
Alertado por los supuestos fraudes denunciados en varios colegios vascos, el Departamento de Educación ensayó el curso pasado un proceso de «verificación» de los datos relativos al domicilio presentados a la hora de formalizar las matrículas. Por primera vez, los padres tuvieron que adjuntar su DNI al certificado de empadronamiento, dos documentos oficiales en los que, en circunstancias normales, el domicilio declarado debe coincidir.
Si era distinto, los centros debían comunicar esta circunstancia a los ayuntamientos para su «verificación». En algunas localidades, como Basauri -donde las sospechas alcanzaron una decena de casos en el periodo de prematriculación del curso pasado-, la Policía Municipal llegó a visitar los domicilios para ratificar dónde residían de forma efectiva las familias afectadas.
Con todo, el Ararteko recibió el pasado año 16 quejas ciudadanas relativas a la admisión de los niños en los colegios de la comunidad. Algunas se referían precisamente a este problema y estaban cursadas por padres cuyos hijos no obtuvieron plaza debido a que, a su juicio, se la habían arrebatado otros alumnos que habían hecho trampas en lo relativo al domicilio familiar. Por ellos, Lamarca apunta en su informe anual presentado ayer que el proceso de verificación «no ha tenido los resultados esperados».
La medida se ha oficializado también este curso con su inclusión en las instrucciones que regirán el proceso de matriculaciones iniciado ayer en Euskadi. Pero Educación parece querer ir más allá. Según explica el Ararteko, el Departamento de Tontxu Campos se plantea «un cambio más radical» de cara a próximos procesos de matriculación. En concreto, se sopesa la posibilidad de omitir la puntuación por el apartado de proximidad al centro -uno de los determinantes para adjudicar las plazas- en aquellas solicitudes en las que no concuerden los domicilios que figuran en el padrón y el DNI de los demandantes. «Se trata de asegurar así que no se haga valer este criterio prioritario de admisión salvo que conste, de manera concordante, la realidad de un único domicilio». Para la oficina del Defensor del Pueblo Vasco, «en nuestra opinión, esta nueva propuesta puede contribuir a atajar y poner freno a prácticas abusivas», aunque admite que «ninguna de estas cautelas supone un aval infalible para evitar casos» como los que se han conocido en los últimos procesos.
Escuelas infantiles
Los procedimientos de admisión de alumnos en cualquiera de las etapas de la enseñanza obligatoria es uno de los asuntos que más reclamaciones generan en las oficinas del Ararteko en lo que se refiere a materia educativa.
A lo largo de 2007, el Ombudsman vasco puso también la lupa sobre los criterios de acceso a las escuelas infantiles, de 0 a 3 años, un asunto que fue motivo de una de las dos recomendaciones de carácter general que emanaron de la oficina de Íñigo Lamarca a lo largo del pasado año. El titular de la defensoría reclamó, al igual que hizo ayer, la unificación de los requisitos de acceso en toda la red, que es muy diversa dados que tanto los Ayuntamientos como la Administración vasca y los centros de titularidad privada ofertan este tipo de niveles.
El informe anual del Ararteko pone varios ejemplos de la diversidad de criterios que se siguen en Euskadi. En los centros integrados en el consorcio Haurreskolak, por ejemplo, se exige un año de antigüedad en el padrón. En localidades como San Sebastián existe «una suerte de acceso directo» para los hijos de los empleados municipales. En otros casos, el Ararteko aprecia «una falta de consideración de determinadas situaciones familiares merecedoras de mayor atención».
Lamarca admitió que los modelos lingüísticos también han motivado varias quejas ante su oficina, en su mayoría por la eliminación de la línea de enseñanza en castellano.






