
De las 452 solicitudes, 63 no son competencia del obispado bilbaíno, dado que se refieren a personas de otras provincias, «por lo que las hemos enviado por correo certificado», señalaron las mujeres.
En 10 días, la Iglesia deberá darles una respuesta. De no recibirla, el colectivo feminista acudirá a la Agencia Española de Protección de Datos ante la que solicitará «la tutela efectiva de un derecho que nos reconoce la ley».
Entre los motivos para solicitar que su nombre no figure entre los que profesan la fe cristiana, la asamblea de mujeres esgrimió que «sus dogmas nos prohíben ejercer nuestra libertad sexual y la iglesia va contra las mujeres». Además, con esta medida esperan reducir el número de católicos en los recuentos oficiales y que eso contribuya a que el Estado destine menos dinero público al mantenimiento del clero, «que ataca a los homosexuales y condena el aborto y la eutanasia».






