en manos de la consejería de Tontxu Campos y al que ha tenido acceso EL CORREO. En el convenio se comprometen a someterse a evaluaciones para demostrar que consiguen las metas fijadas por el sistema educativo.
El anterior concierto económico había finalizado y tocaba negociar un nuevo pacto. Las conversaciones entre las patronales de la red privada y la consejería comenzaron hace meses y han coincidido con un momento de conflicto en la enseñanza por la puesta en marcha del decreto de currículum vasco, al que se oponen PP y PSE y que está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por establecer el euskera como lengua principal en la escuela. El decreto, que marca como una de sus principales aspiraciones la consecución de un nivel en lengua vasca al acabar la Secundaria similar al 'first' de inglés, ha empujado a muchos colegios a suprimir aulas de castellano antes de que se apruebe la ley de reforma de los modelos que prepara el departamento.
La red concertada se juega su futuro con este plan de financiación, ya que sin los fondos públicos no podría subsistir. Sin embargo, Kristau Eskola y las ikastolas se enfrentaban a la negociación con la consejería desde una buena posición. Las dos potentes patronales de la enseñanza privada -acogen a más de la mitad de los alumnos vascos- son los cerebros e impulsores del currículum en vigor en el sistema educativo de la comunidad, un documento donde se recoge lo que debe aprender un escolar en Euskadi hasta los 16 años y con el que el equipo de Tontxu Campos quiere avanzar en la euskaldunización del alumnado. Había, por tanto, una coincidencia de metas entre Educación y los principales patrones de los colegios 'de pago'.
Fruto de estos meses de contactos es el borrador de acuerdo que tiene el consejero de EA encima de la mesa y con el que el Gobierno vasco y los colegios e ikastolas privadas trabajan en la actualidad. El documento detalla las aportaciones que debería hacer la Administración a los centros para cubrir todo su presupuesto, que se desembolsarían de forma gradual desde este año hasta lograr la financiación plena en enero de 2012. Permitiría subvencionar a los colegios, por primera vez, en sus etapas no obligatorias: Infantil y Bachillerato, que hasta ahora no disfrutan de conciertos.
Consenso social
No es un simple plan financiero. El borrador de este acuerdo, que sería pionero en España, argumenta las razones por las que la red concertada necesita ahora más dinero y, a la vez, avala la política educativa del departamento en manos de Eusko Alkartasuna. El convenio señala que los principales objetivos que plantea el nuevo currículum, como la normalización lingüística, la autonomía de los centros o el tratamiento de la diversidad, exigirán «un notable esfuerzo» a los colegios. Apunta que los retos sólo se podrán conseguir si «se dispone de los medios adecuados». «El marco sobre el que se basa el actual modelo de financiación de los centros concertados de nuestro sistema educativo es insuficiente para afrontar las necesidades presentes y futuras a medio plazo», indica la propuesta. El «eje esencial» del acuerdo es, detalla el plan, que la financiación pública «cubra todas las necesidades reales de los colegios», una condición que consideran «imprescindible» para lograr las metas marcadas por el departamento.
¿Por qué ahora? Es el momento adecuado para dar este paso hacia la financiación plena, según los términos de la propuesta, por el «amplio consenso social» logrado en la enseñanza en Euskadi. «La implicación de los diversos agentes educativos, su respaldo al nuevo currículum y la convergencia de ideas en los fines fundamentan el acuerdo», indica el texto. Se dan por tanto las circunstancias que justifican ahora «un pacto social como éste».
El borrador de convenio establece mecanismos de control. Educación se compromete a «realizar todas las actuaciones precisas para garantizar la cobertura presupuestaria». Por su parte, los colegios e ikastolas adquieren un compromiso de «transparencia» en la utilización del dinero que les asigne el Ejecutivo, por lo que auditarán sus cuentas y presentarán sus resultados a las instituciones encargadas del control.
La iniciativa introduce también la obligación de los colegios de someterse a evaluaciones de los resultados conseguidos en función de los fondos recibidos. Esas pruebas medirán si alcanzan los objetivos del sistema educativo vasco referidos, en concreto, a la «euskaldunización, integración y tratamiento de las necesidades especiales y la inmigración, la calidad de enseñanza, la cohesión social y la equidad».
El Gobierno vasco y los centros de la red concertada crearán una comisión de seguimiento de este acuerdo. Este órgano estará formado por personas designadas por el Departamento de Educación, por las patronales de mayor peso en la enseñanza concertada -ikastolas y Kristau Eskola- y por las organizaciones sindicales mayoritarias.
Igualar con la pública
El pacto es muy goloso para la red privada. Supondría la equiparación de sueldos de los profesores con los docentes de la pública, una de las principales reivindicaciones del sector, y la incorporación de muchas de las mejoras laborales de las que disfrutan los funcionarios e interinos que dependen de la Administración.
El acuerdo permitiría también a los colegios concertados jugar en igualdad de condiciones con la escuela pública, que dispone de más medios. El Ejecutivo autónomo financiaría en la red privada, además de las tareas docentes, funciones de tutoría, orientación, innovación educativa, refuerzos lingüísticos, biblioteca y orientación pedagógica, entre otros; y establecería los ratios profesor-alumno ajustados a sus necesidades reales. Se trata de que el Gobierno vasco acepte la reclamación que hacen los colegios desde hace años: «a igual servicio, igual dinero».
El anterior concierto económico había finalizado y tocaba negociar un nuevo pacto. Las conversaciones entre las patronales de la red privada y la consejería comenzaron hace meses y han coincidido con un momento de conflicto en la enseñanza por la puesta en marcha del decreto de currículum vasco, al que se oponen PP y PSE y que está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por establecer el euskera como lengua principal en la escuela. El decreto, que marca como una de sus principales aspiraciones la consecución de un nivel en lengua vasca al acabar la Secundaria similar al 'first' de inglés, ha empujado a muchos colegios a suprimir aulas de castellano antes de que se apruebe la ley de reforma de los modelos que prepara el departamento.
La red concertada se juega su futuro con este plan de financiación, ya que sin los fondos públicos no podría subsistir. Sin embargo, Kristau Eskola y las ikastolas se enfrentaban a la negociación con la consejería desde una buena posición. Las dos potentes patronales de la enseñanza privada -acogen a más de la mitad de los alumnos vascos- son los cerebros e impulsores del currículum en vigor en el sistema educativo de la comunidad, un documento donde se recoge lo que debe aprender un escolar en Euskadi hasta los 16 años y con el que el equipo de Tontxu Campos quiere avanzar en la euskaldunización del alumnado. Había, por tanto, una coincidencia de metas entre Educación y los principales patrones de los colegios 'de pago'.
Fruto de estos meses de contactos es el borrador de acuerdo que tiene el consejero de EA encima de la mesa y con el que el Gobierno vasco y los colegios e ikastolas privadas trabajan en la actualidad. El documento detalla las aportaciones que debería hacer la Administración a los centros para cubrir todo su presupuesto, que se desembolsarían de forma gradual desde este año hasta lograr la financiación plena en enero de 2012. Permitiría subvencionar a los colegios, por primera vez, en sus etapas no obligatorias: Infantil y Bachillerato, que hasta ahora no disfrutan de conciertos.
Consenso social
No es un simple plan financiero. El borrador de este acuerdo, que sería pionero en España, argumenta las razones por las que la red concertada necesita ahora más dinero y, a la vez, avala la política educativa del departamento en manos de Eusko Alkartasuna. El convenio señala que los principales objetivos que plantea el nuevo currículum, como la normalización lingüística, la autonomía de los centros o el tratamiento de la diversidad, exigirán «un notable esfuerzo» a los colegios. Apunta que los retos sólo se podrán conseguir si «se dispone de los medios adecuados». «El marco sobre el que se basa el actual modelo de financiación de los centros concertados de nuestro sistema educativo es insuficiente para afrontar las necesidades presentes y futuras a medio plazo», indica la propuesta. El «eje esencial» del acuerdo es, detalla el plan, que la financiación pública «cubra todas las necesidades reales de los colegios», una condición que consideran «imprescindible» para lograr las metas marcadas por el departamento.
¿Por qué ahora? Es el momento adecuado para dar este paso hacia la financiación plena, según los términos de la propuesta, por el «amplio consenso social» logrado en la enseñanza en Euskadi. «La implicación de los diversos agentes educativos, su respaldo al nuevo currículum y la convergencia de ideas en los fines fundamentan el acuerdo», indica el texto. Se dan por tanto las circunstancias que justifican ahora «un pacto social como éste».
El borrador de convenio establece mecanismos de control. Educación se compromete a «realizar todas las actuaciones precisas para garantizar la cobertura presupuestaria». Por su parte, los colegios e ikastolas adquieren un compromiso de «transparencia» en la utilización del dinero que les asigne el Ejecutivo, por lo que auditarán sus cuentas y presentarán sus resultados a las instituciones encargadas del control.
La iniciativa introduce también la obligación de los colegios de someterse a evaluaciones de los resultados conseguidos en función de los fondos recibidos. Esas pruebas medirán si alcanzan los objetivos del sistema educativo vasco referidos, en concreto, a la «euskaldunización, integración y tratamiento de las necesidades especiales y la inmigración, la calidad de enseñanza, la cohesión social y la equidad».
El Gobierno vasco y los centros de la red concertada crearán una comisión de seguimiento de este acuerdo. Este órgano estará formado por personas designadas por el Departamento de Educación, por las patronales de mayor peso en la enseñanza concertada -ikastolas y Kristau Eskola- y por las organizaciones sindicales mayoritarias.
Igualar con la pública
El pacto es muy goloso para la red privada. Supondría la equiparación de sueldos de los profesores con los docentes de la pública, una de las principales reivindicaciones del sector, y la incorporación de muchas de las mejoras laborales de las que disfrutan los funcionarios e interinos que dependen de la Administración.
El acuerdo permitiría también a los colegios concertados jugar en igualdad de condiciones con la escuela pública, que dispone de más medios. El Ejecutivo autónomo financiaría en la red privada, además de las tareas docentes, funciones de tutoría, orientación, innovación educativa, refuerzos lingüísticos, biblioteca y orientación pedagógica, entre otros; y establecería los ratios profesor-alumno ajustados a sus necesidades reales. Se trata de que el Gobierno vasco acepte la reclamación que hacen los colegios desde hace años: «a igual servicio, igual dinero».
