
La dirigente de ANV Arantza Urkaregi y la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, comparecieron ayer en Bilbao con el presidente aeneuvista, Kepa Bereziartua, y el alcalde de Igorre, Galder Olibares, para expresar la solidaridad con sus tres compañeros imputados por el juez Baltasar Garzón por colaboración con ETA -Antxon Gómez, Alazne Arocena y el propio Bereziartua-. «No creemos en la Justicia española», dijeron los líderes al entender que está supeditada a las decisiones políticas del Ejecutivo socialista. Como ejemplo del «acoso» que afirman padecer nombraron las recientes citaciones judiciales contra EHAK y las detenciones de integrantes de Batasuna.
En este contexto, ANV planteó varios interrogantes al Gobierno: «¿Con quién vais a hablar de cara a la resolución del conflicto si ilegalizáis y encarceláis a los interlocutores? ¿Sois conscientes de que sin nuestra interlocución no es posible solucionar el conflicto? ¿Habéis valorado bien los pasos que estáis ejecutando?»
En el mismo saco incluyeron al «PNV de Urkullu» que, en su opinión, se está «aprovechando» y «quiere y promueve» la ilegalización de ANV porque cuenta en sus «perversos cálculos» con una izquierda abertzale débil. Acusaron a PSOE y PNV de tener «un interés común»: los socialistas, precisaron, quieren mantener una España «unida y grande», y los jeltzales, primar sus «cuotas de poder» y conservar sus «negocios». Con la campaña electoral en el horizonte y preguntandos sobre si su apelación a que los ciudadanos les elijan el 9 de marzo equivale a pedir el voto nulo en caso de que sean ilegalizados, reiteraron que la opción independentista es un voto «totalmente útil».






