ÁLAVA
Los inspectores detectan fraudes en 300 pisos protegidos en Álava en sólo un año
El coordinador de los inspectores de VPO, Vicente Cortés, comprueba el nombre del propietario que aparece en el buzón. / IGOR AIZPURU
LOS DATOS
Los inspectores que revisan las viviendas de protección oficial pueden presentarse a cualquier hora y día de la semana. Antes de aventurarse a tocar el timbre, han constatado que las persianas del piso en cuestión están echadas de lunes a domingo, que el nombre del buzón no corresponde a su titular o que nadie ha retirado la propaganda de su interior.
Si el propietario no da señales de vida en ninguna de las «tres visitas» que los técnicos del Gobierno vasco están obligados a realizar en caso de que existan sospechas de «no ocupación», se abre un expediente de oficio. «A partir de ese momento -explica Vicente Cortés, coordinador del grupo de inspectores- se comprueba el padrón y, si las sospechas son sólidas, se solicitan al propietario los consumos de agua, luz y teléfono».
El procedimiento se repite día tras día desde que, en 2004, el Gobierno vasco declaró la guerra al fraude en la vivienda protegida. En el último año, estos 'detectives' de la VPO controlaron 3.130 viviendas en Álava. Y, pese a que la mayoría de los propietarios cumple, en una de cada diez -300- se detectaron usos fraudulentos. ¿Los más comunes? Pisos en desuso, alquileres irregulares -las casas de protección sólo pueden arrendarse en circunstancias concretas y a precios establecidos por la Administración- y la compra- venta sin el visto bueno institucional.
El grueso de estos controles se ha desarrollado en los dos últimos años. Entre 2006 y 2007, el departamento que dirige Javier Madrazo ha chequeado 24.650 viviendas, el 27% de ellas -6.655- en territorio alavés. En este tiempo, los inspectores se han encontrado de todo: una casa de citas a pleno rendimiento, un piso realquilado a inmigrantes por habitaciones, una peluquería no autorizada o una consulta dental.
Excusas vacías
Y ello sin contar con un buen puñado de domicilios tan vacíos como las excusas de sus propietarios. «Nos hemos topado con gente que argumenta no recordar cómo se llama, con otros que dicen ser primos del propietario y estar de paso o con personas que fingen no hablar castellano», expuso a EL CORREO Vicente Cortés.
No obstante, estas triquiñuelas no sirven para evadir el peso de la ley. Y es que, sólo en 2007, el Gobierno vasco impuso sanciones económicas por valor de 135.000 euros y consiguió recuperar 17 pisos en Álava. En uno de ellos, lo hizo vía expropiación, mientras que en el resto fueron los propios propietarios quienes, una vez descubierto el fraude, decidieron devolver su vivienda a la Administración.
Con todo, las inspecciones no sólo buscan sancionar, sino inculcar la idea de que la VPO tiene un carácter social. «De hecho -añade Cortés- en el caso de que, por ejemplo, el propietario tenga que marcharse un año fuera por cuestiones de trabajo también debe comunicarlo. De lo contrario, se tomará como una vivienda vacía que no está cumpliendo con el uso social para el que está pensada».
La picaresca, no hay duda, existe. Sin embargo, el coordinador de los 'detectives' de la VPO reniega de esa «percepción generalizada de que todo el mundo defrauda». «Las irregularidades que se detectan son pocas si se compara con todas las casas protegidas que hay, y con el gran número de inspecciones que se realizan», destaca.
En Álava, de hecho, se han 'peinado' todos los barrios y en conjunto, se estima que el 53% del censo de pisos de protección oficial de Euskadi ha recibido en al menos una ocasión a los investigadores. Y las previsiones apuntan que para el año 2009 el Gobierno vasco habrá sido capaz de controlartodo el parque de viviendas de este tipo en la comunidad autónoma, cifrado en 54.611. Durante el primer trimestre de este año se prevé, además, la constitución formal del servicio de inspección, que hasta ahora ha sido encargado a empresas externas.
Si el propietario no da señales de vida en ninguna de las «tres visitas» que los técnicos del Gobierno vasco están obligados a realizar en caso de que existan sospechas de «no ocupación», se abre un expediente de oficio. «A partir de ese momento -explica Vicente Cortés, coordinador del grupo de inspectores- se comprueba el padrón y, si las sospechas son sólidas, se solicitan al propietario los consumos de agua, luz y teléfono».
El procedimiento se repite día tras día desde que, en 2004, el Gobierno vasco declaró la guerra al fraude en la vivienda protegida. En el último año, estos 'detectives' de la VPO controlaron 3.130 viviendas en Álava. Y, pese a que la mayoría de los propietarios cumple, en una de cada diez -300- se detectaron usos fraudulentos. ¿Los más comunes? Pisos en desuso, alquileres irregulares -las casas de protección sólo pueden arrendarse en circunstancias concretas y a precios establecidos por la Administración- y la compra- venta sin el visto bueno institucional.
El grueso de estos controles se ha desarrollado en los dos últimos años. Entre 2006 y 2007, el departamento que dirige Javier Madrazo ha chequeado 24.650 viviendas, el 27% de ellas -6.655- en territorio alavés. En este tiempo, los inspectores se han encontrado de todo: una casa de citas a pleno rendimiento, un piso realquilado a inmigrantes por habitaciones, una peluquería no autorizada o una consulta dental.
Excusas vacías
Y ello sin contar con un buen puñado de domicilios tan vacíos como las excusas de sus propietarios. «Nos hemos topado con gente que argumenta no recordar cómo se llama, con otros que dicen ser primos del propietario y estar de paso o con personas que fingen no hablar castellano», expuso a EL CORREO Vicente Cortés.
No obstante, estas triquiñuelas no sirven para evadir el peso de la ley. Y es que, sólo en 2007, el Gobierno vasco impuso sanciones económicas por valor de 135.000 euros y consiguió recuperar 17 pisos en Álava. En uno de ellos, lo hizo vía expropiación, mientras que en el resto fueron los propios propietarios quienes, una vez descubierto el fraude, decidieron devolver su vivienda a la Administración.
Con todo, las inspecciones no sólo buscan sancionar, sino inculcar la idea de que la VPO tiene un carácter social. «De hecho -añade Cortés- en el caso de que, por ejemplo, el propietario tenga que marcharse un año fuera por cuestiones de trabajo también debe comunicarlo. De lo contrario, se tomará como una vivienda vacía que no está cumpliendo con el uso social para el que está pensada».
La picaresca, no hay duda, existe. Sin embargo, el coordinador de los 'detectives' de la VPO reniega de esa «percepción generalizada de que todo el mundo defrauda». «Las irregularidades que se detectan son pocas si se compara con todas las casas protegidas que hay, y con el gran número de inspecciones que se realizan», destaca.
En Álava, de hecho, se han 'peinado' todos los barrios y en conjunto, se estima que el 53% del censo de pisos de protección oficial de Euskadi ha recibido en al menos una ocasión a los investigadores. Y las previsiones apuntan que para el año 2009 el Gobierno vasco habrá sido capaz de controlartodo el parque de viviendas de este tipo en la comunidad autónoma, cifrado en 54.611. Durante el primer trimestre de este año se prevé, además, la constitución formal del servicio de inspección, que hasta ahora ha sido encargado a empresas externas.
