El Gobierno central y el vasco se repartieron en un acuerdo histórico alcanzado en 2006 la gestión de las obras de la línea de alta velocidad en Euskadi, 172 kilómetros de vías que conectarán entre sí las tres capitales vascas y permitirán 'enganchar' al País Vasco con las redes ferroviarias de altas prestaciones españolas y europeas.
El convenio determinó que el Ministerio de Fomento -a través de su sociedad Adif- se haría cargo de la línea entre Vitoria y Bilbao, así como de los accesos a las capitales. El Gobierno vasco, por su parte, ejecutaría todo el ramal guipuzcoano. En este caso, el Ejecutivo autónomo contratará las obras con cargo a su presupuesto y recuperará después la inversión descontándola del cupo.
Fomento inició a finales de 2006 las obras de la línea ferroviaria en un pequeño tramo alavés comprendido entre las localidades de Arrazua Ubarrundia y Legutiano. En más de quince meses, sin embargo, las máquinas no han entrado en ningún otro punto de la red.
La complicada tramitación de las expropiaciones parece ser la causa de este retraso en Vizcaya, donde en total habrá que ocupar 1,2 millones de metros cuadrados para las vías y otros 327.000 de forma temporal mientras duren las obras. La situación comenzaba a ser llamativa en los tramos Mondragón-Elorrio y Abadiño-Durango, dos segmentos de 4,4 kilómetros de longitud cada uno cuyos trabajos de construcción fueron adjudicados por el consejo de Adif hace ya un año, el 26 de enero de 2007. Con posterioridad a esta decisión, el organismo público ha adjudicado las obras de otra decena de tramos en Vizcaya y Álava, donde las máquinas tampoco han entrado aún.
Alegaciones
Fomento tiene previsto tener resueltas para marzo las actas de ocupación de los terrenos afectados por la 'Y' de los tramos Mondragón-Elorrio y Abadiño-Durango, que afectan también a las localidades de Izurtza y Iurreta. Se trata de una zona de fuerte arraigo de la izquierda abertzale, que gobierna en todas estas localidades excepto en Durango y Iurreta (PNV) y Abadiño, donde lo hace una candidatura independiente contraria al TAV. El suelo necesario en esta zona supera los 425.000 metros cuadrados y su expropiación no ha sido un proceso sencillo. Desde septiembre, cuando se cerró el plazo de recepción de las alegaciones, han debido resolverse 2.148 recursos de ciudadanos, plataformas anti-TAV e instituciones locales, lo que ha demorado el inicio de los trabajos.
Fuentes oficiales indicaron que «apenas el 5%» de esas alegaciones se refieren a «cuestiones técnicas» planteadas por personas cuyas tierras se ven atravesadas por la línea ferroviaria. «Hay de todo -informaron fuentes conocedoras de los recursos-. Hay quien pide que le compremos toda la finca si la expropiación afecta a la mayoría del terreno. Otros no quieren vender», agregan.
El resto de los recursos, según Fomento, reclama la paralización del proyecto ferroviario con la batería de argumentos que han difundido las plataformas anti-TAV. Muchos son copias idénticas facilitadas por estos grupos a sus simpatizantes, unos documentos que entregaron por centenares en la Subdelegación del Gobierno en Bilbao este verano. Estas reclamaciones «han sido contestadas» de forma directa por esta misma institución, mientras que aquellas que hacían referencia a cuestiones concretas fueron trasladadas a los servicios técnicos de Adif, que en la actualidad ultiman su revisión.
Uno de los municipios afectados, Elorrio (ANV), anunció ayer que ha contratado a un ingeniero para supervisar el proyecto y las expropiaciones. También han reclamado una reunión a Adif para recibir «información detallada» sobre el trazado en esta localidad y en las vecinas de Atxondo y Abadiño.






