
OTRAS VALORACIONES
En el texto, el Gabinete Ibarretxe pone negro sobre blanco lo que califica de «sombras y dudas» en torno a las horas transcurridas entre el arresto y el ingreso de Portu en el hospital Donostia, a las cuatro de la madrugada, con una costilla fracturada, contusiones y un derrame pleural. Según subrayó su portavoz, Miren Azkarate, los hechos revisten «la suficiente gravedad» como para que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca explicaciones sobre lo ocurrido, a pesar de que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció públicamente el lunes y subrayó que los agentes del instituto armado se vieron obligados a reducir por la fuerza a los sospechosos, que habrían intentado huir.
No obstante, el Gobierno vasco puso en duda la «versión» del máximo responsable de la seguridad del Estado, si bien Azkarate no fue tan lejos como el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, que admitió abiertamente que «no se fía» del relato del ministro ni de la «práctica continua» de Interior, «que siempre niega la posibilidad de que se hayan podido cometer malos tratos o torturas». «Hay cosas que no cuadran», incidió el dirigente de EA. Por su parte, el socio minoritario, Ezker Batua, también dejó claro que las explicaciones de Rubalcaba no le resultan «convincentes».
Aunque, a preguntas de los periodistas, Azkarate subrayó que al Ejecutivo vasco no le corresponde juzgar la veracidad o no de lo referido por el ministro, lo cierto es que el comunicado es explícito al respecto. «Si es verdad que las graves lesiones se produjeron en el momento de la detención, se ha de explicar claramente por qué transcurrieron más de quince horas hasta su ingreso en un hospital», subraya el Gabinete Ibarretxe, que cuestiona también por qué no se informó antes de que se trataba de un arresto violento, por qué no se ingresó a Portu inmediatamente en un centro médico «para disipar cualquier duda» y «cómo es posible» que el detenido «pudiera participar con normalidad en el registro de su domicilio» si ya estaba herido.
El Gobierno vasco advirtió a los socialistas de que la violencia de ETA «no se combate achicando la democracia, sino con más transparencia» y les acusó de «mirar hacia otro lado» ante las denuncias de torturas y de obviar las recomendaciones de la ONU, el Consejo de Europa y Amnistía Internacional. El Ejecutivo de Vitoria -que recordó a Batasuna que «no tiene legitimidad para alzar la voz» ahora si no condena los atentados de ETA- rechazó asimismo instrumentos como la dispersión de presos etarras o la Ley de Partidos y aprovechó para insistir en que «ante estos hechos» es el momento de «fomentar la participación» de la sociedad.






